Bien es sabido que entre el líder de Ciudadanos y el Sr. Rajoy nunca ha habido mucha química. Aunque por programa e ideología tienen más puntos en común entre sí que con el resto de las formaciones políticas, lo cierto es que hay dos grandes puntos de desavenencia entre los dos dirigentes. El primero es la propia personalidad de Rajoy, que parece no llevarse ni bien ni mal con nadie: un ente gris que parece evitar el contacto humano cada vez con más frecuencia; el segundo es el tema de la corrupción: el acorralamiento al que los casos descubiertos, y la certeza de que lo más grave aguarda todavía por ser descubierto y probado ante un tribunal, enturbia el pacto de investidura del líder Popular, conocedor como pocos del verdadero alcance que puede tener el descubrimiento de las nuevas tramas de corrupción.
Hay que recordar que el acuerdo entre ambos líderes ya nació a regañadientes por parte de Rajoy, que aceptó el documento con las seis condiciones de Ciudadanos porque era condición indispensable para conseguir la abstención del PSOE. Unos meses después y los aspectos más relevantes del documento -limitación de mandatos, supresión de aforados y comisión de investigación de la financiación B- están inéditos. Y así seguirán por lo que respecta al PP, que cuando se ha visto por fin en La Moncloa, ha obviado los compromisos adquiridos. “No se pueden llamar a engaño, ya les dijimos en su momento que algunas de las propuestas del documento tenían difícil encaje constitucional, como la limitación de mandatos y la supresión de los aforados”, responden los dirigentes del PP.
Ahora, la realidad judicial le ha vuelto a saltar a Rajoy en la cara. En medio del tira y afloja con el asunto del presidente de la Comunidad de Murcia y la decisión de Rajoy de seguir apoyando al investigado-imputado presidente, a pesar de los sucesivos toques de atención de su socio en la investidura, surgen dos temas nuevos que empañan todavía más la relación entre ambos. Por un lado, la llamada a declarar como testigo del Presidente del Gobierno en el caso Gürtel, algo inédito en la democracia, innecesario para muchos (entre ellos la propia fiscalía) y visto como un triunfo para otros muchos más. Por otro, un nuevo caso de corrupción en el PP madrileño, que salpica de los pies a la cabeza a la antigua reina del PP, Esperanza Aguirre que ayer se vio obligada a dimitir.
Esto no hace más que avivar el fuego de la tan necesaria regeneración política del Partido Popular. El hecho de que la gran mayoría de los antiguos altos cargos de la época dorada del PP (el periodo de Aznar) estén siendo ahora investigados porque, el que no malversó recibió sobresueldos de manera poco legal (incluido el propio Rajoy), se ve agravado por el hecho de que buena parte de los casos que se están destapando ahora ocurrieron acabada esa época. Sin ir más lejos los hechos descubiertos con la “Operación Lezo”.
Ignacio González desvió (presuntamente) fondos – entre 20 y 25 millones de euros – de la empresa pública Canal de Isabel II a paraísos fiscales, una parte de ellos fueron a engrosar la fortuna particular del mismo, ahora se determinará si hubo otra parte que revertió a financiar al Partido Popular. Lo que sí parece estar claro es la supuesta financiación del PP de Madrid a través de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid. En 2012 González pidió al entonces delegado de este organismo público, José Martínez Nicolás, un millón de euros para “sanear las cuentas del Partido Popular de Madrid”. Hay que tener en cuenta que en aquella época González era vicepresidente de la Comunidad, por lo que la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid dependía jerárquicamente de él. Este desvío de fondos se podría haber suministrado inflando contratos con Indra y Price Waterhouse Cooper, existiendo pruebas de que hubo un flujo de casi 700.000 euros desde Indra a varias empresas proveedoras del PP.
Así las cosas, mal pinta el panorama para la gobernabilidad. Por un lado, se antoja muy complicada la regeneración política, ya que, si el esquema corrupto tiene su origen en una forma de trabajo del propio partido, muchos serán los dirigentes que entiendan que no han hecho nada más fraudulento que seguir las directrices del mismo y que, por tanto, es al propio partido al que más le conviene protegerles. En cuanto a su enriquecimiento no es más que un pago a sus servicios. Con lo cual, seguiremos asistiendo a la guerra de trincheras y la política de “ni un paso atrás” en la lucha contra la corrupción, con el consiguiente y continuo desgaste político.
Por otro lado, habrá que estar muy pendientes del resultado de las elecciones del PSOE, ya que dependiendo del mismo pueden abrirse dos escenarios bien distintos:
Si gana Sánchez, su vuelta puede motivar un endurecimiento de la posición del PSOE en el Congreso: asistiríamos a un bloqueo sistemático de las medidas del PP que harían ingobernable la nación. Y no hay que olvidar que los plazos legales permiten a Rajoy convocar elecciones a partir del mes de mayo. La posibilidad de que Pedro Sánchez gane las primarias del PSOE abriría el escenario de un adelanto electoral.
Si ganase la Presidenta andaluza, Susana Díaz, la posibilidad que se abre podría ser peor aún. No hay que olvidar que el PSOE andaluz tiene su propio calvario con la justicia debido a la corrupción debido al caso ERE, en su mayor parte. Sería muy triste asistir a un intercambio de cromos entre las dos fuerzas políticas. Un acuerdo por el que ambos se comprometerían a no destapar los trapos sucios del otro que incluiría un pacto de gobernabilidad en lo que restase de legislatura con el fin de darle tiempo a uno de demostrar lo bien que lucha contra la crisis y al otro de reforzarse frente a Podemos. En ese escenario Ciudadanos ni está ni se le espera.