junio del 2010
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Los ministros de Economía de la eurozona recomendaron hoy a España y Portugal que preparen medidas de ajuste adicionales para 2011 y los años siguientes con el objetivo de garantizar la reducción del déficit y de la deuda que exige la UE y calmar a los mercados. La Comisión pidió a los dos países avances rápidos en la reforma del mercado laboral y del sistema de pensiones.
El Eurogrupo realizó hoy un examen preliminar de los nuevos planes de consolidación que se habían exigido a Madrid y a Lisboa para estabilizar el euro. En el caso de España, las medidas pretenden reducir el déficit un 0,5% adicional este año, lo que equivale a 5.000 millones de euros, y un 1% en 2011 (10.000 millones). Incluyen un recorte del 5% en el salario de los funcionarios desde el verano y una congelación de la mayoría de las pensiones, así como la supresión del cheque-bebé.
Tanto las iniciativas adoptadas por España como las que ha tomado Portugal son “significativas y audaces” y “contribuirán sin ninguna duda a estabilizar el nivel de deuda”, según explicó el primer ministro luxemburgués y presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker.
No obstante, los países de la eurozona coincidieron en que “será necesaria una consolidación adicional más allá de 2011, así como más progresos en las reformas estructurales” por parte de Madrid y Lisboa, resaltó Juncker.
“Los dos países se han comprometido a tomar acciones en este sentido. Los dos países están también trabajando en medidas adicionales, si son necesarias, para alcanzar los objetivos de déficit en 2011″, aseguró el presidente del Eurogrupo.
Por su parte, el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, explicó que los nuevos objetivos de déficit que se han fijado España y Portugal son “adecuados” y elogió “el compromiso de los dos Gobiernos de hacer todo lo necesario para adoptar medidas suficientes para lograr estos objetivos”.
También destacó que los dos Gobiernos “han anunciado o anunciarán reformas estructurales sustanciales”. “Se necesita hacer más, y sólo puedo animar a los dos países a proseguir las reformas estructurales, por ejemplo en el mercado laboral y en los sistemas de pensiones, con la determinación audaz que se necesita en una situación muy sensible”.
El Ejecutivo comunitario se reserva su dictamen final sobre las medidas de ajuste españolas y portuguesas para el próximo 15 de junio, según explicó Rehn. Los ministros de Economía de la eurozona volverán a examinar la situación en España y Portugal durante su reunión de julio basándose en esta opinión de la Comisión.
Antes de entrar a la reunión, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, se había mostrado convencida de que el resto de países de la UE considerarían suficiente el plan de ajuste aprobado por España para reducir el déficit, y no reclamarían nuevas medidas de consolidación fiscal ni reformas estructurales más allá de la reforma laboral y la reestructuración de las cajas.
“Yo creo que todos los países han dado apoyo a las medidas que tomamos España y Portugal y espero que hoy también sea así”, dijo Salgado en declaraciones a la prensa a la entrada de la reunión del Eurogrupo.
Al ser preguntada por si creía que los socios comunitarios pedirían a España más reformas, Salgado destacó que “las reformas que tenemos en este momento sobre la mesa son reformas importantes”.
“La del mercado del trabajo, desde luego, pero también el final de la reforma del sector financiero, la reestructuración de las cajas de ahorros, así es que yo creo que con esas dos reformas estaremos bien”, dijo la vicepresidenta Económica.
Los ministros de Economía de la eurozona tenían previsto examinar las diferencias de competitividad entre España y Finlandia pero el debate se aplazó por falta de tiempo.
Escrito por Europa Press el 7 de junio de 2010 con 0 comentarios
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# 6, uuu
7 de Junio de 2010, a las 8:03
A partir de hoy los funcionarios de Eurostat economistas y estadísticos especializados en el análisis de las cuentas del Estado van a revisar si los datos enviados por Madrid a Bruselas son correctos. El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, en declaraciones al diario finés Helsingen Sanomat, advertía de que esperaba que España no hubiera cometido los errores de los funcionarios griegos que falsearon las cuentas nacionales de su país al enviarlas al Ejecutivo comunitario.
Quieren conocer desde el número de funcionarios de la administración central, al de asesores de que dispone el presidente del Gobierno. De cuántos coches oficiales disponen todas las comunidades autónomas, desde la de Madrid de Esperanza Aguirre a la Generalitat de Josep Montilla.
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Escrito por Carlos Lopez el 7 de junio de 2010 con 7 comentarios
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La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, desmintió hoy que el Gobierno esté preparando un plan de amnistía fiscal para repatriar dinero evadido al extranjero y dinero negro en España. Salgado destacó que el Ejecutivo ya ha puesto en marcha un plan “muy ambicioso” de lucha contra el fraude fiscal.
“No existe ningún plan parecido a eso, en absoluto”, aseguró Salgado al ser preguntada por una posible iniciativa del Gobierno para aflorar dinero negro sin sancionar a los defraudadores, obligándoles únicamente a suscribir deuda pública a precio inferior al de mercado.
La vicepresidenta económica resaltó que el Gobierno ha puesto en marcha “un plan muy ambicioso de lucha contra el fraude fiscal”, con una parte “sancionadora”, pero también una parte “preventiva” cuyo objetivo es “tratar de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales” a las grandes empresas y a todos los contribuyentes.
“Esa es una parte muy importante de la lucha contra el fraude”, subrayó Salgado. “Espero que el presidente de la Agencia Tributaria pueda comparecer en un plazo breve para decir cómo está yendo ese plan de prevención del fraude fiscal”, dijo.
El diario ‘El Mundo’ publica hoy que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha encargado a Salgado que elabore un plan de regularización fiscal que afectaría al dinero opaco colocado por contribuyentes españoles en el extranjero y al dinero negro generado en España con la economía sumergida, con el objetivo de financiar a coste más barato la deuda pública.
Escrito por Europa Press el 7 de junio de 2010 con 0 comentarios
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MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) –
Las compras con tarjeta alcanzaron un importe de 22.142 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un crecimiento del 6,34% respecto al mismo periodo de 2009, según datos del Banco de España recogidos por Europa Press.
El sector de los medios de pago ha comenzado el año con una fuerte recuperación, tras cerrar 2009 con una caída en el volumen de compras del 3,54%, el primer descenso de la serie histórica, que data del año 2002.
Este crecimiento del volumen se produjo no sólo por un aumento en el importe de las operaciones, sino también por el aumento del número de transacciones, que hasta marzo creció un 6,36%, con 502,27 millones.
A pesar del buen dato registrado durante los tres primeros meses del año, el importe y el volumen de operaciones suponen, en ambos casos, el 25% del total registrado durante todo el año 2009, con lo que de continuar así hasta el cierre de 2010, los volúmenes podrían ser similares a los del año pasado. Esta evolución supondría una contención en la caída de este medio de pago, aunque no registraría un importante crecimiento.
Por el contrario, el número de tarjetas descendió en el primer trimestre un 3,70%, con un total de 73 millones de unidades en circulación, de los que 43,56 millones son de crédito (-2,01%) y 29,45 millones de débito (-6,10%).
Asimismo, en número de cajeros descendió un 1,56%, hasta los 60,64 millones en toda España, mientras los terminales de punto de venta en comercios cayó un 0,27%, con 1,5 billones.
En cuanto a la retirada de efectivo a través de cajeros, las operaciones descendieron un 1,60% hasta marzo, con un total de 229,25 millones de transacciones, mientras que el volumen de las operaciones registró un leve ascenso del 0,09%, hasta los 25.943 millones de euros.
SE ELEVAN LAS COMISIONES.
Por su parte, los clientes que renovaron sus tarjetas en mayo pagaron de media un 5,38% más que hace un año por las de débito y un 3,23% por las de crédito, según los últimos datos del Banco de España.
La cuota media en mayo por la tarjeta de débito era de 16,84 euros, 0,86 euros más que hace un año, y la de crédito era de 33,48 euros, un 1,05 euros más que en mayo de 2009. En comparación con las tarifas que pagaron los clientes que renovaron sus tarjetas en abril, las tarjetas de débito se encarecieron en mayo un 0,58% y las de crédito un 0,26%.
Estas comisiones son las tasas que de media cobran las entidades a sus clientes al año, aunque las cifras varían en función de la entidad que se considere.
Escrito por Europa Press el 7 de junio de 2010 con 0 comentarios
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El colectivo de los técnicos de Hacienda (Gestha) se opuso hoy a una eventual incitativa del Gobierno de aplicar una amnistía fiscal con el objetivo de repatriar dinero evadido al extranjero y hacer aflorar el dinero ‘negro’ generado en España, según informó el sindicato en un comunicado.
Gestha consideró que esta medida no reducirá la economía sumergida y explicó que su aplicación provocaría un aumento de las responsabilidades de los técnicos para que puedan recaudar 38.000 millones de euros procedentes de la economía irregular para situar a España en la tasa sumergida media de la Unión Europea.
Además, el sindicato alertó de que una amnistía fiscal sería “discriminatoria” respecto a quienes sí han pagado sus impuestos y recordó que sólo las personas o sociedades investigadas por fraude fiscal llegan a suscribir la deuda.
Según los datos aportados por Gestha, en 2009 la economía sumergida de origen fiscal ha ido aumentando progresivamente desde 1985, momento en el que sumaba el 17,2% del PIB, hasta el 23,3% del PIB en que se situó en 2009.
El secretario general de Gestha, José María Molinero, explicó en declaraciones a Europa Press que durante la última década España “ha pasado por alto el control de la economía sumergida porque el dinero iba entrando”.
Molinero señaló que los 38.000 millones de euros que España ha dejado de ingresar anualmente por no controlar el fraude fiscal, 25.000 millones de euros correspondían a impuestos y los 13.000 restantes a cuotas a la seguridad social.
El secretario general de Gestha declaró que si España consigue que afloren estas cantidades, “situaría su nivel de economía sumergida en la media europea”.
Gestha recordó que tras la dimisión de Miguel Boyer en julio de 1987, fue nombrado como ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga, el cual en 1991 intentó aflorar el dinero negro mediante la suscripción de ‘deuda pública especial’ a bajo interés y cautiva durante seis años, plan que duró hasta el 28 de junio de 1997.
En dicho momento y ante la falta de suscriptores interesados, Hacienda elaboró un plan de inspecciones masivas para ‘vender’ la deuda. Los investigados tenían dos opciones, pagar las cuotas descubiertas, intereses y sanciones, o suscribir ‘deuda pública especial’ por el importe de las bases imponibles descubiertas.
El resultado fue que la inmensa mayoría de los investigados prefería suscribir deuda antes que pagar (salvo que pudiera compensar partidas negativas de años anteriores). Así, unos 80.000 investigados suscribieron deuda especial por 4.500 millones de euros, explicó el sindicato.
El Gobierno podría estar elaborando un plan de regularización fiscal con el objetivo de recaudar el dinero evadido y recuperar la economía sumergida para financiar la deuda pública a coste más barato y contribuir a la reducción del déficit, según publica hoy el diario ‘El Mundo’.
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LONDRES, 7 Jun. (EUROPA PRESS) –
El primer ministro británico, David Cameron, acusó hoy al gobierno de Gordon Brown de “negarse a publicar información” sobre los intereses que el país deberá pagar en los próximos cinco años por su deuda, y que, según los propios cálculos del anterior Ejecutivo, ascenderán a 70.000 millones de libras (84.700 millones de euros).
En un discurso centrado en la necesidad de reducir el déficit público, Cameron apuntó que esta es “una cantidad asombrosa”. “No me extraña que el anterior Gobierno rehusara publicar la información”, aseguró.
Asimismo, recalcó que el Reino Unido gasta más dinero actualmente en pagar intereses de deuda que en el funcionamiento de las escuelas del país. “Pero 70.000 millones de libros significa gastar más en intereses de deuda de lo que ahora dedicamos al funcionamiento de las escuelas, al cambio climático y al transporte en conjunto”, añadió.
En esta línea, destacó que esta cantidad supone también que de cada libra de impuestos que paga un ciudadano británico, diez centavos se dedicarán a hacer frente a estos intereses.
Por otra parte, el primer ministro británico reconoció que el problema de la economía del Reino Unido es “peor” de lo que pensaba y que las consecuencias del mismo son “más críticas” de lo que se temía.
Cameron señaló que el crecimiento económico del país en los últimos años se basó en aspectos que “no podían continuar para siempre” e insistió en que gran parte del déficit del país es “estructural” y ya existía antes del inicio de la crisis económica. “Es un problema anterior a la recesión, causado por el gasto gubernamental y unos planes que gastaban más de lo que se podría permitir”, explicó.
Así, criticó que el modelo económico de los laboristas era “insostenible”, ya que estaba basado en el boom de los servicios financieros, “que era en parte una ilusión”; en el auge de la inmigración, cuando “ya no es posible seguir trayendo más y más gente”; y en un elevado gasto gubernamental “que alguien al final tiene que pagar”.
En este sentido, subrayó que el problema ahora no es tanto el tamaño de la deuda del país, sino su naturaleza, y destacó que las causas de la actual situación están “profundamente ligadas” a los graves errores económicos de los últimos trece años. “Aquí es donde el total fracaso económico del anterior Gobierno se pone al descubierto”, afirmó.
Escrito por Europa Press el 7 de junio de 2010 con 1 comentario
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Casi 2,5 millones de empleados públicos están llamados a secundar mañana, 8 de junio, la huelga general que han convocado CC.OO., UGT y CSI-CSIF, y a la que se han ido sumando otras fuerzas sindicales, para protestar contra los recortes salariales incluidos por el Gobierno en su plan extraordinario para reducir el déficit público.
Coincidiendo con este paro general, los sindicatos han convocado para ese mismo día más de 60 actos por toda España en contra de la decisión del Ejecutivo de rebajar el sueldo a los funcionarios de todas las administraciones públicas entre un 0,56% y un 7% de media a partir de la nómina de este mes. El Gobierno espera ahorrar con esta medida más de 4.000 millones de euros hasta 2011.
Los sindicatos alegan que la rebaja salarial a los funcionarios, además de ser una agresión sin precedentes, vulnera un acuerdo en vigor que ya contemplaba un escenario de crisis. De hecho, a principios de 2010 los salarios de los empleados públicos se incrementaron sólo un 0,3%.
El enfado de los sindicatos por esta medida, que no descartan denunciar ante la Justicia, les llevó a convocar una huelga general en las administraciones públicas para mañana, que podría ser la antesala de la huelga general en toda España que planea en el horizonte si el Gobierno aprueba una reforma laboral lesiva para los trabajadores.
Este paro general en las administraciones públicas se acompañará de concentraciones, manifestaciones y asambleas en toda España, a las que en algunos casos se han sumado otros sindicatos de funcionarios.
En Madrid, convocados por CC.OO. y UGT y otros sindicatos, se celebrará una concentración frente al Ministerio de Economía a las 11.30 horas y una manifestación entre la Plaza de la Cibeles y la calle de Alcalá a las 18.30 horas.
USO, por su parte, celebrará mañana, entre las 10.00 y las 11.00 horas. una concentración también ante Economía que incluirá una ‘pitada-cacerolada’. Este acto se repetirá en todas las provincias en cada centro de trabajo de la Administración entre las 11.00 y las 12.00 horas.
La CGT, por su lado, realizó hoy un llamamiento a todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, y a los millones de parados, pensionistas y personas dependientes, para que se movilicen y participen en todas la manifestaciones organizadas para mañana con el objetivo de mostrar la solidaridad y unión de los trabajadores y clamar por la convocatoria de una huelga general en toda España que haga retirar al Gobierno sus medidas antisociales.
Según informaron a Europa Press en fuentes sindicales, los servicios mínimos ante la huelga de mañana ya han sido fijados y han sido negociados independientemente, es decir, cada administración y entidad pública afectada ha negociado los suyos propios con las centrales sindicales convocantes de este paro.
SEMANA DE MOVILIZACIONES SINDICALES.
Aunque la semana arranca con los empleados públicos en pie de guerra, otros colectivos de trabajadores también se movilizarán estos días, convocados por los sindicatos, por distintos motivos.
Así, CC.OO., CGT, CSI y Sindicato Libre han convocado una huelga en Correos para el próximo jueves en defensa de la prestación del servicio postal universal y su financiación “íntegra” por parte del Estado.
En opinión de las centrales, que dicen representar al 75% de los trabajadores de Correos, el anteproyecto de Ley Postal aprobado por el Gobierno es una norma “muy liberalizadora, que no incluye financiación ni plan estratégico de futuro para Correos, y da cobertura a su reestructuración y a la pérdida masiva de empleo”.
Además, los trabajadores de grandes superficies, convocados por UGT y CC.OO., se concentrarán el miércoles frente al centro comercial Parquesur para protestar por las “agresiones” que el convenio colectivo ha ocasionado sobre el sector.
Se trata de la segunda “gran concentración protesta” de los empleados de grandes almacenes después de que el pasado 12 de mayo manifestaran su rechazo al convenio ante la sede de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged).
Escrito por Europa Press el 7 de junio de 2010 con 1 comentario
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El Gobierno alemán planea en el marco de su plan de ajuste, que pretende reducir el déficit presupuestario en 10.000 millones anuales hasta 2014, un drástico recorte del gasto mediante la reducción de unos 10.000 funcionarios, así como una bajada salarial del 2,5% de media al resto de empleados públicos, mientras que desde el lado de los ingresos el Ejecutivo de Angela Merkel estudia imponer un impuesto a la banca, así como a las centrales nucleraes, según un borrrador del plan al que tuvo acceso ‘Financial Times’.
El gabinete alemán discute desde ayer las medidas de ajuste que permitan reducir el actual desfase presupuestario de las finanzas públicas germanas de 70.000 millones de euros a un ritmo anual de 10.000 millones hasta 2014.
En este sentido, el documento confidencial elaborado por el Gobierno plantea dotar de mayor flexibilidad a la oficina federal de empleo a la hora de desembolsar fondos al transformar los beneficios por desempleo, actualmente garantizados por ley, en pagos sujetos a evaluación.
Este cambio, que los funcionarios calculan permitiría ahorrar 2.000 millones en el primer año de aplicación, iría de la mano de otros recortes en subsidios como los destinados a estimular la natalidad.
Asimismo, el Gobierno también habría solicitado al Ministerio de Defensa la elaboración de un plan para reducir en 40.000 efectivos el número de soldados profesionales del Ejército, frente a los 190.000 actuales.
Entre las medidas principales, el Ejecutivo alemán planea congelar la paga extraordinaria de Navidad para los funcionarios públicos en 2011, lo que permitirá reducir un 2,5% los salarios de los empleados públicos, así como el recorte de 10.000 funcionarios hasta 2014, de una plantilla actual de 450.000 empleados públicos.
IMPUESTOS A LA BANCA Y A LAS NUCLEARES.
Desde la perspectiva de los ingresos, el borrador del plan de austeridad contempla introducir desde 2012 un impuesto a los bancos, con el ánimo de recuperar parte de los costes asociados al rescate del sector financiero.
De este modo, el Gobierno de Angela Merkel, mantiene su idea de aplicar algún tipo de tasa a los bancos ya sea con el respaldo internacional del G-20 o por su propia cuenta.
Además, el Ejecutivo espera recaudar unos 2.300 millones de euros a través de un nuevo impuesto a la industria nuclear, prácticamente el doble de lo previsto inicialmente en los planes del Gobierno para financiar las energías renovables.
Asimismo, el borrador apunta la intención del Ejecutivo de poner fin a las exenciones fiscales a los carburantes en relación con la reducción de emisiones.
Escrito por Europa Press el 7 de junio de 2010 con 0 comentarios
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