Orgullo de un trabajo bien hecho debe quedarle en el cuerpo a la Ministra de Trabajo al comprobar que el plan de persecución al parado perceptor de ayuda se está ejecutando al pie de la letra. De hecho, el objetivo para este año es destapar el fraude a la Seguridad Social de este colectivo (no olvidarlo: ¡tan peligroso para nuestras arcas!) con lo que se pueden llegar a ahorrar hasta 2.100 millones de euros, sin contar con las sanciones que puedan llegar a imponerse. Ya que el desempleado sorprendido trabajando perderá inmediatamente la prestación que cobre y la empresa para la que preste sus servicios será ineludiblemente sancionada. El objetivo es quitar el 14% de las prestaciones concedidas: pero eso sí, que nadie piense que es una campaña de persecución al parado.
No se trata de la primera ocasión en medio de la crisis, de hecho, ya entre enero del 2012 y junio del 2013 se llevó a cabo una primera campaña por la que se retiraron distintas prestaciones a 520.572 personas, lo que supuso un ahorro de 3.100 millones sólo en prestaciones por desempleo. Ahora debe ser nuevamente tiempo de cosecha.
Es evidente que el fraude en este colectivo existe, y como tal debe ser perseguido, de hecho es inaceptable la actuación de individuos que, cobrando una prestación, desempeñan un trabajo que, por remuneración, les bastaría para cubrir sus necesidades dados de alta como trabajadores. Aún es más inaceptable la actuación de esas empresas que contratan trabajadores en negro con tal de engordar su propio beneficio.
Sin embargo, uno de los colectivos investigados está siendo el de los desempleados perceptores de subsidio (la famosa ayuda de 426 €), con los cuales se llega al absurdo del paroxismo recaudatorio: se les obliga a vivir de esta cantidad y de la caridad ajena, ya que se les aplica igualmente el artículo 221 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que no se les permite ningún trabajo por cuenta propia, aunque los ingresos sean mínimos y no estén obligados a darse de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, sólo se les permite el desempeño de un trabajo por cuenta ajena a media jornada y deduciendo la parte proporcional de sus ingresos a la prestación. En definitiva, y en palabras de un funcionario del INEM así como de un subinspector de trabajo consultados, el parado perceptor de la ayuda debe quedarse en el sofá de su casa hasta que le surja un trabajo o se muera de inanición, que para las estadísticas es lo mismo: un parado menos.
Evidentemente, ni la Ministra de Trabajo, ni la cuadrilla de funcionarios que le acompaña han tenido que enfrentarse nunca a un mes (siquiera febrero) con 426 € de ingresos, sin esperanzas, sin futuro y soportando día a día noticias de que estos mismos que te persiguen y amenazan con quitarte la ayuda, son los que tienen en sus filas a los implicados con Bárcenas, con Gürtel, los que rescatan a los bancos, a las empresas constructoras de autovías y los que permiten el enriquecimiento de especuladores, mientras que tu propia desgracia, y la de tu familia, perteneciente de lleno a la más pura economía real, permanece ya no en el olvido, sino en la persecución. Y es que, hasta no hace mucho, los fraudes en las prestaciones a la Seguridad Social, como es el caso del paro, se regulaban como si fuera una subvención normal, y la irregularidad tenía que alcanzar los 120.000 euros para ser considerada delito, ahora ya no importa la cuantía y se persigue desde el primer euro obtenido de forma irregular, independientemente de los ingresos y necesidades del afectado.
Y así, los servicios de inspección de la Seguridad Social están investigando a más de dos millones y medio de desempleados que aún reciben algún tipo de prestación (no olvidemos que casi dos millones no cobran ya nada, por lo que por ahora carece de interés su inspección, su vida o su muerte, llegado el caso).
Es por eso que me pregunto si no tienen otras ocupaciones para los inspectores de trabajo, por ejemplo se me ocurre que podrían ir a cualquier entidad bancaria por la tarde, donde encontrarán a los pocos de plantilla que han quedado tras los recortes, trabajando a destajo para cubrir la falta de mano de obra; ¿cobrarán horas extras? Es más ¿harán un exceso de horas extras de lo que reconoce su convenio?
Otra opción es, ahora que empieza la temporada turística, enviarlos a todos a las playas (seguro que no se quejan) a controlar a las empresas hoteleras, de restauración y de ocio. Donde se encontrarán irregularidades del tipo: contratación de trabajadores a media jornada para que realicen jornadas maratonianas (esta es la práctica favorita), estas horas extras rara vez se cotizan y, a veces, ni se pagan. Al fin y al cabo, a estos empresarios les da una enorme confianza el tener cajones llenos de currículums de gente que desearía trabajar casi a cualquier precio.