La publicación en 2012 del estudio de pobreza energética llevado a cabo por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), supuso poner de manifiesto una realidad que ya venía ocurriendo desde hacía varios años: gran cantidad de hogares españoles estaban viéndose imposibilitados para hacer frente a los gastos de energía de sus hogares. Esto da lugar a inviernos en los que no se puede poner en marcha un sistema de calefacción, hogares en los que alumbrado o la cocción de los alimentos se ven seriamente comprometidos porque, simplemente el presupuesto del hogar no basta para hacer frente a los gastos de energía: electricidad y/o gas.
Fue a partir de aquí cuando se empezó a hablar en todos los medios de este aparentemente nuevo concepto de pobreza. Y fue en este estudio donde se llegó a conocer lo profundamente que había arraigado el problema en nuestro país desde el comienzo de la crisis.
No hace mucho, ante el buen recibimiento que tuvo este primer informe, se ha publicado el segundo (PDF). Los datos del 2012 (el anterior se hizo con datos del 2010), confirman el crecimiento de este fenómeno. Si bien los datos del primer informe señalaban que en el 2010 el porcentaje de hogares con gastos de energía desproporcionados era del 12% (cerca de 5 millones de personas) y que el porcentaje de hogares españoles incapaces de calentar su vivienda adecuadamente en invierno era del 8% (aproximadamente 3,5 millones de personas); los datos obtenidos en este segundo informe superan estas cifras. El porcentaje de hogares con gastos energéticos desproporcionados (más del 10% del presupuesto familiar) ascendió al 17%, es decir, más de 7 millones de personas; mientras que el porcentaje de hogares sin poder acceder a una calefacción adecuada llegó al 9%, 4 millones de personas.
Las consecuencias de la pobreza energética, según este estudio, son variadas. Enfermedades (agravadas por una nutrición a veces no tan completa como debería), exclusión social (con grave afectación sobre todo a los niños) y alrededor de 7000 muertos al año, sobre todo personas mayores. Evidentemente no todos mueren de frío, pero sí de causas relacionadas con el hecho de no poder mantener su vivienda a una temperatura saludable, como puede ser de afecciones pulmonares debidas a la aparición de humedades en la casa. Se estima que entre el 10 y el 40% de las muertes adicionales que se producen en los meses fríos pueden ser debidas a la pobreza energética.
Desde el Gobierno se está trabajando duramente para paliar este problema haciendo muy poco o nada. De hecho, a finales del año pasado fue denegada la petición de una “tregua invernal” por parte de todos los partidos de la oposición para impedir los cortes por impago durante los meses de frío. La respuesta del Gobierno fue que ya se estaba trabajando en ello fomentando la recuperación económica y el empleo, que ya existe la figura del Abono Social (el cual también da para mucho que hablar) y que los casos puntuales se podían resolver vía ayudas sociales de Ayuntamientos y Comunidades autónomas, para lo cual se han dotado algunos fondos dentro del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, que otorga fondos (escasos) para solucionar los problemas puntuales de impago de deudas energéticas.
El caso es que durante el 2012, según se deduce de los datos de las dos únicas compañías que publican estos números, casi un millón cuatrocientos mil usuarios de electricidad vieron suspendido su abastecimiento por impago de recibos. El 2013, la cifra mejoró un poco, infiriéndose, a partir de lo publicado una cifra que ronda 1,1 millones de usuarios.
En realidad, las únicas compañías que publican estos datos, buceando en sus respectivas memorias de sostenibilidad, son Endesa e Iberdrola, que copan el 80% del mercado nacional. En 2012, Endesa realizó 524.814 cortes de suministro a particulares, y 353.365 en 2013, en cuanto a Iberdrola, 588.120 cortes en el 2012, y 578.628 en 2013. Sabiendo que la suma de estas compañías representa en teoría el 80% de los cortes totales, obtenemos que en el 2012, se suspendió el suministro por impago a casi 1,4 millones de usuarios, y en el 2013 a 1,1 millones. Con la salvedad de que puedan existir usuarios a los que se les pudo cortar el suministro varias veces a lo largo del año. Gas Natural Fenosa, HC Energía y EDP ni siquiera ofrecen este dato.
Según el Gobierno, avalado por la última EPA, la situación en España ha mejorado. Pero, aunque no lo parezca todavía, el invierno se acerca y la precariedad en la que muchos hogares viven provocará de nuevo otro colapso de los servicios que ofrecen entidades sociales como Cáritas y Cruz Roja, cuyos recursos son puestos a prueba con cada invierno desde el comienzo de la crisis.