abril del 2010
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Las aerolíneas españolas “pisotean” los derechos de los pasajeros y están a la cola de la clasificación europea, según la encuesta de ‘Satisfacción con las compañías aéreas y aeropuertos’ presentada hoy por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha realizado un sondeo junto a cinco organizaciones de consumidores europeas a 10.111 pasajeros en Bélgica, Italia, Portugal y Francia, y ha recibido 1.730 respuestas en España.
La cola de la clasificación se encuentra “copada” por compañías del área mediterránea, incluyendo a “todas las españolas”, señala el trabajo. “Tenemos que descender hasta el puesto 64 (de las 84 compañías analizadas) para encontrar a la primera aerolínea española. Mas abajo, aún, el resto. Las 7 compañías aéreas españolas están entre las 15 peor valoradas”.
La Portavoz de OCU, Ileana Izverniceanu, destacó que esta encuesta se realizó mucho antes del problema que surgió con la nube de cenizas, y que aún sin ese inconveniente la valoración de las compañías aéreas españolas es “pésima”. “En vez de avanzar con una legislación para atender las necesidades de los pasajeros cada vez se violan más sus derechos y parece que las compañías gozan de total impunidad”, dijo.
Entre los problemas que se topan los pasajeros con las compañías es la falta de asistencia en caso de retraso (92%), cancelación de vuelo (89%) y pérdida de equipaje (87%). El folleto explicativo de los derechos del pasajero no se ofrece más que una vez de cada diez y muchas veces no se informa ni de palabra. Además, más de la mitad de las ocasiones el cliente no recibe la indemnización a la que tendría derecho, subraya el informe.
“DIFÍCIL SABER CUÁNTO SE VA A PAGAR”
Como otro “grave” problema que atenta contra el consumidor se menciona la forma de contratación del billete a través de las páginas web de las compañías, porque se hace “difícil” saber cuánto se va a pagar. “A los precios ganchos que lanzan algunas compañías posteriormente se van añadiendo cargos por servicios adicionales que hacen que en algunos casos los pasajeros no conozcan el precio final hasta estar sentados dentro del avión”.
Por su parte, el técnico de encuestas de OCU, Eduardo Martín Blasco, indicó que ‘low cost’ ha trasladado su filosofía al resto del mercado. “Hemos visto como las compañías de bandera, las compañías más grandes que antiguamente daban comida ahora ya no la dan y han empezado a cobrar por la segunda maleta”.
Asimismo, apuntó que la valoración de las compañías aéreas de bajo coste han descendido notablemente con relación a la última encuesta realizada en el 2006, donde el global del estudio también las valoró negativamente.
Sobre los aeropuertos se informó que los asiáticos (Singapur, Tokio y Hong Kong) están en los primeros puestos, así como sus respectivas compañías aéreas. Los europeos de Olso y Munich les siguen de cerca mientras que el aeropuerto de La Habana es el peor valorado junto con el de Hurghanda en Egipto.
En España el aeropuerto de Valladolid obtuvo la mejor posición (puesto 14) y el de Zaragoza (en el 17) de los 150 aeropuertos valorados. Los de Vigo y La Coruña son los peor evaluados y están ubicados en los puestos 131 y 132, respectivamente. Entre los tres grandes aeropuertos españoles los de mejor posición son el de Barcelona (puesto 48), el de Madrid (86) y el de Palma de Mallorca (91).
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El ministro de Fomento, José Blanco, se ha puesto en contacto con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para que “puedan facilitar a Marsans la resolución de sus problemas”, aseguró hoy el titular del Departamento.
“La obligación del Gobierno español es siempre apoyar a las empresas españolas y, desde luego, vamos a intentar ayudar dentro de las capacidades lógicas que tenga el Ejecutivo”, declaró Blanco.
Tras presidir el cambio de presidente del Foro de Reputación Corporativa, el ministro destacó que Marsans es “una empresa que genera mucha actividad y mucho empleo”.
Por ello, indicó que “se han establecido contactos con la IATA para que pueda faciliar a Marsans una resolución del problema”.
La IATA retiró el martes a Viajes Marsans la licencia para la venta de billetes de avión, compañía a la que exige un aval de 20 millones de euros para recuperarla.
La asociación justificó hoy su decisión de retirar la licencia al grupo Marsans dentro del sistema de los BSP –banco que paga a las compañías para la emisión de billetes de aerolíneas– por “no proporcionar los requerimientos financieros necesarios dentro del plazo fijado y de acuerdo con los criterios financieros establecidos a nivel local”, indicaron fuentes de la IATA a Europa Press.
Escrito por Europa Press el 22 de abril de 2010 con 0 comentarios
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El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy por unanimidad la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cuyo principal objetivo es evitar que el sistema financiero español y otros operadores económicos puedan ser utilizados para fines delictivos, tras corregir las enmiendas introducidas por el Senado.
Entre sus principales medidas, destaca la posibilidad de aplicar medidas de diligencia en relación con productos u operaciones que comporten un “riesgo escaso” de blanqueo con un umbral mínimo de 1.000 euros –un compromiso alcanzado entre PSOE e IU–, después de que los socialistas, con el apoyo de ERC-IU-ICV y la abstención del PP, lograran eliminar una enmienda introducida por el Senado que suprimía este tope.
Inicialmente, la Comisión de Economía y Hacienda del Senado elevó el umbral hasta los 3.000 euros, si bien en el Pleno de la Cámara Alta del pasado 19 de abril, CiU aceptó corregir la enmienda transaccional introducida por su grupo para dejar la facultad al Gobierno de decidir dicho umbral vía desarrollo reglamentario.
Así, la nueva Ley regulará las medidas de diligencia debida con el cliente, y hará distinción entre las simplificadas como la obligación de identificación del titular real de un producto u operación y las reforzadas para sectores o actividades de riesgo como la banca privada, los servicios de envío de dinero y las operaciones de cambio de moneda extranjera.
Asimismo, la nueva norma refuerza el control en el caso de cargos públicos, acentuando el papel de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias como órgano responsable de la coordinación de la política de prevención en este ámbito.
La nueva regulación, que incorpora a la normativa española el contenido de la Directiva europea de prevención de estos delitos y los criterios para su aplicación, obligará a los diferentes agentes económicos a identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas y abstenerse de realizar las que pudieran servir para blanquear dinero.
La nuevas obligaciones y medidas administrativas afectarán a los sujetos de carácter financiero y no financiero más expuestos a este tipo de delitos como las entidades financieras y profesionales como notarios, abogados, auditores, promotores inmobiliarios, joyeros y anticuarios, entre otros.
Los principales deberes administrativos de los sujetos obligados serán identificar y conocer a sus clientes habituales o esporádicos, establecer procedimientos y órganos internos de control, examinar operaciones sospechosas y comunicarlas al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).
Además, deberán abstenerse de realizar operaciones que consideren sospechosas de blanqueo, conservar los documentos durante un mínimo de diez años y formar a su personal para prevenir el blanqueo de capitales.
REFUERZO DE LA INVESTIGACIÓN A CARGOS PÚBLICOS.
Entre los sectores de especial riesgo, la nueva Ley regulará por exigencia comunitaria las medidas relativas a las Personas con Responsabilidad Pública no residentes (PEPs en sus siglas en inglés), con lo que se reforzará el examen especial en el caso de cargos públicos españoles.
En el terreno de la prevención, la normativa considerará todos los delitos como subyacentes al blanqueo de capitales, incluido el delito fiscal, incorporará nuevos sujetos obligados como por ejemplo, a todo comerciante que reciba fondos en metálico en cuantía superior a 15.000 euros. Todas estas medidas se harán extensibles a la financiación del terrorismo.
Escrito por Europa Press el 22 de abril de 2010 con 1 comentario
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La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) solicitó hoy que se solucione el problema generado en relación con el tratamiento fiscal de las ayudas públicas del Plan 2000E, que los contribuyentes deben declarar en el Impuesto sobre la Renta.
“Esperamos que se solucione el problema planteado para que una medida que ha tenido efectos positivos sobre la producción, el mercado, los ingresos fiscales y el empleo no se vea empañada por este imprevisto”, señaló Anfac en un comunicado conjunto con la asociación de importadores (Aniacam).
Ambas patronales precisaron asimismo que los mil euros de descuento del Plan 2000E facilitados por los fabricantes y por los importadores no tributan en el IRPF, en el que sí deben registrarse los mil euros facilitados por las administraciones (500 euros del Gobierno central y 500 euros de las administraciones autonómicas).
La Agencia Tributaria confirmó hoy que los contribuyentes que se hayan comprado un coche en 2009 con las ayudas públicas del Plan 2000E tendrán que declarar dichas ayudas en la Campaña de Renta 2009 como ganancias patrimoniales.
Fuentes de la Agencia Tributaria explicaron a Europa Press que las ayudas públicas y subvenciones se declaran en la renta desde que existe el IRPF, excepto todas aquellas que están exentas de declaración desde el mismo momento en el que se crean.
Escrito por Europa Press el 22 de abril de 2010 con 1 comentario
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El 85,3% de las pequeñas y medianas empresas españolas que acudieron a una entidad financiera en primer trimestre de 2010 han tenido problemas para acceder a la financiación, casi cuatro puntos por encima del 81,2% registrado en el mismo periodo del año anterior, según datos de la encuesta sobre el acceso de las pymes a la financiación ajena elaborada por las Cámaras de Comercio.
En concreto, el 71,9% de las pymes, más de 1,13 millones de compañías, intentaron acceder a financiación externa en el primer trimestre de 2010, de las cuales, finalmente 125.000, no lograron obtenerla.
En cuanto a la cuantía y el volumen de los préstamos, para el 39,3% (447.000 empresas) el volumen de financiación se redujo, mientras que para el 61,8% de las empresas (703.000 pymes) se ha incrementó el coste de financiación (tipo de interés) en el último trimestre.
En cuanto a otros costes, para el 68% (774.000 empresas) los gastos y comisiones se encarecieron respecto al trimestre anterior, mientras que para el 82,5% de las pymes (940.000 compañías) aumentaron las exigencias de garantías y avales.
Asimismo, para el 48,3% de los pequeños y medianos negocios (549.000 empresas) se dilató el plazo de la respuesta de la entidad financiera a su solicitud en los últimos tres meses, al tiempo que al 7,3% (83.000 empresas) se les exigió un plazo de devolución más reducido.
EL 86,8% NECESITA CIRCULANTE.
El 86,8% de los negocios (988.000) que solicitó recursos externos lo hizo para para financiar su circulante, un porcentaje que se eleva dos puntos y medio por encima del valor del último trimestre de 2009 (84,3%).
De este modo, sólo un 14,5% de las pymes que solicitaron financiación ajena lo hicieron para afrontar para proyectos de inversión, el ratio más bajo registrado desde el inicio de la encuesta de las Cámaras.
Dentro del total de 1,39 millones de emprendedores que demandaron financiación en los tres primeros meses del curso, el 91,3% experimentó un retraso en los pagos de sus clientes, con un promedio de demora de en torno a los 4,5 meses.
En cuanto a la Administración pública, el 46,2% de las empresas proveedoras sufrió problemas para efectuar al cobro, un valor similar al alcanzado en el último cuarto de 2009.
RETRASOS DE % MESES EN LOS PAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN.
Así, los problemas principales para materializar el cobro se han presentado con la Administración local (28,0%), en segundo término con la autonómica (23,7%) y, por último, con la Administración central (7,5%). El retraso medio en el cobro a los tres niveles de Administración Pública se sitúa por encima de los cinco meses, y superó a los seis meses en la Administración Autonómica.
Por otra parte, el 34,8% del total de empresa demandantes de recursos externos (396.000) solicitó líneas de crédito del ICO, de los cuales un 45% encontró obstáculos para la concesión de financiación.
En concreto, nueve de cada diez empresarios consideró que las condiciones establecidas para acceder a las líneas de crédito son muy complejas, y un 31,7% de los solicitantes indicó que la entidad financiera estatal no les proporcionó información al respecto.
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Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estimaron hoy que la declaración de las ayudas directas del Plan 2000E en la Campaña de Renta 2009 aportará más de 50 millones de euros a las arcas públicas, ya que tienen que declararse como ganancias patrimoniales y tributar al tipo marginal en una escala del 24% al 43%.
Gestha, que ha realizado este cálculo aplicando el tipo marginal del 24% a los beneficiarios del Plan 2000E en 2009 (unos 250.000 contribuyentes), concluye que cada persona que se haya acogido al Plan 2000E en 2009 para comprar un coche debe pagar de media 240 euros al Fisco por recibir la ayuda total de 1.000 euros, 500 del Gobierno central y otros 500 de las comunidades autónomas.
Además, el presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Motor (Ganvam), Juan Antonio Sánchez Torres, asegura que el Estado y las comunidades autónomas han obtenido un saldo positivo neto a su favor de 40 y 16 millones de euros, respectivamente, gracias al Plan 2000E. Si a esta cantidad se le suma lo que se va a recaudar en la Renta de 2009 se puede decir que el Plan 2000E ha aportado unos ingresos fiscales extra de más de 100 millones.
A su parecer, este saldo positivo a favor de la Hacienda Pública justifica, “ahora más que nunca”, la necesidad de renovar un plan que se ha revelado “tan eficaz” para incentivar la demanda y para renovar el parque automovilístico español, con los efectos positivos que eso supone para la seguridad y el medio ambiente.
Por este motivo, Ganvam pone de manifiesto su temor a que la desaparición de las ayudas del Plan 2000E vuelva a colocar a los vendedores en una situación “crítica” y suponga una nueva caída de las ventas de 100.000 unidades y la pérdida de 10.000 empleos en el segundo semestre del año.
GESTHA PEDÍA LA EXENCIÓN DE LAS AYUDAS.
Gestha, por su parte, lamenta que el Gobierno haya desoído sus propuestas sobre la exención de las ayudas a la compra de coches en el IRPF, ya que cree que todas las ayudas y subvenciones públicas deberían estar exentas en la renta.
El Plan 2000E entró en vigor el pasado 18 de mayo con ayudas de hasta 2.000 euros para la compra de un coche nuevo (500 euros del Estado, 500 de la comunidad autónoma y 1.000 del fabricante) o de hasta 1.000 euros (500 del Estado y 500 de la CC.AA) para aquellos particulares, pymes o autónomos que entreguen a cambio su vehículo viejo.
El plan ha supuesto una inversión total de 140 millones en 2009 y de 100 millones adicionales para 2010. Un total de 250.762 operaciones se han acogido al plan desde su puesta en marcha el 18 de mayo hasta el pasado 4 de enero, según datos del Ministerio de Industria.
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La oficina estadística de la UE, Eurostat, revisó de nuevo hoy al alza el déficit público de Grecia hasta situarlo en el 13,6% del producto interior bruto (PIB) en 2009 en lugar del 12,7% que había estimado inicialmente el Gobierno de Atenas, lo que podría agravar su crisis de endeudamiento.
Además, la cifra del 13,6% podría revisarse de nuevo al alza porque Eurostat mantiene algunas reservas sobre la calidad de los datos suministrados por Grecia, debido a la incertidumbre sobre el supuesto superávit de la seguridad social en 2009, las dudas sobre clasificación de determinadas empresas públicas y el efecto de los productos derivados utilizados por Atenas para maquillar el déficit y la deuda.
Todo ello podría provocar un nuevo aumento del déficit de entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales del PIB, es decir, hasta el 14,1% del PIB. La oficina estadística espera aclarar todas las dudas en junio o julio, explicaron fuentes comunitarias.
La Comisión considera que esta revisión al alza de la cifra de déficit griego no altera el plan de ajuste fiscal diseñado por el Gobierno de Atenas para hacer frente a su crisis de endeudamiento. El objetivo sigue siendo, resaltaron las fuentes consultadas, que Grecia recorte su déficit este año un 4% del PIB. Y el Ejecutivo comunitario sigue creyendo que, con las medidas adoptadas hasta ahora, las autoridades griegas van en la buena dirección.
Tras la revisión de Eurostat, Grecia es el segundo país de la UE que registró un déficit más alto en 2009, sólo por detrás de Irlanda (14,3% del PIB). A continuación se sitúan Reino Unido (11,5%) y España (11,2%).
La deuda pública de Grecia es también la segunda más alta de la UE (115,1%), sólo por detrás de Italia (115,8%). No obstante, Eurostat alertó de que cuando se contabilicen las operaciones de maquillaje llevadas a cabo con la ayuda del banco de inversión Goldman Sachs, esta cifra podría aumentar entre 5 y 7 puntos porcentuales.
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El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y el resto de los ministros del ramo de los países que conforman el G-20, entregaron hoy al presidente de EE.UU., Barak Obama, las recomendaciones sobre empleo elaboradas por el grupo durante su reunión en Washington, en un acto que se ha desarrollado en la Casa Blanca.
En dicho documento, los ministros de Trabajo establecen las líneas que se consideran prioritarias para acelerar la recuperación del empleo y poner las bases para crear ocupación de calidad. Así, proponen, por ejemplo, reforzar los sistemas de protección social y promover políticas activas de mercado de trabajo, mejorar la calidad de los empleos y preparar a la población activa para los futuros retos y oportunidades.
En este sentido, afirman en primer lugar que “el crecimiento ha comenzado a reaparecer en muchas de las economías”, mientras que “el desempleo a escala mundial se sitúa en altos niveles históricos”. Por este motivo, consideran que “mientras el paro persista es preciso continuar proporcionando apoyo a la renta, a la formación y a los servicios de empleo, como la ayuda en la búsqueda de trabajo para los parados”.
Los ministros de Trabajo del G-20 indican también que “junto con la recuperación económica, hay que abordar una serie de retos que han estado apareciendo incluso antes de la crisis”. Para ello, proponen fomentar la coordinación con el objetivo de “anticiparse a estos cambios y ayudar a los ciudadanos a prepararse para beneficiarse de las oportunidades”.
“Podemos alcanzar un mayor equilibrio de progreso y bienestar para nuestros ciudadanos actuando juntos, pues ningún país puede lograrlo por si solo”, concluyen.
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