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Francia necesita implementar reformas para potenciar su débil crecimiento económico

Los últimos datos del mes de marzo reflejan que en base interanual el PIB de Francia ha crecido sólo un 0,836%, el menor nivel desde el año 2015, lo que evidencia el grave problema de estancamiento que sufre la segunda economía de la Eurozona. La última vez que Francia logró un crecimiento fuerte, por encima del 3%, se remonta al año 2000. Desde entonces, a pesar de las facilidades de crédito del BCE durante los primeros años del siglo XXI, Francia ha sido incapaz de conseguir una tasa de crecimiento interanual por encima del 3%.

El problema de estancamiento no es por coyuntural sino estructural, fruto de un modelo económico en que todo gira bajo el eje del estado dominante sobre los principales sectores de la economía, siendo también el principal accionista en muchas empresas.  Las cifras son más que evidentes, el gasto público de Francia es del 57% sobre el PIB, siendo el mayor estado entre los países de la OCDE, lo que deja a la iniciativa privada -intensamente regulada- un peso del 43% para aportar un dinamismo económico eficiente.

Los últimos informes de la Comisión Europea señalan que se espera que el crecimiento se mantenga moderado, ya que, el crecimiento potencial de Francia se ha erosionado desde la crisis financiera de 2008, hasta el 0,9%, una cifra que evidencia el claro estancamiento que vive.

Debido a esta situación de control público, se ha producido una fuerte disminución del factor total crecimiento de la productividad que ha sido de -0,5 puntos porcentuales (pp) -una cifra peor que Alemania (-0,3 pp.), Italia (-0,2 pp.) o bien España (+0,1 pp.)- que ha terminando hundiendo el potencial de crecimiento económico de Francia.

Hasta la fecha, . las revisiones del gasto público no han contribuido en mejorar significativamente la eficiencia del gasto público, necesaria para aliviar la carga fiscal y mejorar la eficiencia del resto de los agentes económicos.

Sin lugar a dudas, el gran reto de Macron es llevar a cabo profundas reformas estructurales de liberalización en la economía francesa para que el sector privado pueda incrementar los niveles de productividad y competitividad.

En este sentido, el sector público debe ir perdiendo relevancia en una país que la cuña fiscal es del 48,1%, y de ahí el peso de la contribución de los empleadores a la seguridad social sobre la cuña fiscal alcanza el 26,8%, la cifra más alta de los países de la OCDE.

Las medidas no pueden  aplazarse por mucho tiempo, pues el tiempo es crucial para darle un vuelco a una situación generalizada de  una débil competitividad y una elevada y creciente deuda pública (97% sobre PIB), en un contexto de bajo crecimiento de la productividad.

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