Según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el Gobierno ya ha dispuesto de 67.337 millones de euros del Fondo de Reserva desde 2.012. El peor momento tuvo lugar en 2.016, cuando el ejecutivo tuvo que disponer de 20.000 millones de la hucha de las pensiones.
Esta cifra, que tiene su origen en el déficit estructural que arrastra la Seguridad Social, hace que sólo resten 15.020 millones en la hucha, a pesar de las altas rentabilidades obtenidas por las inversiones realizadas con los fondos no dispuestos.
Es este déficit el que ha motivado la inclusión en el Proyecto de Presupuestos Generales para 2017 un crédito de hasta 10.000 millones con el que asegurar el pago de las pensiones. Con este préstamo, que habilitará a través de deuda emitida por el Tesoro Público, el Ejecutivo también evitará que el Fondo de Reserva se quede a cero. Tanto es así que, si se quisiera abonar las pagas extras de los funcionarios con este fondo, como ya se hizo con la extra de Navidad, ya no alcanzaría para la de verano: siendo como son unos 9.000 euros aproximadamente el montante de cada paga extra.
Pero además es que el gobierno de Rajoy no quiere ser el responsable de gastarse todo el Fondo de Reserva, a pesar de que ya han empezado a preparar el camino: como cuando Montoro asegura que el garante del pago de las pensiones no es el Fondo, sino la creación de empleo.
A anotar también que en las cuentas del Ministerio de Hacienda se deja sin aplicación el límite del 3% sobre el crédito inicial para pensiones en 2.017, por lo que, como viene ocurriendo desde el 2.012, el Gobierno podrá retirar del fondo la cantidad que quiera saltándose ese límite legal.
Sin embargo, no todo son malas noticias, este es el año en el que, previsiblemente los ingresos por cotizaciones sociales crecerán por encima del gasto en pensiones y la brecha comenzará a cerrarse, por primera vez desde el inicio de la crisis. Los altos niveles de ocupación que se están empezando a registrar están consiguiendo parar la tendencia, pero aún no eliminar el desequilibrio. De hecho, frente al déficit del año pasado de 18.000 millones de euros, este año se estima que “solo” va a ser de 16.000 millones, lo que podría suponer un cambio en la tendencia.
La razón del desfase es que, a la creación de empleo a cualquier costa que está defendiendo el Gobierno, hay que añadir el que este empleo sea de calidad, con unos sueldos que permitan unas cotizaciones adecuadas. Es decir, a la cantidad hay que sumar la calidad, esto es, que además de crear puestos de trabajo éstos deben ser a tiempo completo y con una buena remuneración para que sus cotizaciones sean altas. Sin embargo, esto choca de frente con la política de sueldos bajos que mantiene el Gobierno para fomentar, precisamente, la creación de empleo.
A esto, además se une el hecho de que haya cada vez más personas que pasan a ser pensionistas, por una mera cuestión de envejecimiento y de aumento de esperanza de vida. De hecho, el número de personas con derecho a recibir una pensión está creciendo a ritmos superiores del 1% anual. Además, estas personas acceden al sistema de pensiones normalmente habiendo aportado cotizaciones altas, lo que da lugar a pensiones elevadas. En concreto, y según los últimos datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), hay una diferencia de 735 millones de euros al mes de déficit entre lo que se ingresa por cotizaciones y lo que se gasta en prestaciones. Dando lugar además a una paradoja: trabajadores que difícilmente llegan a final de mes están sosteniendo con sus cotizaciones cada vez a más pensionistas con prestaciones más altas.
Evidentemente, esto tiene que ver con la sostenibilidad del sistema, ya que significa que el agujero de las pensiones sería el responsable de hasta el 1,4% del Producto Interior Bruto. La única solución por parte del Gobierno es alcanzar los 20 millones de ocupados en 2020. Con esta cifra, estima el Ejecutivo, el sistema sí será sostenible ya que la entrada de ingresos será superior a la salida.
Esta es, por tanto, un punto de fuerte tensión con el que el Gobierno ha de jugar: mantener salarios bajos y luchar contra el monstruo de las pensiones o arriesgarse a permitir una subida de salarios para que las cotizaciones alcancen y que el mayor coste salarial reste competitividad a la economía y se desmorone el invento de la recuperación económica. A falta de más ideas, la decisión es dura, pero el camino parece único.