El empleo precario y los bajos salarios hacen que un importantísimo sector de la sociedad, casi el 50% de la misma, viva en situaciones de precariedad, es decir, en el riesgo de caer en la pobreza y la exclusión. No sólo por la pérdida del empleo de la propia persona o de otros miembros del entorno familiar, sino también por la aparición del fenómeno del “trabajador pobre”, por el cual los salarios obtenidos por el trabajo no bastan para rescatar a la familia del riesgo de pobreza.
Sin embargo, está siendo también en esta época en las que las grandes fortunas están creciendo como nunca desde hacía años. Ya hace un tiempo que recuperaron lo perdido con la crisis y ahora están engrosando sus cuentas a buen ritmo, además de estar aumentando el número de ricos, lo cual estaría muy bien, si no fuera porque este aumento del poder económico de las clases favorecidas se está logrando al mismo tiempo (si es que no es a costa) de la precarización de las clases medias, lo que significa una polarización de la sociedad entre ricos y pobres. Siendo este el posible inicio de futuros problemas sociales que la falta de clase media siempre ha dado lugar en cualquier sociedad.
En este contexto se engloba uno de los grandes debates nacionales pendientes, como es la reforma del sistema de pensiones. La gravedad de la crisis económica de la que está saliendo España ha profundizado y adelantado el problema latente, de fondo, que está empezando a crear el envejecimiento de la población en las pensiones de la Seguridad Social. La manifestación más clara de esta circunstancia es que desde 2012 el Fondo de Reserva de las pensiones ha disminuido en más de dos terceras partes. De modo que, en principio, sólo queda Fondo de Reserva para el abono de otras tres pagas extraordinarias. Es decir, hasta las Navidades de 2017. Más allá, como se indicaba en los antiguos mapas para señalar territorios no explorados, “hay dragones”.
La causa inmediata del problema es la destrucción de 3,5 millones de empleos durante la crisis y, con ello, el fuerte recorte de los ingresos por la caída de las cotizaciones sociales, además del aumento de las prestaciones por desempleo. Y aunque ahora el empleo se esté recuperando, las políticas de bonificaciones para fomentar esta recuperación y la precarización del empleo no logran conseguir el suficiente pulmón para estabilizar el gasto social. De este modo, el déficit de la Seguridad Social es de 15.000 millones anuales. Con una partida de pensiones que crece cada año a un ritmo del 3% y sin medidas que alivien este desvío.
Las medidas que se apuntan para tratar de aliviar el incierto futuro del sistema de pensiones se pueden esquematizar en los siguientes puntos:
La primera, la más viable para no tener que recortar las pensiones en el futuro, es hacer reformas estructurales que aumenten el empleo, disminuyan la tasa de paro, y hagan posible un incremento de los salarios. Este podría ser el camino emprendido por el Gobierno de Rajoy, pero con un fallo importante: los recortes llevados a cabo durante la crisis han afectado a los gastos en educación, formación e investigación tecnológica. Con lo que el único camino para fomentar la competitividad ha sido la devaluación de salarios, lo que empeora los ingresos por cotizaciones.
La segunda medida consistiría en llevar a cabo una reforma del sistema de pensiones que incluya la creación de un mecanismo de “cuenta nocional”: dentro del sistema público, el trabajador tendría una cuenta individual de cotización. En la jubilación, la prestación obtenida tendría relación directa con el esfuerzo contributivo. Los trabajadores que hubieran contribuido más, devengarían una pensión mayor. Este modelo permite introducir instrumentos de ajuste automático, una jubilación flexible y el equilibrio entre las contribuciones y las pensiones en relación a la esperanza de vida. Otro de las medidas a abordar es la subida de las bases de cotización eliminando los topes e igualando la cotización de la Seguridad Social a la cuantía real del salario.
En esta línea de mayor reparto del esfuerzo contributivo, se podrían eliminar las deducciones fiscales a los planes de pensiones privados. Suprimiendo además la actual posibilidad que tienen los trabajadores autónomos, hasta los 48 años, de cotizar a la Seguridad Social por la base mínima que, aplicando el tipo, se queda en 260 euros mensuales.
La tercera (y mi favorita) es aceptar la reducción de la pensión media sobre el salario medio y compensarla con más recursos procedentes de ahorro privado. Es decir, con planes privados de pensiones. El problema de esta medida es que, dada la progresiva devaluación de salarios y la cada vez mayor precariedad de buena parte de la sociedad, tan sólo el hecho de llegar a fin de mes es todo un reto para muchas familias. Por lo que las mismas no disponen de los recursos necesarios para alimentar un producto financiero que les pueda garantizar un nivel digno de vida en un futuro cuando no pueden garantizarlo en el presente.