Por tercer año consecutivo, la zona del euro es el eslabón más débil en la economía mundial. En 2010, se centró la atención en las reacciones ante la crisis en la periferia de la zona del euro: Grecia, Portugal e Irlanda. En 2011, la crisis se trasladó al núcleo e Italia y España sintieron el calor y aumentaron las preocupaciones por la viabilidad de la propia zona del euro. La cuestión en 2012 es la de si esas tensiones se atenuarán o alcanzarán un nuevo clímax.

Una vez más, la crisis griega es el centro de atención y ejemplifica los fallos de Europa. Una vez más, hay que adoptar decisiones difíciles sobre la reestructuración de la deuda y la prestación de asistencia suplementaria a Atenas y una vez más los europeos han de aceptar que la situación es más grave de lo que pensaban.

Pero la profundidad de los males de Grecia no debe hacer olvidar que es una economía pequeña y en muchos sentidos un caso especial y extremo. Ningún otro país incumplió las normas como Grecia ni ha acumulado una carga de la deuda pública tan grande y ningún otro país de la UE combina en la misma medida un Estado disfuncional y una economía privada no competitiva.

La auténtica batalla se está riñendo en Italia y España. Las condiciones de endeudamiento de estos dos países se deterioraron en la segunda mitad de 2011. Los dos son tan grandes –pues representan el 17 por ciento y el 11 por ciento del PIB de la zona del euro, respectivamente–, que financiarlos mediante asistencia multilateral sería una carga excesiva de los recursos –si es que no los agotaba– de la zona del euro y del Fondo Monetario Internacional. Los dos han estrenado nuevos gobiernos reformistas y los dos están esforzándose por recuperar la competitividad, fomentar el crecimiento, restablecer la racionalidad fiscal y limpiar los balances de los bancos. Si lo consiguen, el euro sobrevivirá; si fracasan, no sobrevivirá, al menos en su forma actual.

Ésa es la razón por la que los debates a lo largo de los últimos meses han versado en gran medida, aunque implícitamente, sobre cómo apoyar el ajuste y las reformas en Italia y España. Las propuestas de permitir al Banco Central Europeo que intervenga más decisivamente en los mercados de bonos o de aumentar el tamaño del “cortafuegos” aprovechando el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) iban encaminadas a fijar un límite máximo de los tipos de interés pagados por Italia y España por sus emisiones de deuda.

De forma semejante, las propuestas de crear bonos comunes iban encaminadas a disipar las perspectivas de insolvencia garantizando que, llegado el caso, dichos países podrían endeudarse con la garantía de sus socios de la zona del euro. Todos los debates se formularon en términos generales, pero todo el mundo pensaba en los mismos países concretos.

Al parecer, no se va a aplicar con prontitud ninguna de dichas propuestas. El BCE ha comprado algunos bonos italianos y españoles y podría comprar más, pero ha dicho con claridad que no está dispuesto a comprometerse con un límite máximo para los tipos de interés a largo plazo. Se aumentará el tamaño del FEEF acelerando la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad permanente y permitiéndole que se superponga al FEEF, pero la capacidad de este último seguirá siendo de 500.000 millones de euros, aproximadamente, muy inferior al más de un billón de euros previsto por quienes abogan por aportar una potencia de fuego financiera en gran escala (la llamada “solución bazooka”).

Asimismo, los eurobonos han quedado descartados, al menos de momento. En su lugar, Europa va a aplicar un nuevo pacto fiscal para velar por que todos los países de la zona del euro aprueben y apliquen normas presupuestarias estrictas.

Esas opciones reflejan en parte preocupaciones pragmáticas: todos los planes de ingeniería financiera que se han propuesto para proteger a Italia y a España de unas condiciones de endeudamiento más graves presentan dificultades legales, políticas o de gestión idónea, pero también hay un principio en juego: se piensa (en particular en Alemania) que la protección contra la presión de los mercados no haría otra cosa que impedir el ajuste y las reformas.

De hecho, en la Europa septentrional se tiene la impresión de que sólo unas presiones muy estrictas brindan los incentivos necesarios para superar los obstáculos políticos y sociales contra los recortes del gasto público y la reforma de los mercados laborales. En el caso de la Europa meridional, sin dolor no se conseguirá nada. Una profunda recesión y un aumento muy pronunciado del desempleo pueden ser el precio de las mejoras duraderas de la productividad y la competitividad.

Ese razonamiento no carece de justificación. Poco después de que el BCE comenzara a comprar bonos italianos en el pasado mes de agosto, el gobierno del Primer Ministro Silvio Berlusconi dio marcha atrás en sus compromisos con la reforma de la fiscalidad. Pese a que después invirtió su posición, se consideró de forma generalizada que ese episodio era una prueba clara del efecto, en forma de riesgo moral, del apoyo del BCE. Hasta después de que el mercado de bonos se volviera de nuevo contra Berlusconi no se substituyó a éste último por el reformista Mario Monti.

Pero esa estrategia es un juego de gran riesgo. Los gobiernos pueden necesitar incentivos para actuar, pero también han de poder mostrar a sus ciudadanos que las reformas dan resultado. Si, después de unos trimestres de ajuste fiscal y reformas dolorosas, la producción es menor, el desempleo mayor y las perspectivas más tenebrosas, los gobiernos pueden perder sin tardanza el apoyo público y las reformas pueden quedar paralizadas, como hemos visto en Grecia. Los equipos reformistas pueden perder el poder y quedar substituidos por otros populistas.

Además, una situación de degradación macroeconómica y financiera aumenta la probabilidad de quiebras bancarias, con consecuencias inmediatas para la hacienda pública y la confianza económica.

Esos riesgos resultan agravados por la necesidad de reformas en varios países a la vez. De hecho, en el planteamiento actual hay una “falacia de la composición”: los países que necesitan ajustes importantes y mejoras de la competitividad abarcan todo el sur de Europa y Francia y en conjunto representan más de la mitad del PIB de la zona del euro. Es cierto que la competencia por la inversión es un incentivo para actuar, pero, si los países que apliquen reformas afrontan una adversa situación regional de estancamiento o de disminución de la demanda, la interdependencia macroeconómica y financiera puede volver esquivo el éxito.

Una cosa es creer que los gobiernos actúan sólo bajo presión y que las sociedades aceptan las reformas sólo si creen que no hay otra opción y otra muy distinta es creer que el ajuste y las reformas continuarán, si toda la Europa meridional lucha contra la recesión. Mantener a la Europa meridional en condiciones muy restringidas sería una estrategia más creíble, si fuera acompañada de un programa de crecimiento para toda la zona del euro, y en este momento no se ve un programa semejante por ningún lado.

Jean Pisani-Ferry es director de Bruegel, centro de estudios económicos internacionales, profesor de Economía en la Universidad París-Dauphine y miembro del Consejo de Análisis Económicos del Primer Ministro de Francia.

Copyright: Project Syndicate, 2012.

Traducido del inglés por Carlos Manzano.

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El prestigioso economista Robert Shiller cree que la crisis de deuda durará 10 años, según ha puesto de manifiesto en Davos. Por su parte, el nobel de Economía, Joseph Stiglitz, considera que eso es ser optimista. Ken Rogoff, profesor de economía en Harvard, piensa que Europa no está preparada para un default griego.

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