Mientras todos miramos de reojo a los coqueteos de Pedro Sánchez con Podemos y las reiteradas quejas del PP por no habérsele dado el apoyo necesario para iniciar siquiera la posible formación de una coalición de gobierno, nos llega, como a traición, si esperarlo siquiera, la noticia de que estamos incumpliendo el objetivo de déficit público en más de 10.000 millones de euros. Y eso que hasta hace nada el ejecutivo defendía que apenas habría desviación.
La Comisión Europea ya había dado un serio toque de atención, avisando de que la diferencia entre gastos e ingresos públicos no podría superar el 4,2% del PIB. Nosotros lo hemos superado, llegando hasta el 5,16%, lo que supondrá, además del tirón de orejas de Bruselas, que el siguiente gobierno, cuando se forme, que eso es algo que puede ir para largo, tendrá que comenzar su tarea con un duro ajuste presupuestario al estilo de el de 2012 y que supondrá, presumiblemente que afrontar una nueva subida de los impuestos que tan alegre y electoralmente había bajado el PP.
Las partidas culpables, principalmente dos: el gasto de las Comunidades Autónomas y el de la Seguridad Social. La primera de ellas es la favorita del ejecutivo, las Comunidades Autónomas han incumplido el objetivo marcado de déficit, y del 0,7% de tope en relación con el PIB se han ido al 1,66%, lo que, según el ministro Montoro, explica por sí solo el incumplimiento de los números presentados a Bruselas. Y dicho esto, señala a Cataluña y la Comunidad Valenciana como los principales responsables de la desviación del déficit autonómico y anuncia que este año se cumplirá a rajatabla la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con lo que se obligará a las comunidades a limitar su gasto. De hecho esta es una norma aprobada a finales de 2012 pero que, según el ministro, no se había aplicado en toda su extensión al principio por no dañar el crecimiento, y luego por lo mismo en un año tan electoral como el pasado. Al final, sólo tres comunidades, País Vasco, Galicia y Canarias, han cumplido el objetivo de déficit del 0,7% con lo que el cumplimiento del 0,3% de este año se antoja irrealizable, sobre todo cuando todas ellas reclaman un nuevo modelo de financiación autonómica que se debería haber aprobado en 2014.
La segunda partida, la de la Seguridad Social, ha tenido menos análisis por parte del ministro, a pesar de que el déficit ha sido del 1,26%, desde el 0,6% previsto. Sin embargo, lo cierto es que la destrucción de empleo, que sólo se ha frenado en los últimos tiempos, y la precarización del mismo, que parece que eso no hay quien lo frene, han dañado seriamente la capacidad de ingresos de la Seguridad Social, mientras que los gastos siguen disparados.
La papeleta la tendrá el gobierno entrante frente a Bruselas, y más si al final resulta ser el PP, ya que ellos fueron los que no solo se comprometieron a cumplir el objetivo de déficit, sino que además acusaron de partidista a la Comisión Europea (en concreto al comisario Pierre Moscovici, por ser socialista y francés) cuando ésta advirtió que no le cuadraban las cuentas. Por eso ya se apunta en Europa que España tendrá que pedir un año de gracia para alcanzar la meta del 3% de déficit, a cambio de lo cual se le pedirá el esfuerzo de un nuevo y penoso ajuste, con tutela de la Comisión y con recortes y reformas de obligado cumplimiento, sea cual sea el ejecutivo que al final se forme en nuestro país, ya que tendría que realizar casi 25.000 millones de ajuste para cuadrar el objetivo. La única esperanza, que el caso español no sea el único; de hecho Portugal e Italia también apuntan dificultades a los que hay que sumar a los países que ya han anunciado su incumplimiento debido a los gastos extras que les ha supuesto la amenaza del terrorismo islámico, como son Bélgica y Francia. Por otro lado, también es cierto que en Bruselas cada vez hay más voces que piden una relajación de las medidas de austeridad y que hablan de otra vía para acabar con la crisis. Pero aun así, aunque sólo sea por el hecho de contestar a esa política tan del PP de ir haciendo amigos por todas partes, ya se adivina que, a pesar de dar la bienvenida a las medidas anunciadas de control del gasto autonómico, eso quizás no sea suficiente.
Y así se añade una más a las cuestiones de difícil solución para el Gobierno entrante, a saber: el problema del empleo (sobre cómo crearlo a ser posible sin el apellido de precario), el problema de la balanza de pagos con el exterior (sobre cómo pagar una deuda superior a nuestro PIB) y el problema autonómico y su sistema de financiación (sobre cómo repartir un pastel y que todos queden contentos). La verdad es que ahora empiezo a entender por qué no presenta su candidatura al Rey.