¿Empieza el principio del fin de las cajas de ahorros?

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La (re)reforma del sistema financiero, en realidad de las cajas de ahorros, afronta este jueves un trámite crucial: la convalidación parlamentaria del decreto-ley aprobado por el Gobierno. Y, coincidencia o no, también este día el Banco de España dará a conocer su veredicto sobre los ratios de core capital que cumplen –o incumplen- las entidades.

El desenlace no es fácil de pronosticar. Más allá de la bondad o no de la fórmula elegida por el Ejecutivo y el hecho de que autoenmiende la promulgada hace apenas ocho meses, el virus político-territorial ha inoculado lo que debería ser un mecanismo orientado a salvar el presente y asegurar el futuro de una parte relevante –nada menos que la mitad- del sistema financiero español. Hay que temer, por tanto, que intereses particulares de pequeña enjundia acaben determinando el sentido de más de un voto, a favor o en contra del decreto-ley.

Más importante que todo lo que ha integrado el debate hubiera sido determinar con rigor si toca afrontar problemas de solvencia, de rentabilidad o una mezcla de ambos a la vez. Pero parece haberse eludido, lo mismo que una discriminación clara entre entidades, tanto en función de sus opciones de futuro como diferenciando qué ha sido consecuencia del ciclo, cuándo el origen ha estado en incompetencia de los gestores o dónde se han producido conductas merecedoras de indagación y en su caso depuración penal.

Cueste lo que cueste al erario público –costará-, la transparencia no sólo es exigible, sino que ayudaría a encarar y entender lo que se va a hacer.
 
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