28 de octubre de 2010
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Escrito por Carlos Lopez el 28 de octubre de 2010 con 7 comentarios
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El magistrado responsable del Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, Pablo González-Carreró, que lleva el caso de Martinsa Fadesa, ha afirmado que la inmobiliaria saldrá de concurso de acreedores, “si todo va bien”, en el primer tercio de 2011.
En declaraciones a Europa Press tras participar en el Encuentro Gallego de Profesionales del Derecho Concursal, organizado por el Consello Galego de Economistas, González-Carreró ha indicado que hay dos propuestas de convenio con los acreedores presentadas y “una de ellas parece ser que va a contar con las adhesiones” de los principales, que son las entidades financieras.
“Si eso es así, normalmente se aprobará”, ha apuntado. El plazo para la aprobación de la propuesta de la empresa para el pago de la deuda termina el 4 de enero. “Normalmente, si todo va bien, la fase procesal del concurso acabará en el primer tercio del próximo año”, ha explicado el magistrado.
En cualquier caso, ha destacado que en el proceso “puede haber montones de incidencias”, como demandas de oposición para que no se apruebe el convenio y que, además, estos concursos “generan mucha litigiosidad interna”, dado que los compradores de viviendas también “intentan resolver su problema particular”.
Hay casos de personas que hicieron pagos de viviendas que “a lo mejor no se van a construir” o particulares que han aportado suelo y “no saben si van a cobrar”, ha indicado y ha resumido que, en los concursos de acreedores de empresas inmobiliarias y constructoras “hay muchos pleitos dentro de un mismo pleito”, que se resolverán con la propia resolución del concurso. “Ahí sí que tenemos todavía un buen atasco”, ha admitido.
En este sentido, ha apuntado también que algunos de los compradores se encuentran ahora con que aceptaron precios de hace tres años y, por lo tanto, “caros” y sin embargo no tienen acceso a créditos por encontrarse en paro. “La situación es muy tensa y es normal. La legislación concursal no trata demasiado bien a estas personas porque de alguna manera les obliga a mantener esos contratos”, ha explicado.
JUZGADOS “ATASCADOS”.
En relación con el incremento en el número de concursos de acreedores presentados con la crisis, González-Carreró ha asegurado a Europa Press que “todos los juzgados están atascados” porque “nadie podía prever” la magnitud de la crisis. “Las estructuras judiciales no pueden adaptarse rápidamente a cada cambio en la coyuntura económica y se ha producido un atasco muy importante”, ha argumentado.
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El secretario de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Francisco de la Torre, ha asegurado que hay alrededor de 6.000 millones de euros en concepto de deudas tributarias parados en estos momentos en los tribunales penales.
Durante el XX Congreso del IHE, que este año se centra en la reforma penal en materia tributaria, De la Torre ha explicado que los Tribunales de Justicia y el sistema penal no pueden absorber todos los delitos fiscales que les remite la Agencia Tributaria, lo que hace que esta cantidad crezca año a año y esté actualmente rondando los 6.000 millones en cuotas e intereses, sin incluir sanciones.
A su parecer, esto ha ocurrido porque los evasores tendían a recurrir las decisiones judiciales hasta el final, lo que ha acabado provocando que algunos procesos se hayan prolongado mucho en el tiempo.
De la Torre ha resaltado la necesidad de hacer frente a esta situación al recordar que la cifra, que en octubre de 2006 se situaba en 4.678 millones, es superior al ahorro conseguido con las últimas medidas del Gobierno, como el recorte de los sueldos de los empleados públicos y la congelación de las pensiones.
Así, ha considerado “claramente positivo” el contenido de la reforma penal en lo que se refiere a la recaudación de cuotas de los presuntos defraudadores enviados a los tribunales penales, ya que, a partir de ahora, la Agencia Tributaria no sólo recaudará la cuantía dejada de ingresar y sus intereses, sino también las sanciones correspondientes.
Sin embargo, ha lamentado que la reforma, que entrará en vigor el próximo 23 de diciembre, se haya quedado incompleta al no acompañarse de una reforma de la Ley General Tributaria, lo que lleva a una descoordinación “absoluta” entre ambos textos legales y da lugar a una “gran inseguridad jurídica”.
Entre los cambios que hay que hacer en la Ley Tributaria, ha destacado la suspensión de los plazos de prescripción para que la Administración Tributaria liquide cuando las actuaciones se envían a delito fiscal, la previsión de un régimen transitorio para la ejecución de las sentencias firmes y la modificación de los preceptos del Reglamento del Régimen Sancionador Tributario, del Reglamento General de Recaudación y del Reglamento General de Inspección y Gestión.
“LUCES Y SOMBRAS” EN LA REFORMA PENAL.
En cuanto a la reforma penal, De la Torre ve “luces y sombras” en las modificaciones legales en su conjunto porque van “en la buena dirección”, pero se han quedado cortas en algunos aspectos que, a su parecer, eran subsanables.
Entre estos aspectos, ha destacado la elevación de la pena máxima por delito contra la Hacienda Pública a cinco años porque las penas que realmente se imponen son menores, y ha lamentado la falta de cambios en los plazos de prescripción, algo que se podría utilizar como elemento “disuasorio” para que los ciudadanos cumplan con el Fisco.
En este sentido, se ha mostrado partidario de elevar este plazo de prescripción y de, al menos, crear agravantes específicos en los que la pena máxima fuese superior a cinco años y que permitieran un mayor plazo de prescripción, como el uso de testaferros o paraísos fiscales. A su parecer, este tipo de medidas podrían garantizar, además, una mayor recuperación de las cantidades defraudadas.
RESPONSABILIDAD PENAL DIRECTA.
“Se lanzaría un mensaje adecuado (a la sociedad)”, ha señalado De la Torre quien, sin embargo, ha valorado positivamente el establecimiento de la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas, aunque cree que se habría avanzado más si se hubiese establecido como delito autónomo la creación o comercialización de productos o sistemas para la defraudación tributaria.
Según De la Torre, la línea que proponen los inspectores en este sentido es similar a la tipificación del delito de blanqueo de capitales, que se ha probado como un elemento esencial en la lucha contra la delincuencia económica.
Finalmente, el secretario del IHE ha destacado la necesidad de incrementar la conciencia fiscal en España, de actuar con mayor dureza y efectividad contra los casos más graves de insolidaridad en el reparto de las cargas públicas y de dotar de mayores medios materiales, humanos y presupuestarios tanto a la Administración Tributaria como a la Fiscalía y los tribunales de Justicia.
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El consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, ha afirmado que es difícil que crezca el crédito en España a la luz de la evolución decreciente del Producto Interior Bruto (PIB) y del progresivo desendeudamiento de familias y empresas, pero expresó su solidaridad con las iniciativas anunciadas por la ministra de Economía, Elena Salgado, para reactivarlo.
Durante la presentación de los resultados trimestrales de la entidad, Sáenz argumentó que el descenso del crédito “es un dato del paisaje que no tiene nada de particular” porque pasa en España y en todos los países en los que no crece la economía.
“La historia es eso, no está pasando nada distinto a lo que ha pasado en otros momentos de depresión económica o de no crecimiento del PIB”, dijo el consejero delegado del Santander, quien no obstante calificó de “fantástico” que el Gobierno emprenda iniciativas para reanimar el crédito, que es el negocio principal de las entidades financieras.
“Los primeros encantados de que creciera el crédito seríamos nosotros, pero lo vemos difícil en una coyuntura de no crecimiento y de desapalancamiento”, enfatizó Sáenz, si bien se declaró “encantado y solidario” con las ideas del Gobierno para impulsar los préstamos y recordó que el Santander es uno de los principales financiadores de las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda ha lanzado una advertencia a las entidades financieras asegurando que en este momento “se dan todos los requisitos” para que puedan atender la demanda de crédito de familias y empresas, una vez que los problemas de liquidez de los mercados financieros han desaparecido.
Salgado adelantó que el Ministerio de Economía solicitará a bancos y cajas, así como al Banco de España, que los datos que ofrecen sobre concesiones de créditos los den desagregados por importes para ver si efectivamente la mayor parte de los préstamos van a grandes empresas, dado que pymes y autónomos son lo que más dificultades tienen a la hora de acceder al crédito.
CREDITOS MÁS CAROS.
El consejero delegado del Santander rechazó de plano que el banco haya perdido cuota de mercado en los créditos al sector privado, aunque no descartó esta posibilidad en cuanto a los préstamos concedidos al sector público.
Sáenz consideró que deben recuperarse los márgenes y los precios de la actividad crediticia, argumento con el que desmontó la posibilidad de que el Santander vaya a emprender una campaña agresiva para ganar terreno en créditos tal y como hizo con los depósitos con el objetivo de atraer pasivo y clientes de otros competidores, y conservarlos.
“No es una actividad en la que vaya a haber guerra de precios, porque los costes de la financiación cada vez son mas altos. No vamos a iniciarla”, aseveró el consejero delegado, que también desechó la idea de que el sector financiero pueda convertirse en un obstáculo para la recuperación de la economía.
PENALIZACIÓN POR SER ESPAÑOL.
Al hilo de los costes de financiación mayorista y a la pregunta de si el mercado penaliza al Santander por ser un banco español, Sáenz dijo que los inversores identifican al grupo con el riesgo soberano de España, a pesar de que la zona aporta el 17% de los resultados globales, y que ninguna corporación tiene un ‘rating’ de calificación crediticia superior a la del propio país.
“Arrastra los ‘spreads’ y no nos beneficia. El mercado considera al Santander un banco español”, dijo el ejecutivo, si bien puntualizó que la entidad no se ha planteado cambiar su sede por razones de imagen porque no sería “realista y práctico” moverla fuera de España.
Sobre la fecha de salida de la crisis, Sáenz dijo no tener la bola de cristal y recalcó que la velocidad dependerá de las mejoras en competitividad y de la profundidad de las reformas adoptadas por el Gobierno que, a excepción de la de las pensiones, “ya están todas encima de la mesa”.
“Todos vemos al Gobierno comprometido y determinado a que las medidas funcionen”, enfatizó Sáenz. “Ahora hay que ejecutarlas, porque el año 2010 ya ha pasado y hay que pensar en el 2011″, indicó el consejero delegado.
A su parecer, el paro “no parece tener visos de cambio en 2011″, y es una variable que afecta a la morosidad, que seguirá creciendo “ligeramente” hasta mediados del próximo año, incremento que deberá acompasarse de un aumento de provisiones de entre seis y diez meses más.
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Las peticiones de subsidio por desempleo en EEUU durante la semana que concluyó el pasado 23 de octubre alcanzaron las 434.000 solicitudes, lo que supone su nivel más bajo desde principios de julio y un descenso de 21.000 peticiones sobre la semana anterior, cuando la cifra revisada se situó en las 455.000 peticiones, según los datos publicados por el Departamento de Empleo de EEUU.
La media móvil de las cuatro últimas semanas alcanzó las 453.250 peticiones de subsidio, lo que supone un descenso de 5.500 solicitudes respecto al dato revisado de la semana pasada de 458.750 peticiones.
Por otro lado, en la semana que concluyó el pasado 16 de octubre, 4.356.000 personas recibían algún tipo de protección frente al desempleo en Estados Unidos, lo que supone un descenso de 122.000 beneficiarios respecto a la semana anterior, cuando el dato revisado era de 4.478.000.
La media móvil de las cuatro últimas semanas de personas que recibían algún tipo de prestación descendió en 38.500 beneficiarios, hasta los 4.447.250, frente a las 4.485.750 personas de la cifra revisada de la semana anterior.
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El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, ha explicado que la Generalitat “en breve” va a emitir deuda por valor de 1.000 millones de euros al 4% de intereses que va a ser adquirida por CAM y Bancaja por un plazo de 18 meses.
Camps, en la rueda de prensa de presentación del presupuesto para 2011 tras su entrega en las Cortes Valencianas, ha explicado que esta emisión de deuda tendrá lugar “en breve” porque el consejo de administración de la CAM ya lo ha aprobado y el de Bancaja “tendrá que hacer lo mismo”.
En este sentido, ha recordado que la Comunidad de Madrid ha realizado una operación similar con la emisión de deuda por valor de 500 millones de euros que se quedó La Caixa y dos entidades de la entidad catalana.
Preguntado por si la Generalitat contempla otra emisión de deuda hasta final de año, el consejero ha señalado que “en principio” no lo tienen previsto porque “con este dinero conseguiríamos perfectamente financiar el gasto hasta final de año”. No obstante, “no se descarta que si se abren los mercados en diciembre, a lo mejor se pueda hacer una pequeña emisión”, ha apuntado.
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La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha asegurado que el ‘stock’ de vivienda nueva, que tapona la reactivación del sector inmobiliario, dejó de crecer en el primer semestre de este año y se reducirá en un 20% durante 2011.
La bolsa de viviendas nuevas sin vender se situó en los 688.044 inmuebles al cierre de 2009, tras un incremento interanual del 12,1%, según datos del Gobierno, con lo que la absorción prevista para el próximo año situaría este excedente en torno a las 550.000 viviendas.
Según explicó Salgado en un desayuno informativo organizado por ‘Cinco Días’, este estancamiento del ‘stock’ se debe a que la demanda, que ya “muestra síntomas de recuperación”, ha empezado a converger con la oferta de nuevos inmuebles.
En estas circunstancias, la vicepresidenta económica del Gobierno ha asegurado que “el ajuste del sector inmobiliario está ya muy avanzado”.
Sin embargo, Salgado rehusó manifestarse sobre si los precios de la vivienda deberían seguir bajando para ajustarse aún más a los salarios, como ha manifestado el ministro de Fomento, José Blanco, quien pronosticó una “pesada digestión” del ‘stock’.
La ministra de Economía y Hacienda ha celebrado así lo que supone la primera interrupción en el crecimiento sostenido del ‘stock’ de viviendas sin vender desde principios de 2006.
LOS PROMOTORES HABLAN DE BAJADAS.
Este tope en el crecimiento de la oferta embalsada de viviendas ya había sido previsto por los promotores, quienes han vaticinado en diversas ocasiones que el excedente ya no crecería más este año.
Según cifras que maneja la patronal de promotores y constructores de España (APCE), el ‘stock’ incluso habría empezado a descender en el primer semestre el año, pasando de las 686.143 al cierre de 2009 a las 685.195 en junio de este año, un 0,1% menos.
Además, los promotores matizan que hay que tener en cuenta que esta cifra incluye también las viviendas con certificado de fin de obra de rehabilitación y reforma, que suponen alrededor de un 10% del total.
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La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha acordado presentar ante el Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad sobre el decreto antidéficit en el que se recorta el salario de los empleados públicos.
En un auto conocido hoy, la Audiencia vuelve a expresar sus dudas sobre la constitucionalidad de esta medida por una posible vulneración del derecho de libertad sindical, de la negociación colectiva y del derecho de igualdad recogidos en la Carta Magna.
El pasado 7 de octubre, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó una providencia en la que ya manifestaba sus dudas acerca de la constitucionalidad de la redacción dada al artículo del decreto de medidas antidéficit que hacía referencia a la rebaja del sueldo de los funcionarios.
La Audiencia entendía que este artículo podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical y que su disposición adicional novena podría asimismo afectar al contenido esencial del derecho de igualdad al excluir del recorte salarial al personal laboral no directivo de entes públicos empresariales como Adif, Renfe y AENA.
Dicha providencia fue emitida por el Alto Tribunal en el marco de un conflicto colectivo planteado a instancias de los sindicatos CC.OO., UGT y SANTP contra el Ministerio de Economía y Hacienda, el Comité Intercentros de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre y la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios Espacio de Participación Sindical de la FNMT.
La Audiencia quiere que el TC se pronuncie sobre la constitucionalidad o no del recorte salarial a los funcionarios antes de decidir sobre el citado conflicto colectivo.
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