Tiempos duros para Sacyr para sacar adelante la faraónica obra de la ampliación del Canal de Panamá. Eso sí, ya ha advertido que la falta de acuerdo sobre la ampliación de financiación del proyecto afectará inmediatamente a los 10.000 puestos de trabajo que las obras generan y que pueden ser varios los años que tarde en solucionarse el conflicto, hasta que la mediación de un arbitraje internacional de con una solución.

Tales amenazas no parecen haber surtido efecto sobre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que ha anunciado que “la obra se terminará en 2015 con o sin el grupo de Sacyr” y que ha comenzado contactos con la norteamericana Bechtel, que en su día fue una de las empresas que pujaron por la adjudicación de la obra. Esto con el respaldo de la administración Obama, que ya ha advertido de su deseo de que las obras se reanuden cuanto antes.

La situación en estos momentos no puede ser más preocupante para la constructora, después de haberse adjudicado la obra pujando escandalosamente a la baja (300 millones menos del precio de licitación y 1.000 por debajo de su inmediata competidora), la falta de tesorería, unido al agujero financiero que le causaría el abandono de las obras y, lo peor, perdería la imagen de constructora fiable para poder optar a cualquier otro compromiso internacional. Por el momento, la ACP ya se está encargando de que la fianza de 275 millones de euros del aval de la aseguradora Zurich (dinero vital para la continuidad de la obra), queden del lado panameño alegando que la paralización de las obras supone la anulación del contrato. Con lo cual, esta constructora podría verse abocada incluso a su desaparición. Por ahora, no se tiene tesorería ni para pagar las nóminas de los trabajadores del Canal; y al tiempo que se reclama una factura de 50 millones de dólares correspondiente a los trabajos realizados en diciembre y enero, se ofrece un pago compartido a la ACP de estos sobrecostes de 1.600 millones, hasta que un arbitraje internacional determine realmente la adjudicación de estos gastos.

Y es que no es un secreto que Sacyr pujó deliberadamente a la baja en este concurso. Al margen de las dificultades técnicas que una obra de estas características lleva aparejadas, unidas a los imprevistos (que a pesar de su nombre era previsible que aparecerían), la oferta, considerada por muchos como suicida, aunó un precio bajo con una mejor solución técnica que sus competidores. En aquellos años, con Luis de Rivero al frente de la empresa todavía, la consigna era conseguir la adjudicación como fuera. Para lo que viniera después ya se negociaría. Esta ha sido la política de la obra civil desde la España zapaterista, que aprovechando el “todo vale” de los modificados de obra, ha convertido a las constructoras españolas en expertas en sacar adelante proyectos deficitarios donde los modificados son precisamente el beneficio de la operación. El problema ha venido con las autoridades panameñas que, acostumbradas a trabajar con empresas norteamericanas, están resultando ser unas duras negociadoras a la hora de permitir ampliaciones presupuestarias.

Desde el entorno de Sacyr, sin embargo, siempre se ha defendido la oportunidad de la oferta. Según ellos, de lo que se trataba era no tanto de ganar dinero como de posicionar a Sacyr como referente en la construcción internacional. De hecho, lo que ahora se critica a la actual directiva es que no se siguiera la obra en primera fila como sin duda hubiera hecho su anterior presidente. Realmente, Luis de Rivero, constructor “oficial” de Zapatero, debe estar regocijándose desde su retiro de Sacyr, afirmando que “en estos concursos internacionales siempre hay grandes desviaciones” y que los problemas que ahora hay podrían haberse evitado con previsión y más seguimiento por parte de la cúpula de la empresa.

Estas declaraciones las hace alternando con las que también ha de hacer, esta vez forzado, por su aparente complicación con la trama Gürtel, donde se ha descubierto, en una documentación aportada por Suiza, que era el beneficiario de una cuenta en Belice. En este sentido será el juez Ruz el que determine la complicación de esta persona con Bárcenas, Correa y toda la comitiva de tan ilustres personajes.

Fue, sin duda, la capacidad de negociación de este controvertido empresario la que consiguió la adjudicación de la obra del canal. Ya no sólo por haber presentado la mejor oferta, sino también porque desde el Gobierno Zapatero se impulsó que la obra del Canal la realizase una empresa española, llegando incluso a eliminar de la lista de paraísos fiscales al país centroamericano en 2010. Es por eso que se habla de que no se permitirá, por parte del ejecutivo, que la obra quede inconclusa, insinuándose incluso la existencia de un aval del gobierno español para garantizar el fin de la obra. Esto explicaría la rapidez del ejecutivo en enviar a Panamá a la ministra de Fomento para salvaguardar la Marca España y abocaría al perjudicado contribuyente español a terminar pagando, por la vía que sea, el fin de la obra. Por el momento, aún siguen desde la página de la Marca España loando las maravillas de la obra de ingeniería de la controvertida empresa.