Ahora que al fin se ha anunciado que Sacyr va a hacer entrega de la ampliación del canal de Panamá el próximo 31 de mayo (ojo a la proximidad de las elecciones y su posible uso partidista), y que envuelto en las felicitaciones y en los festejos poco a poco se irá digiriendo el tema de los sobrecostes en la construcción de tan faraonica obra, alguien debería aprovechar el momento de gloria para atar corto a nuestros políticos y que dejen de vender la Marca España.
Sacyr ganó la licitación por dos razones principales: por un lado presentó un proyecto claramente a la baja con un presupuesto de 2.830 millones de euros, 1.000 millones por debajo de su más directa competidora y 300 por debajo del importe base de licitación, lo que da a entender un grave error de cálculo en la propuesta o una maniobra calculada. Por otro lado, la decisión del gobierno de Zapatero de excluir a Panamá del listado de paraísos fiscales. El caso es que Sacyr ha estimado en 2.480 millones de euros los sobrecostes del canal de Panamá “derivados de diversos costes imprevistos surgidos en el proyecto” de los que espera recuperar 430 millones a añadir a los 352 ya recibidos, correspondientes a su participación en el conglomerado de empresas.
Pero otro proyecto que también está dando que hablar, y más que lo hará, es el que vino de las excelentes relaciones entre nuestro anterior Jefe de Estado y la Familia Real Saudí, la construcción de la línea de alta velocidad del tren La Meca-Medina. Y es que parece que los problemas de construcción de la misma y sus retrasos han originado el enfado de las autoridades Saudíes. Así lo ha indicado el ministro de Transporte saudí, y presidente de la Saudi Railways Organitation (SRO), organismo promotor del proyecto, Abdullah Al-Muqbel, el cual ha instado al consorcio a “completar la fase del proyecto que le corresponde lo antes posible” y a presentar en dos meses “un plan para solventar los retrasos” que acumula la obra, siendo además éste el último aviso antes de emprender las acciones necesarias para retirar al consorcio español del proyecto.
El consorcio que a finales de 2011 se hizo con uno de los mayores contratos logrados por España en el exterior, presupuestado en 6.736 millones, está integrado por doce empresas, las públicas Adif, Renfe e Ineco, y las privadas Cobra (ACS), Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa, Indra, OHL y Talgo, además de las saudíes Al Shoula y Al Rosan.
El proyecto comprende la construcción de las vías y los sistemas de comunicación, electrificación y seguridad de la línea de 450 kilómetros de longitud y su posterior explotación por parte de Renfe durante doce años de este corredor AVE que unirá las dos ciudades santas en dos horas y media. Por su parte Talgo se encargará de suministrar los trenes, unos 35 vehículos con capacidad para 450 viajeros.
Sin embargo, para las empresas españolas el problema tiene más aristas. Por un lado, Renfe, Adif e Ineco, que son las encargadas de la operación y del mantenimiento del servicio ferroviario, una vez la línea se ponga en marcha, se ha dado cuenta que hay importantes errores de cálculo en las estimaciones de viajeros que utilizarán la línea de alta velocidad y que quedarán muy lejos de llegar a los 60 millones de viajeros/año que se estimaron para calcular la viabilidad del proyecto. De hecho, en el escenario más optimista se alcanzarán los 42 millones de viajeros al año, un 30% menos, lo que provocará una pérdida esperada de unos 1.000 millones de euros. Por lo que ahora estas empresas están tratando de involucrar también en las pérdidas a las constructoras, las cuales se lavan las manos. Por otro lado, estas mismas empresas constructoras pretenden a su vez cargar otro muerto sobre las empresas explotadoras: alguna mente pensante ha descubierto que en el desierto suele haber mucha arena, y que ésta se acumula en las vías, lo cual conlleva importantes sobrecostes de mantenimiento, ya que por la parte constructiva no se ha encontrado ninguna solución al problema, salvo la construcción de un muro en los 40 km más conflictivos, que no servirá sino para ver cómo se acumula la arena hasta sobrepasarlo.
Mientras tanto el gobierno Saudí ya ha avisado que no pagará ni un euro de sobrecoste por la obra aunque ha aflojado un poco la tensión al conceder 14 meses más de plazo al proyecto, además de ponerse al día con los pagos. Pero nada más, ahora a disfrutar del espectáculo viendo cómo las empresas españolas se despellejan entre ellas. Prueba de ello es la reciente dimisión del consejero delegado del consorcio de empresas públicas y privadas españolas encargado del proyecto, Santiago Ruiz cuando aún falta por construir un 30% de la obra.