La avalancha de denuncias a Bankia por parte de los pequeños accionistas, presuntamente engañados por la información del folleto con el que la entidad salió a bolsa, está siendo imparable, sobre todo tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que establece que la información ofrecida por Bankia en su salida a bolsa contenía “graves inexactitudes”; lo cual facilita aún más si cabe la posibilidad de recuperar la inversión realizada más el interés legal generado desde la fecha de la compra de acciones.
Repasando un poco la historia, Bankia salió a Bolsa el 20 de julio de 2011, poniendo en el mercado un total de 824.572.253 nuevas acciones de dos euros de valor nominal, con una prima de emisión de 1,75 euros. El número de títulos asignados al tramo minorista y para empleados y administradores ascendió a 494,74 millones, esto es, el 60%. El 40% restante quedó para el tramo institucional. Así, los afectados ascienden a más de 347.000 clientes minoristas que acudieron a la salida a Bolsa (de los que se estima que puede haber 200.000 potenciales demandantes), a los que podrían sumarse todos aquellos que compraron acciones desde el debut bursátil hasta que en mayo de 2012 el presidente de la entidad, Goirigolzarri, destapó un agujero de casi 20.000 millones.
El primer caso fue una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de que daba la razón al demandante declarando “la anulabilidad del contrato” de compra de acciones que firmó el 11 de julio de 2011 debido a que se consideró “acreditado que la imagen que proyectó la demandada sobre su situación financiera no se correspondía con la realidad”; tanto el folleto de salida bolsa, como el informe pericial, así como las cuentas presentadas por la entidad del 2010, fueron como mínimo erróneos, si no falsos, siendo la prueba evidente el posterior rescate público de la entidad. El fallo condenó a la entidad a devolver los 6.000 euros invertidos, más los intereses legales generados desde entonces, y al pago de las costas procesales, a cambio de lo cual recibió, sin comisiones, los valores en cartera del demandante.
A día de hoy, el banco, que no hay que olvidar que es propiedad del Estado en un 64%, recibe 4.000 llamadas a juicios mensualmente, aunque se estima que sólo un 20% de los afectados ha interpuesto demanda a día de hoy. Aunque es cierto que Bankia ha recibido 76.346 demandas por importe de 829 millones de euros, lo que supone casi la mitad de los 1.800 millones de euros que el banco vendió. El resultado es que la entidad es condenada en el 95% de los casos a devolver el importe de las acciones que vendió más los intereses legales desde 2011 más los honorarios de la parte contraria. Solo por estos dos últimos conceptos, la factura estimada asciende a 500 millones de euros de una provisión de 1.800 millones, lo que supone que se van a quedar cortos en el mayor caso de demandas colectivas que se ha dado hasta ahora en España.
Con el fin de intentar poner un poco de orden, y quizás también de proteger los intereses de su mayor accionista, desde los departamentos legal y financiero de Bankia se trabaja en un cambio de estrategia para presentar al FROB cuanto antes y que podría traducirse en un sistema de arbitraje, al igual que ya se hizo con el tema de las preferentes. En aquel caso, la opción por el sistema de arbitraje excluía la vía judicial y ha dado la razón al cliente en el 59% de los casos y por el 35% del importe (frente al 86% de los casos ganados por los demandantes por la vía judicial). Este cambio de estrategia coincide con la opinión del Gobierno en funciones, que ya está trabajando en un sistema extrajudicial para frenar la sangría de recursos de la entidad, sobre todo porque el plazo para interponer demanda termina el 25 de mayo y, si hasta ahora ha sido una avalancha, lo de estos meses que restan podría ser un tsunami, gracias a la sentencia del Tribunal Supremo.
Lo que está claro es lo que ocurre con los ríos revueltos, y en la ruina de centenares de miles de inversores por la salida a Bolsa de Bankia, los abogados han encontrado el mayor caso de demandas colectivas en la historia de España, con cientos de millones a repartir en honorarios, de hecho, a raíz de la sentencia del Supremo, los despachos han triplicado el número de clientes. Y aunque son las grandes firmas de abogados las que se están llevando la parte del león, lo que les permite incluso campañas publicitarias en televisión, son muchos los bufetes y profesionales especializados en la defensa del consumidor que han visto multiplicar su facturación hasta por 20. Sobre todo teniendo en cuenta que la similitud de los casos hace que preparando una demanda de forma coherente, ya se pueden presentar todas las que sean necesarias, lo que significa una gran reducción de costes que unido al alto porcentaje de éxito lleva a negocio redondo.