´Salvador Marín Consejero de Economía y Hacienda C.A.Región de Murcia,En esta legislatura habrá una nueva ley de función pública´


Muchos ayuntamientos están prácticamente en quiebra técnica, y en algunos, los empleados públicos están teniendo problemas para cobrar sus nóminas, ¿puede extenderse esta situación a otros ayuntamientos?

Tienen dificultades, al igual que todas las administraciones, las empresas o las familias, pero en la Región de Murcia se vienen poniendo las bases para afrontar los retos con los que se encuentran. La situación económica general nos indica, debido principalmente a la tardanza en tomar decisiones y reformas estructurales, que aún quedan años de necesaria e intensa gestión, a todos los niveles, que nos permita retornar cifras sostenibles de crecimiento económico. Una de las primeras cosas que hice como consejero de Economía y Hacienda fue reunirme con los alcaldes para compartir con ellos la situación real y que, por tanto, todos debían hacer un plan de reequilibrio, después llegará la parte reivindicativa, solicitando lo que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, como es una reforma integral de la Administración local.. Hemos puesto a su disposición las direcciones generales de Presupuestos y de Administración Local y la Agencia Regional de Recaudación y también les ayudamos para que lleguen a acuerdos con las entidades financieras y con los grandes proveedores.

Castilla La Mancha está en una situación peor de lo que se decía, incluso se ha dicho que las nóminas corrían peligro ¿el cobro de la nómina de los trabajadores de la Administración regional murciana puede correr peligro a medio plazo?

El pago de las nóminas de los funcionarios está, lo decimos una vez más, perfectamente priorizado y asegurada. Quien diga lo contrario miente de forma maliciosa y sin ningún sentido, perjudicando con esas afirmaciones totalmente gratuitas a muchos niveles, por ejemplo en la colocación de deuda, calificaciones crediticias, etc, pues nos hace perder tiempo y recursos, que se podrían dedicar a la búsqueda de eficiencia y eficacia, en demostrar algo que no es cierto.


Finalmente las competencias en Función Pública recaen en su departamento ¿es bueno que vuelva a Economía y Hacienda esta atribución?

Sí. Fue una decisión que adoptó el presidente regional buscando una mayor integración, basada en el proceso de simplificación administrativa que estamos abordando que tenderá hacia la administración electrónica, con el objetivo de en esta legislatura de lograr una mayor eficiencia y eficacia en el seguimiento del gasto y generando ahorro de tiempo y dinero, no sólo para la Comunidad Autónoma, sino para el conjunto de los ciudadanos, las pymes, los autónomos y los emprendedores.

Con los tiempos que corren, la negociación con los empleados públicos está ahora mismo muy tocada ¿Qué margen hay para la negociación?

Proseguirá la negociación con los empleados públicos sobre todas aquellas materias que versen sobre temas de interés general tanto para la ciudadanía en su conjunto como para asuntos propios de los empleados públicos. Siempre existe margen para la negociación y la Administración regional está convencida que los sindicatos harán gala en las negociaciones de su alto sentido de la responsabilidad; de su gran conocimiento del momento y del entorno socioeconómico en que nos movemos; y de la solidaridad necesaria con el resto de miembros de la sociedad que sufre los graves efectos de la crisis.
La recuperación del diálogo social es fundamental y desde el Gobierno regional, con el presidente a la cabeza, continuamos, como ha sido una norma de estos dieciséis años de Gobierno en la Región, trabajando para que así sea.

La privatización de algunos servicios está en el programa electoral del PP ¿se llevará a cabo alguna externalización de servicios?.

No me consta que exista ninguna apuesta por privatizar servicios en el programa electoral del PP. Lo que sí me consta es que tenemos que trabajar de una forma conjunta para dar a los ciudadanos el mejor servicio, aportando soluciones a sus demandas. Esa es nuestra máxima y lo que pide de nosotros el ciudadano.

La formación es una asignatura pendiente de la Administración Regional ¿Cuándo se tratará este tema con la suficiente profesionalidad?

El Gobierno regional es consciente de que la formación es un elemento clave para la mejora continua de los servicios públicos, a través del incremento en las capacidades y destrezas de sus empleados, por eso realiza una importante apuesta, para atender las necesidades formativas de los funcionarios públicos, dirigida a cubrir tres ámbitos: necesidades derivadas de la organización y del puesto de trabajo desempeñado, desarrollo profesional y personal del empleado y contribuir a la mejora de los servicios públicos que proporciona la Administración a sus ciudadanos. En ese sentido se orientan todos los cursos, seminarios y jornadas organizados por la Escuela de Administración Pública y otras instituciones, entidades y agentes sociales.
Todos los funcionarios de la Administración regional cuentan con una formación y capacitación adecuada, son nuestros principales activos, desde el primero hasta el último que se ha incorporado, con una gran formación, implicación y conocimientos, y precisamente por eso las nuevas necesidades de la sociedad en la que vivimos, la mejora de los servicios y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, hace que todos tengamos que estar pendientes y en un proceso continuo de reciclaje. Más que una asignatura pendiente, es un temario en continua evolución.

La última legislatura quedó pendiente la aprobación del futuro estatuto básico del empleado público de la Región de Murcia, a pesar del gran trabajo realizado por el equipo técnico que lo diseñó ¿Habrá en esta legislatura Estatuto para los empleados públicos?

Esta legislatura llevaremos a cabo un ambicioso programa de simplificación y modernización de los trámites administrativos y de la Administración regional. Los empleados públicos son pieza fundamental en este proceso. Aprovecharemos, en su justa medida, el trabajo realizado en años anteriores y una nueva Ley de la Función Pública que desarrolle y complemente lo establecido en la normativa básica del EBEP.
Todo trabajo que se realiza es siempre utilizado, sobre todo cuando tiene un beneficio social. Es algo que tendremos que adecuar y consensuar con todas las partes implicadas. No crea que ese trabajo ha quedado olvidado en un cajón.

¿Ser consejero de Economía y Hacienda en esta época es un reto o un marrón?

Dirigir el área de Economía y Hacienda del Gobierno de tu región es un gran honor y un reto apasionante. Me explico: para un economista de devoción y de profesión, y que precisamente en estos momentos el presidente que han elegido los ciudadanos de la Región de Murcia confíe en ti y en el equipo que tú eliges es siempre un gran honor y reconocimiento, y por tanto un reto apasionante, que en lo personal siempre le estaré agradecido y espero no defraudarle. Tenemos muchas cosas que hacer, muchas soluciones que aportar y, sobre todo, mucha ilusión y ganas de trabajar por los ciudadanos de esta Región, contribuyendo así, también, al desarrollo de España.

¿Habrá oferta de empleo público el año que viene, teniendo en cuenta la altísima temporalidad de la Administración regional?

Como le indicaba, lo prioritario es seguir dando al ciudadano el mejor servicio, continuar con el proceso de simplificación administrativa y reordenar los efectivos logrando una mayor eficiencia y eficacia en el trabajo. No es cuestión de esto sí o esto no. Es cuestión de gestión, eficiencia y eficacia así como apoyo a la economía productiva. En estas coordenadas son en las que nos vamos a mover.

Si pudiera hablar con cada uno de los más de cincuenta mil empleados públicos, ¿Qué les diría?

Lo primero, les agradecería el trabajo que realizan a diario y que es fundamental que empleen su conocimiento para hacer cada día de la Región de Murcia una región mejor. Una vez dicho esto, escucharía lo que me quieran decir, porque seguro, lo he comprobado personalmente en el tiempo que llevo formando parte del Gobierno regional, que tienen ideas muy útiles para mejorar el servicio al ciudadano.

Ya que la apuesta del PP por la gestión privada de la sanidad pública es clara, ¿Por qué no entra de una vez el capital privado en los nuevos hospitales de Cartagena y Mar Menor?

No creo que sea una apuesta del PP la gestión privada de la sanidad pública, eso es una falacia. Lo que sí le puedo decir es que la apuesta de este Gobierno regional es la gestión eficaz y eficiente y no creo que nadie esté en contra de ello. Dentro de estos principios, lo que si está claro es que es muy importante buscar fórmulas de gestión público-privada para impulsar proyectos estratégicos para el desarrollo de la economía productiva de la Región, como pueden ser el aeropuerto regional y su zona de desarrollo, Paramount, la Ciudad de la Industria Alimentaria, el impulso de servicios adicionales, etc.

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Portugal aumentará media hora la jornada laboral y elimina dos pagas extra a los funcionarios

El Gobierno de Pedro Passo Coelho pretende con esta medida paliar el déficit.

Los portugueses comienzan ya a notar las duras exigencias del rescate económico practicado del pasado mayo. El primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, del Partido Social Demócrata (PSD), ha anunciado algunas de las medidas que albergará el draconiano presupuesto de Portugal para el año que viene, encaminado a cumplir las condiciones de las instituciones internacionales que prestaron dinero este país para escapar de la bancarrota. Entre estas medidas, se cuenta la de suprimir las pagas extra de Navidad y de Verano del año que viene para todos aquellos funcionarios y empleados de empresas públicas que ganen más allá de 1.000 euros al mes. Los pensionistas que ganen más de esa suma también se quedarán sin esas pagas extra, según ha anunciado el primer ministro.



Portugal entera llevaba días suspensa, pendiente de la presentación de este presupuesto, el más duro de la historia de este país, según han asegurado algunos economistas portugueses. Además de la supresión de las pagas extra, el Gobierno permitirá a las empresas privadas que alarguen la jornada laboral de sus empleados a razón de media hora más al día. Asimismo, el Gobierno revisará el calendario de días festivos con la intención de aumentar las jornadas de trabajo a base de eliminar puentes o fiestas patronales.

El diario Público de Portugal también ha asegurado en su edición de hoy que el Gobierno portugués se plantea la posibilidad de cobrar peajes en algunas autovías vitales, como la que va desde Lisboa a Oporto.

El presupuesto se presentará en el Parlamento el lunes que viene y será aprobado, ya que el Partido Social Demócrata goza de mayoría absoluta tras las últimas elecciones.
Para Passos Coelho, estas exigentes medidas, que ya inciden en un país deprimido, "son la única solución" para cumplir con los compromisos adquiridos por Portugal tras el rescate financiero de mayo. "Nunca pensé que tendría que articular unas medidas tan severas. Comprendo la frustración de aquellos que miren hacia atrás y piensen cómo se han podido acumular tantos errores", ha dicho.
También se subirá el IVA. Passos Coelho no ha querido precisarlo, pero algunos medios portugueses ya avisan de que esta tasa se incrementará del 13% al 235 en el sector hotelero. Los dueños de restaurantes han avisado de que la medida significará una merma de sus ya escasos clientes y algunos han anunciado, si la tasa se incrementa, una huelga, esto es, un "día sin restaurantes" en Lisboa.

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¿Recortes a los funcionarios? ¿Eliminación de pagas extras?
Bueno, lo próximo será imponer lo mismo a todos los trabajadores de cualquier empresa que tenga problemas financieros. Así, lo estipulado en el contrato podrá modificarse si las circunstancias lo requieren ¿qué les parece?

Aunque pienso que los servicios públicos son mejorables (como todo), y que muchas administraciones, creadas por razones políticas, no son necesarias, tenemos que valorar a nuestros funcionarios. El que todos esos trabajadores tengan sus puestos fijos independientemente de quién esté en poder de nuestro estado es una garantía de imparcialidad que no tiene precio. Si por el contrario, esos servicios esenciales, como los que ofrecen los funcionarios, estuviesen sujetos a las normas cambiantes de los diferentes jefes o políticos, pondríamos el servicio en manos de, o bien los políticos, o bien de los famosos "mercados". Y seguramente en manos de ambos. Así llegaríamos a situaciones tan peligrosas como el que si tu médico te dice que hay que estirpar el riñón, dudásemos si es cierto o que el jefe de servicios se quiere ir de crucero con las primas.

Quiero decir que el que los funcionarios tengan los puestos fijos tiene mucha importancia para toda la ciudadanía. Mucha más de la que se pueda pensar en un principio.

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Sindicatos y políticos, contra el despido de funcionarios








(siguen las andanadas)



Segunda propuesta del presidente de la CEOE, Juan Rosell, en la semana; segundo chaparrón de críticas. Rosell había declarado el miércoles que en España sobraban funcionarios y que había que permitir su despido como en "el sector privado". Ayer sindicatos y políticos se lanzaron contra la idea de la patronal. "Excesivamente radical", dijeron en el PSOE. "Más destrucción de empleo", zanjó CC OO. "No tiene razón", desautorizó la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP.


En su respuesta, UGT optó por resaltar la temporalidad en el sector público (en torno al 24%). "Existe un discurso que intenta desprestigiar a los empleados públicos, afirmando que son muchos, trabajan poco, no son productivos y tienen un estatus privilegiado por contar con un empleo estable", denunció la central dirigida por Cándido Méndez.
El líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, destacó en su respuesta en RNE que la ratio de funcionarios por cada 1.000 habitantes solo supera la de Irlanda, Portugal y Grecia, los tres países ya rescatados financieramente por la UE y el FMI. Para el sindicato de funcionarios, CSI-CSIF, la propuesta de la CEOE "carece de fundamento" y no se centra en los verdaderos problemas para salir de la crisis.
La respuesta más serena llegó desde CiU, aunque también fue contundente. El portavoz en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida, rechazó la idea de que se pueda despedir a funcionarios porque legalmente no es posible. No obstante, el político catalán se mostró dispuesto a abrir un debate sobre el futuro de la función pública.

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La Administración busca bajas en el empleo interino y por obra y servicio
El ajuste del sector público deja en el aire 700.000 contratos eventuales

El sector público cuenta con 3,2 millones de trabajadores, de los cuales más de 700.000 tienen un contrato temporal. Este colectivo será el más susceptible de someterse a los recortes de personal que preparan las Administraciones para cumplir con las exigencias del objetivo de déficit.


(CINCODIAS).

R. Pascual - Madrid - 16/12/2011 - 07:00
Hace no muchos años, un empleo en la Administración era para toda la vida. Ya no. De hecho, un importante colectivo formado por 790.00 trabajadores del sector público tiene un contrato eventual, según los datos oficiales de la encuesta de población activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre del año. De ellos cerca de cien mil han perdido sus puestos de trabajo desde septiembre, según los registros de la Seguridad Social, fundamentalmente en las actividades sanitarias y educativas.
El resto (2,4 millones de empleados) tiene un contrato indefinido y en gran parte de los casos son personal laboral y funcionarios con difíciles condiciones de extinción de contrato, por no decir casi imposibles. Esos sí son aún empleos para toda la vida. De ahí que el grupo de trabajadores temporales del sector público son en estos momentos el colectivo más vulnerable de cara a los ajustes de empleo que preparan en ayuntamientos, consejerías, hospitales, colegios, ministerios y empresas públicas de toda España.
Los analistas calculan que para cumplir con el objetivo de déficit de 2012 (4,4%) se necesitará un ahorro presupuestario de unos 30.000 millones de euros. Ante esto solo hay una evidencia: hay que recortar gastos. Y, entre todas las partidas que podrá ajustar, el próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue claro dos días antes de ganar las elecciones y dijo: "Yo tengo un compromiso con los pensionistas pero no con los empleados públicos".
Respondía así a una pregunta sobre si pensaba congelar o volver a bajar el sueldo de los empleados públicos a los que se les aplica un recorte salarial del 5% de media desde mayo de 2010.
Así, de producirse este ajuste, se desconoce su magnitud, pero lo más seguro es que se recurra a dos medidas fundamentalmente: por un lado, la no renovación de contratos temporales a su término -lo que tiene una indemnización de nueve días por año trabajado a partir del 1 de enero de 2012- y a la eliminación total de la tasa de reposición (amortizar los puestos que se queden libres por jubilaciones), según distintos técnicos entendidos en la materia.
Atendiendo al mapa de la contratación en el sector público, el colectivo de temporales más numeroso lo forman los interinos (267.700), seguido por aquellos que tienen un contrato por obra y servicio (194.900). Estos últimos no tenían un límite de duración pero desde la reforma laboral de 2010 pueden durar un máximo de tres años. Así, todos estos contratos terminarán en los dos próximos años.
Pero si lo que se analiza es la duración de todos los contratos temporales para saber en cuáles se podría centrar el ajuste, se observa que uno de cada tres tiene menos de seis meses de duración, con lo que estos serían los más susceptibles de recortar por tener una indemnización menor.
En cualquier caso, el mayor indicio de que los gobernantes a cargo de todas las Administraciones optarán por recortar personal es que estos ajustes ya han comenzado de manera más intensa en los últimos meses. Así, el sindicato Comisiones Obreras alerta de que la última EPA aún reflejaba un incremento interanual del 1,4% en la ocupación del sector público, si bien muy inferior al del trimestre anterior, cuando crecía a un fuerte ritmo del 4,3%. Pero los indicadores de afiliación de octubre y noviembre indican que solo en Sanidad -donde el 54% del empleo es público- y en la rúbrica de Administración Pública y Seguridad Social se han destruido más de 100.000 empleos.

Mujer, treintañera y con contrato de seis meses

Los empleados públicos con contrato temporal tienen un perfil ligeramente distinto a aquellos que tienen una relación indefinida. El prototipo de los primeros es una mujer (hay casi medio millón de empleadas frente a 300.000 varones en esta circunstancia); con una edad comprendida entre los 30 y los 39 años (uno de cada tres está en esta franja); con un contrato de duración inferior a los seis meses y que trabaja en una administración territorial. En cuanto a los empleados públicos con una contrato indefinido, ya sean o no funcionarios de carrera, también son en su mayoría mujeres y pertenecen a una administración autonómica o local pero se tienen un perfil de edad más avanzado: más de la mitad tienen más de cuarenta años y 200.000 están próximos a la edad de jubilación o incluso la superan. La presencia de eventuales es más llamativa en el caso de algunos ayuntamientos, por ejemplo, de Extremadura donde la tasa de temporalidad supera el 50%, según datos barajados por fuentes sindicales.
La Administración pública estatal a la que ya solo pertenecen uno de cada cinco empleados públicos es la más blindada frente a los ajustes de personal es la Administración que se presenta más blindada a los despidos ya que, según el Registro Central de Personal, el 76% de sus trabajadores son funcionarios de carrera, por lo que los ajustes en estas plantías solo podrían hacerse no reponiendo las bajas.


La cifra

100.000 son los empleos públicos perdidos en los sectores de la Sanidad y la Administración Pública entre septiembre y noviembre por los ajustes de personal.

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Las Administraciones perderán cerca del 10% de sus trabajadores en tres años


Sector público
Más de 600.000 empleados públicos superan los 55 años de edad.

Carlos Molina - Madrid - 28/12/2011 - 07:00
El Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy trabaja a marchas forzadas para tratar de rebajar el coste que representa el sector público. En el tercer trimestre había 3,2 millones de funcionarios, de los que medio millón pertenecen a la Administración General del Estado. El pago de sus salarios supone un gasto anual de 27.000 millones de euros, a lo que habría que añadir el coste de los empleados públicos autonómicos y locales.
Para reducir el impacto que esa factura tiene en las cuentas públicas existen varias alternativas: rebaja de salarios, congelación o reducción de la oferta de empleo público o de la tasa de reposición. El sueldo de los empleados públicos bajó de media un 5% durante 2010 y se ha mantenido congelado durante este año. Este viernes, el Ejecutivo dará a conocer su decisión respecto a lo que sucederá el año que viene, aunque todo apunta a que permanecerán congelados. De este modo, la vía salarial no supondrá ningún ahorro. Este vendrá, aunque muy limitado, a través de la congelación de la oferta pública de empleo y de la supresión de la tasa de reposición, que tan solo se mantendrá para determinados colectivos, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Un ahorro sustancial podría obtenerse del gran número de funcionarios que se van a jubilar en los próximos años y cuyas plazas no van a ser cubiertas. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, correspondientes al tercer trimestre, hay más de 600.000 funcionarios cuya edad supera los 55 años. De ellos, una tercera parte (214.000) se encuentra en la franja de edad entre 60 y 64 años, por lo que la mayoría se jubilará en los próximos tres años. Si a esa cifra se le une los 100.000 funcionarios de clases pasivas con edades entre 50 y 59 años (estos se pueden prejubilar a los 60), el número de empleados que abandonará la función pública se eleva a 315.000. Si la tasa de reposición finalmente se mantiene prácticamente congelada y solo se cubren algunas plazas consideradas imprescindibles, el sector público perderá cerca de 300.000 efectivos en los próximos tres años, lo que supone casi el 10% del total.
Esa cifra podría ser aún mayor si finalmente se desarrolla el reglamento, incluido dentro de la reforma de las pensiones, para facilitar la prejubilación a los dos millones de funcionarios del régimen general. En la actualidad, tan solo pueden optar a la prejubilación las clases pasivas (maestros, policías, médicos y cuerpos generales de la Administración General del Estado), que pueden retirarse con 60 años, siempre y cuando hayan cotizado más de 35 años. El resto de empleados públicos del régimen general no pueden prejubilarse por ahora. Lo podrán hacer una vez que se desarrolle el reglamento incluido en la reforma de las pensiones. En el mismo se establece la posibilidad de abandonar la actividad laboral con un mínimo de 37,5 años de carrera de cotización y una penalización del 8% por cada año que se retire con anterioridad a los 65 años. Esta merma, sin embargo, hace pensar que pocos funcionarios optarán por esta vía para jubilarse de forma anticipada.
Fuentes cercanas al Ejecutivo no descartan poner en marcha una plan de prejubilaciones incentivadas en el sector público, tal y como intentó en 2005 el ministro socialista de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, con el fin de tratar de adelgazar la administración pública. Ese plan se planteó en la Mesa de la Función Pública, en la que están representados las distintas administraciones y los representantes de los trabajadores, pero no salió adelante por las profundas discrepancias con el entonces titular de Trabajo, Jesús Caldera. La propuesta consistía en incentivar la salida de hasta 25.000 funcionarios de la Administración General del Estado, con edades comprendidas entre 58 y 64 años. El principal objetivo era ahorrar el coste de la masa salarial de esos trabajadores, con largas carreras de cotización y elevados emolumentos.
Caldera se opuso al considerar muy elevado el coste del plan para el erario público (lo cifró en 3.500 millones de euros) y porque se trasladaba un mensaje contrario al que se estaba reclamando desde la UE, partidaria de incentivar la prolongación de la vida laboral con el fin de hacer sostenible el pago de las pensiones.
Sevilla rechazó los cálculos elaborados por los técnicos de Trabajo y aseguró que el coste sería mucho menor, puesto que, en el caso de la Administración General del Estado, solo afectaría a las clases pasivas, cuya pensión no se paga con cargo a la Seguridad Social. El principal desembolso se realizaría en el caso de los empleados públicos ligados a comunidades autónomas y ayuntamientos, en los que más de la mitad eran de clases pasivas y el resto era del régimen general, cuya indemnización debía ser financiada por todos los contribuyentes.

La jubilación anticipada en la función pública

¿Quién puede optar por la jubilación anticipada dentro de la Administración pública?
Esta opción solo está contemplada para los funcionarios de clases pasivas, que pueden prejubilarse a partir de los 60 años, siempre que hayan acumulado 35 años de servicio. En este régimen están incluidos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los funcionarios ligados a la enseñanza, los médicos y los cuerpos generales (aquellos que realizan funciones comunes en el ejercicio de una actividad administrativa). En total, suponen cerca de un millón de funcionarios. Según la última memoria de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), el colectivo más numeroso es el de los maestros, con 239.000 titulares, seguido de la Policía Nacional, con 72.473.
¿El resto de funcionarios no puede optar a retirarse de forma anticipada?
Por ahora no. La nueva ley de pensiones establece en un reglamento, aún por desarrollar, la posibilidad de que cualquier trabajador público del régimen general, que iniciara su vida laboral antes del 1 de enero de 1967 y que haya acumulado 37,5 años de carrera, pueda jubilarse de forma anticipada. El funcionario que opte por esa vía tendrá un coeficiente reductor del 8% por cada año que se retire antes de cumplir 65. Es el mismo sistema que se aplica a los trabajadores del sector privado.
¿Los nuevos funcionarios también se pueden beneficiar de las ventajas de las clases pasivas?
No. Desde el 1 de enero de 2011, ningún funcionario pasa a integrarse en las clases pasivas y queda inscrito dentr o del régimen general. Esa medida, anunciada a finales de 2010 por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, persigue poner coto a los privilegios de las clases pasivas, como las prejubilaciones o la titularidad de un seguro sanitario privado.
¿Qué aseguradoras prestan servicios a las clases pasivas?
En la actualidad tienen firmado concierto con la Administración pública Adeslas, Asisa, DKV Seguros Reunidos e Igualatorio Médico-Quirúrgico.

Lo que hacen otros países

Francia. Para cumplir con la reducción del déficit público, el Ejecutivo presidido por Nicolas Sarkozy reducirá en 30.000 personas la plantilla de funcionarios en 2012, mediante la no reposición en determinados colectivos. La mitad de las plazas que no se cubrirán corresponden al sector de la educación.
Italia. El sueldo de los empleados públicos se mantendrá congelado hasta 2013 y los que cobren más de 90.000 euros al año verán reducido su salario entre un 5% y un 10%. Al igual que en España, la tasa de reposición se ha eliminado, excepto para colectivos como policías, jueces o médicos.
Grecia. La intervención sobre Grecia ha provocado que la Administración sea sometida a una estricta dieta de adelgazamiento. Ningún contratado temporal verá renovado su contrato, la tasa de reposición se sitúa en el 10% y los salarios de los funcionarios se verán reducidos una media del 12%.

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El Gobierno eleva la jornada laboral de los funcionarios a 37,5 horas semanales y congela su sueldo

El Gobierno ha elevado la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales, se mantiene la congelación salarial y ha recortado la oferta pública de empleo al reducir a cero la tasa de reposición, salvo en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios básicos como la Sanidad y la Educación y el personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal.
Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en la que se han aprobado las primeras medidas para reducir el déficit al 4,4% en 2012 y cumplir así con el mandato de Bruselas, después de que haya anunciado que el déficit previsto para 2011 alcanzará el 8%.
De esta forma, el Ejecutivo ‘popular’ da continuidad a la medida aprobada por el Gobierno socialista, que en mayo de 2010 redujo en un 5% de media las retribuciones del personal del sector público y consolidó esta la rebaja en 2011 con la congelación de los salarios.
El Gobierno ha puesto en marcha esta medida al prorrogar el Presupuesto de 2011, que estará vigente durante el primer trimestre del año. En marzo, el nuevo Ejecutivo presentará las nuevas cuentas del 2012.


fuente.El Gobierno eleva la jornada laboral de los funcionarios a 37,5 horas semanales y congela su sueldo

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Los funcionarios de Madrid y Euskadi cobrarán menos si están de baja

Los Gobiernos autonómicos de Madrid y País Vasco son los primeros que han decidido recortar el gasto que destinan cada año a sufragar los salarios de los empleados públicos que se encuentran de baja por incapacidad temporal (IT). Se trata de reducir el abultado absentismo y acabar con las bajas reiteradas de corta duración.



Raquel Díaz Guijarro - Madrid - 25/01/2012 - 07:00
Hasta ahora, los trabajadores del sector público de la mayor parte de las comunidades autónomas percibían un complemento equivalente al 100% de su salario cuando se encontraban de baja por enfermedad común o accidente no laboral. Eran los Gobiernos autonómicos o la Seguridad Social (según sea el régimen al que pertenezcan) los encargados de retribuirles ese dinero. Pues bien, en Madrid desde el pasado 1 de enero y en el País Vasco desde la segunda semana de este mes este sistema ha cambiado. Ambas Administraciones admiten que la medida se enmarca en los planes de ajuste que han puesto en marcha para contener el déficit, pero también justifican que se debe a las elevadas cifras de absentismo que existen entre los empleados públicos.

Los números hablan por sí solos. El Ejecutivo vasco gastó el año pasado 50 millones de euros en pagar las bajas por incapacidad temporal. "En este cómputo no está sumado el coste de las sustituciones, solo se incluye el importe de pagar hasta ese 100% del salario de los trabajadores públicos de baja", explica a CincoDías Juan Carlos Ramos, viceconsejero de Justicia y Administración Pública. Así, en esta comunidad, que tiene una plantilla estable de 67.000 trabajadores, se contabilizaron el pasado ejercicio un total de 50.000 bajas, de las que 14.000, el 28%, fueron de corta duración y repetidas, las más difíciles de justificar. "No queremos penalizar la enfermedad, sino combatir la reiteración y el absentismo injustificado", añade el viceconsejero. En Euskadi, las autoridades cifran en el 7% el grado medio de absentismo de sus trabajadores, aunque en esta cifra solo están incluidas las ausencias por bajas, no se tienen en consideración el resto de permisos reconocidos por convenio (mudanza, matrimonio y otras licencias).

Nuevos complementos

Así, a partir de ahora, los empleados públicos vascos que se den de baja por enfermedad común o accidente no laboral cobrarán en función de nuevas normas. Se excluyen de estos recortes las bajas por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia, hospitalización, intervención quirúrgica y accidentes laborales.

En primer lugar, deberán aportar el parte médico desde el primer día de la baja y no a partir del cuarto como ocurría hasta ahora. Desde el primer día al tercer día de baja se abonará el 50% de las retribuciones cuando se trate de la primera baja del ejercicio, y el 40% en la segunda. Para bajas posteriores, el complemento será a partir del cuarto día, por lo que en los tres primeros los descuentos son sustanciales (de hasta un 40%). Desde el cuarto día hasta el vigésimo se abonará un complemento hasta alcanzar el 75% de las retribuciones. A partir del día 21 hasta el 44 se abonará el 85% y será a partir del día 45 cuando se abone el 100%. Con esto se pretende penalizar las bajas cortas y que cobren menos quienes más bajas cogen en el año.

En Madrid, por el contrario, no se discrimina entre aquellos que no suelen enfermar y quienes sí lo hacen. Para el personal laboral, el complemento se abonará a partir del cuarto día hasta el 20, pero solo será del 60% de la base reguladora y a partir de 21 días hasta el fin de la prestación será el 75%. Para los funcionarios la pérdida de complementos será efectiva a partir del tercer mes y un día, cuando cobrarán el 75%.

Las cifras

28 millones es el ahorro que quiere obtener Euskadi con este régimen de pago de las bajas. Entre 20 y 25 prevé ahorrar Madrid.
11,3% es el índice de absentismo que declara tener Madrid, casi el doble que en la empresa privada (6%).
180.000 trabajadores públicos tiene aproximadamente Madrid entre personal laboral y funcionarios.


Derecho a cuatro semanas de vacaciones

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictaminó ayer que los trabajadores en situación de baja médica justificada, ya sea a causa de enfermedad o de un accidente, conservan su derecho a cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas. El caso surge tras varias reclamaciones de empleados que se encontraban de baja por enfermedad y acudieron a sus respectivos tribunales para pedir el derecho a las vacaciones.
El Tribunal de Justicia señaló que "el derecho a vacaciones anuales retribuidas debe considerarse un principio del derecho social de la Unión de especial importancia, respecto al cual no pueden establecerse excepciones", informa Europa Press. Los Estados miembros pueden establecer las condiciones de ejercicio y aplicación del derecho a vacaciones anuales retribuidas, pero no pueden supeditar a ningún tipo de requisito la constitución de este derecho, agregó la sentencia.
Solo se pierde el derecho si el trabajador ha tenido verdaderamente la posibilidad de disfrutar de sus días de descanso. Por otra parte, el fallo confirmó que la normativa de la UE "no hace distinción alguna entre los trabajadores que durante el periodo de devengo de las vacaciones se ausentan del trabajo como consecuencia de una baja por enfermedad y aquellos otros que durante dicho periodo trabajan efectivamente".
La sentencia señaló que la legislación francesa no se ajusta al derecho comunitario puesto que supedita el derecho a vacaciones anuales a la existencia de un tiempo de trabajo efectivo mínimo de 10 días.

Compensación

La sentencia advierte que el trabajador debe obtener compensación económica por las vacaciones anuales no utilizadas. Esta resolución está basada en el caso de una trabajadora que en 2005 sufrió un accidente entre su domicilio y su lugar de trabajo.


Aumenta el número de altas voluntarias

No lleva ni un mes desde que ha entrado en vigor el nuevo régimen retributivo de la incapacidad temporal (IT) en Madrid y ya se registran los primeros resultados. Aunque sin cifras oficiales, sí se ha detectado que durante estas primeras semanas se ha disparado el número de trabajadores que ha solicitado el alta voluntaria. Los expertos ven en este hecho la prueba más evidente del elevado fraude que existe en la IT.
Algunos informes estiman que hasta un 20% del absentismo declarado es fraudulento, es decir que no se corresponde ni a enfermedades comunes ni a accidentes no laborales, lo que repercute negativamente en la productividad de la Administración y perjudica la imagen que tiene la ciudadanía de este colectivo. Por ello, tanto Madrid como el País Vasco se han comprometido a aumentar los controles. En Euskadi llegó incluso a plantearse a los sindicatos la posibilidad de pagar un plus a los trabajadores que no se cogieran nunca una baja, algo que fue descartado ante la ausencia de acuerdo.
Madrid ha renunciado a exigir parte médico desde el primer día, medida que sí aplica el País Vasco porque considera vital para acabar con el absentismo de uno a tres días, que hasta ahora no necesitaba de justificación alguna. "Son las dolencias leves que suelen coincidir con el fin de semana", recuerdan.

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El Govern recorta un 3% el sueldo de los funcionarios

El recorte afectará a los complementos y se aplicará en la paga extra de junio


La Generalitat ha concretado a los funcionarios el recorte que anunció en noviembre sobre el salario de los empleados de la función pública, según han explicado este viernes los sindicatos presentes en la Mesa General de la Función Pública tras reunirse con los representantes del Govern.



Se trata de una reducción del 3% anual que afectará a los complementos y que se aplicará íntegramente en la paga extra de junio, ya que la Generalitat no tiene competencias para rebajar el sueldo mensual de los funcionarios.

Los sindicatos calculan que la reducción real de los salarios de los empleados públicos será de al menos un 7%, sumando la eliminación de los complementos económicos que contempla la ley de acompañamiento de los presupuestos catalanes para 2012, pendiente de aprobar en el Parlament.

Auque la reducción salarial se llevará a cabo en la nómina del mes de junio como norma general, algunos colectivos, como los docentes y los funcionarios de prisiones, podrían aplicarla en otro momento del año, según han informado los tres sindicatos representados en la mesa general de la función publica, CCOO, UGT y IAC.
Algunos de los colectivos más afectados es el de los interinos, a quienes este 3% se sumará a la rebaja que ya se les aplica de jornada y sueldo de un 15%.

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