marzo del 2010
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Hace una semana pude leer en el New York Times un interesante artículo (“Mamá, pastel de manzana e hipotecas”) de Robert J. Shiller, un tipo tan metido en el análisis de la vivienda que tiene hasta su propio índice, el índice Case-Shiller que mide los precios de la vivienda en EEUU. El problema de este hombre es que se centra principalmente en su país, así que he cogido su artículo le he pasado por chapa y pintura y lo he españolizado un poco con el resultado que veremos ahora.
Durante décadas,los gobiernos han fomentado la compra de vivienda, bien mediante desgravaciones en la declaración de la renta, rebajas del IVA para las reformas o bien fomentando la concesión de hipotecas (como fue el caso americano con Fannie Mae y Freddie Mac). Pero ¿cuál es la justificación a largo plazo para que los contribuyentes subsidien la propiedad de la vivienda?
Los subsidios para la vivienda, se iniciarion esencialmente en EEUU durante la Gran Depresión con, entre otras cosas, la creación de la FHA en 1934 y Fannie Mae en 1938. Todo comenzó por una simple razón: más de un tercio de todos los desempleados fueron identificados, directa o indirectamente, con la construcción. En ese momento, no parecía haber ninguna manera de reducir el desempleo sin estimular la vivienda.
Pero consideremos lo que sucede una vez que la economía se recupera. Ya que nuestros ingresos son los que son, si gastamos más en vivienda tendremos generalmente menos para gastarnos en otras cosas. ¿Por qué entonces el consumo de la vivienda es mejor que el consumo de otros bienes? ¿Por qué todos los beneficios fiscales van a que nos compremos una casa o un coche?
Esta vez, la mejor respuesta no se encuentra en los libros de economía si no más bien en los de psicología. Históricamente en EEUU y España, la propiedad de una vivienda se ha asociado con la libertad (como el coche), mientras que el alquiler se ha vinculado a la opresión de un propietario (es cierto que las cosas han cambiado, pero así ha sido históricamente).
En 1985 en el ibro, “Crabgrass Frontier” de Kenneth T. Jackson de La Universidad de Columbia comentaba la creencia estadounidense de que la propiedad de vivienda alienta el orgullo y la buena ciudadanía y, en última instancia, la preservación de la libertad. En 1899, en “La Teoría de la clase ociosa”, Thorstein Veblen describió la propiedad de vivienda, especialmente de viviendas grandes y caras, como un consumo realizado con el fin de impresionar a los demás, mostrando la cantidad de dinero que puede permitirse el lujo de poseer un espacio que no necesita.
La situación en España no era muy distinta, en 1939 se creó el Instituto Nacional de la Vivienda y se hizo de la vivienda un argumento político como consecuencia del apoyo ideológico a la familia, receptáculo de las esencias espirituales y conservadoras del hombre.
En resumen, todo esto tiene mucho que ver con la cultura, y muy poco que ver con la sabiduría financiera. Después de todo, la teoría económica sugiere que la gente no debe poseer sus propios hogares, al menos no en la forma en que muchos lo hacen hoy en día. Un principio básico en economía doméstica es que la gente debe diversificar – lo que significa que no debe poner todos sus huevos en la misma cesta, que es lo que significa ahora de propiedad de vivienda para muchas personas.
Por tanto se debería reconsiderar la idea de alquilar, lo que podría ser una opción viable actualmente para la mayoría de los ciudadanos, que provocaría menos burbujas especulativas y que seguramente no pondría en peligro los valores tradicionales de la libertad individual y la buena ciudadanía.
Suiza, por ejemplo, es un país con fuerte patriotismo, de espíritu de lucha de la defensa nacional, un compromiso con la libertad y la tolerancia, y un bajo índice de criminalidad aun así su tasa de propiedad de vivienda es sólo un 34,6 por ciento, frente al 66,2 por ciento para los Estados Unidos o el 86% de España.
¿Estáis deacuerdo en que el estímulo hacia la compra de vivienda tiene unos fines más allá de lo económico? ¿Podría tratarse de una estrategia política para convertirnos en buenos ciudadanos?
Escrito por Carlos Lopez el 10 de marzo de 2010 con 261 comentarios
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# 43, Oberkorn
9 de Marzo de 2010, a las 9:24
Nada.
Escrito por Carlos Lopez el 9 de marzo de 2010 con 26 comentarios
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La canciller alemana, Angela Merkel, instó a la Comisión Europea a combatir la especulación con la deuda soberana de algunos países desarrollada en mercados no regulados como el de seguros contra impago de creditos (‘credit default swaps’ o CDS) y que en los últimos meses ha disparado el coste de asegurar las emisiones de deuda pública de miembros de la eurozona como Grecia debido a las posiciones en su contra adoptadas por ‘hedge funds’.
“Se debe actuar con rapidez en la cuestión de los CDS”, dijo Merkel en Luxemburgo, donde mantuvo un encuentro con el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker. “Sería necesario un gesto de EEUU. Un paso adelante por su parte sería de gran ayuda”, aseguró Merkel, quien defendió la idoneidad de alcanzar compromisos sobre esta cuestión en el G-20, aunque sin descartar que Europa asuma la iniciativa.
Por otro lado, la canciller alemana opinó que la posible creación de un fondo de rescate europeo para ayudar a países en problemas no debilitaría necesariamente las normas sobre disciplina fiscal de la zona euro, aunque subrayó que este Fondo Monetario Europeo debería ser un último recurso, que, además, no serviría para ayudar a Grecia.
A este respecto, Merkel afirmó que el país heleno “no necesita apoyo financiero” y destacó que Grecia ha recuperado cierto grado de confianza tras las medidas anunciadas por su Gobierno, tal y como ha demostrado la última colocación de deuda de Grecia.
Escrito por Europa Press el 9 de marzo de 2010 con 0 comentarios
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La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró hoy que la Renta Básica de Emancipación (RBE) –210 euros para el pago del alquiler– reduce del 42% al 24% el esfuerzo de los jóvenes para emanciparse, y descartó que el Gobierno planee congelar esta ayuda.
“No tengo intención de congelar la RBE. Puede estar usted tranquila”, espetó Corredor a la senadora de CiU Montserrat Candini en el Pleno del Senado.
Así pues, la ministra se felicitó por que más de 170.000 jóvenes perciban la ayuda, y recordó que la cartera que lidera ha invertido 450 millones de euros para pagarlas.
Por otro lado, Corredor justificó el impago de la RBE siempre que no se cumplan los requisitos exigidos. “No podemos pagar la renta a quienes no han cumplido con su obligacion de hacer la declaración en el IRPF”, indicó, aunque insistió en que “se les paga todo lo retrasado” cuando la presentan.
En este sentido, Corredor aprovechó para hacer un llamamiento a los beneficiarios de la ayuda: “Para poder percibir la renta tienen que cumplir con sus obligaciones con la Seguirad Social y la Agencia Tributaria”, y restó trascendencia a este trámite, al asegurar que “posiblemente les saldrá a devolver”.
Por último, la titular de Vivienda abogó por acentuar los controles sobre la concesión de la RBE, con el fin de que “esté abosultamente seguro” que la percibe quien “la necesita y por tanto, que tiene derecho a ella”.
Escrito por Europa Press el 9 de marzo de 2010 con 3 comentarios
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La banca cerrará cerca de 5.000 oficinas en 2010, que equivalen al 11% del parque actual de sucursales, y que generan un margen ordinario anual de entre 5.000 y 6.000 millones, según un estudio de la consultora Cognodata.
La crisis económica y la forma en que ha afectado a bancos y cajas es la causa fundamental que llevó a las entidades a reducir sus oficinas un 5% en 2009, y les obligará a elevar esta reducción hasta el 11% durante 2010.
Entre 2000 y 2008 las entidades abrieron 6.765 nuevas oficinas, hasta alcanzar las 46.065. Este procedimiento se paró en seco en 2009, inciándose entonces un proceso de reducción paulatina hasta las casi 44.000 oficinas y que seguirá el próximo año.
Las entidades optan por eliminar aquellas sucursales con una menor rentabilidad, aunque en ocasiones esta estrategia sea errónea, porque les induce a mantener puntos tradicionales y consolidados en detrimento de oficinas en nuevos mercados con un mayor potencial de futuro.
Aquellas entidades que gestionen bien el proceso de cierre podrán retener hasta el 90% del negocio actual, mientras que aquellas que no lo cuiden, únicamente podrán retener el 50%.
Así, la consultora destaca que para una entidad que cierre 100 oficinas, la diferencia entre realizar adecuadamente el proceso de cierre y no hacerlo se traducirá en una pérdida de ingresos de entre 45 y 50 millones de euros.
La comunidades autónomas con mayor excedente de oficinas en España son La Rioja, Aragón, Castilla y León y Extremadura, mientras que en Canarias, País Vasco, Madrid y Cantabria son las que menor reducción de sucursales requieren.
Asimismo, la consultora resalta que el desarrollo de la multicanalidad para usos comerciales, que supondrá en los próximos tres años un incremento en la utilización del SMS del 71%, del 55% en el mail y del 43% en la web, será una aliada de “mucha utilidad” es este proceso de reajuste.
Escrito por Europa Press el 9 de marzo de 2010 con 0 comentarios
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El fabricante italiano de súper deportivos Lamborghini, filial de Audi y perteneciente al grupo Volkswagen, cerró el pasado año con unas pérdidas antes de impuestos de 35 millones de euros, como consecuencia del impacto de la crisis económica en el mercado de automóviles de lujo, anunció hoy la compañía.
Lamborghini registró en 2009 una cifra de negocio de 281 millones de euros, un 41,3% menos que en el ejercicio precedente, mientras que sus ventas experimentaron una disminución del 37,7%, pasando de 2.430 a 1.515 unidades.
La firma explicó que la crisis provocó una caída de la demanda de coches de lujo, especialmente en Europa y Estados Unidos, que incluso se acentuó en la última parte del año. Además, la debilidad del dólar y el peso del mercado estadounidense perjudicaron los resultados de la empresa.
No obstante, Lamborghini ratificó su estrategia a largo plazo y subrayó que ha financiado con recursos propios todas las inversiones realizadas. De hecho, en 2009 la empresa invirtió un 32% más en investigación y desarrollo (I+D), pese a la adversa coyuntura.
En este contexto, Lamborghini adoptará medidas para adecuar su producción a la baja demanda. Así, la marca recurrió a principios de año a una reducción del tiempo de trabajo semanal para 300 empleados, y no descarta utilizar nuevamente esta herramienta.
En todo caso, la compañía mantiene su compromiso de lanzar al menos un nuevo producto cada año. La firma acaba de presentar en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra el nuevo Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera, que saldrá a la venta en las próximas semanas.
Escrito por Europa Press el 9 de marzo de 2010 con 0 comentarios
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La agencia de calificación Fitch Ratings considera que España, Francia y Reino Unido son los tres países entre aquellos que cuentan con la máxima nota crediticia (‘AAA’) en los que el ajuste fiscal reviste mayor urgencia, aunque la entidad mantiene en los tres casos la perspectiva ‘estable’ sobre su ‘rating’, lo que aleja a corto y medio plazo el riesgo de una rebaja del mismo.
De hecho, en el caso de España la calificadora de riesgos consideró “positivo” el programa de ajuste fiscal diseñado por el Gobierno, en contraste con el plan de austeridad presentado por Portugal, que en opinión del analista de Fitch Paul Rawkins representa un “motivo de preocupación” por su carácter gradual en un contexto de bajo crecimiento, por lo que la agencia mantuvo la perspectiva “negativa” sobre la deuda lusa, cuyo ‘rating’ actual es ‘AA’.
Asismimo, en el transcurso de una conferencia celebrada en Londres, el máximo responsable de ratings soberanos de Fitch para Europa, Oriente Próximo y África, Brian Coulton, advirtió del deterioro experimentado por el perfil crediticio de Reino Unido, por lo que subrayó la necesidad de que el Gobierno británico lleve a cabo un plan de ajuste fiscal más ambicioso, aunque señaló que la situación de la deuda de Reino Unido se encuentra en un nivel tolerable dentro de la máxima nota.
Por otro lado, la calificadora de riesgos afirmó que las actuales notas de Irlanda y Grecia, situadas en ‘AA-’ con perspectiva “estable” y ‘BBB+’ con perspectiva “negativa” respectivamente, son “apropiadas”.
Asimismo, el analista de Fitch Chris Pryce apuntó que en el caso de que la situación de Grecia se agravara y finalmente necesitara ayuda exterior, la mejor solución para el país sería recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI).
A este respecto, Brian Coulton no descartó la posibilidad de que llegara a producirse un impago de las obligaciones de deuda soberana en el seno de la zona euro, aunque el experto afirmó que esta hipótesis no implicaría la inevitable ruptura del bloque, que incluso podría servir de refugio.
Escrito por Europa Press el 9 de marzo de 2010 con 0 comentarios
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El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, aseguró hoy en el Congreso que la deuda la Administraciones Públicas con todo el sector de la construcción se sitúa entre 30.000 y 35.000 millones de euros, con un plazo medio para los pagos de seis meses, y aseguró que si el Estado Central, comunidades y ayuntamientos cumplieran la “disciplina presupuestaria y pagaran en “plazos razonables, toda la “cadena productiva podría cobrar en plazos razonables”.
“Si eso se produce, las operaciones de carácter privado seguirán el ejemplo”, aseguró a los periodistas a la salida de la reunión con los ponentes de los grupos parlamentarios que estudian la reforma de la Ley de Morosidad impulsada por CiU, que plantea un plazo máximo de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas, eliminando además la posibilidad de pacto entre las partes para ampliar este tiempo.
Lazcano señaló que “no tiene sentido hablar de días” y aseguró que tampoco les preocupa “la diatriba sobre la libertad de pacto” entre empresas y proveedores, ya que si la administración paga en tiempo “razonable”, propiciará una “escalera virtuosas” de cobros que se trasladaría a la fecha de cobros.
La Comisión, que había convocado a una veintena de representantes de asociaciones empresariales y organismos públicos, escuchó también al presidente de Seopan, David Taguas, quien eludió explicar el contenido de su intervención pese a la insistencia de los periodistas, así como a valorar la proposición de ley de CiU, si bien apuntó que hay que actuar con cautela a la hora de abordar la reforma de la Ley de Morosidad
Por su parte, el vocal de la Comisión de Hacienda y Financiación Local de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Santiago Martínez, destacó la dificultad de que las Administraciones Públicas puedan pagar en 30 días, habida cuenta de las trabas burocráticas que sufren para la emisión de los certificados de obra, si bien admitió que “no es imposible”.
ANGED: “PAGAMOS SIEMPRE EN PLAZO”
También acudieron, varios representantes de asociaciones de empresas de distribución, encabezados por el presidente de la Asociación Nacional de Grandes Distribuidores (ANGED), Javier Millán-Astray, quien recordó que éste es el único sector que tiene los plazos de pago regulados por ley desde 1996, con una media real de alrededor de 40 días para los pagos. “Nuestras empresas pagan siempre en los plazos acordados”, incidió.
Asimismo, defendió mantener la ampliación del plazo de pago “libremente acordad por las partes” y sólo supone “una parte del contrato”, que debe ser analizado en su conjunto. “No parece razonable que haya una regulación distinta a la que ya hay”, señaló Millán-Astray, quien recordó que el caso de productos frescos el plazo está limitado a 30 días, mientras que en el resto es de 60 días, ampliable sólo hasta 90 días si hay acuerdo.
“Es bastante equilibrado”, defendió, si bien otros comparecientes, como el presidente de la Asociación Española de Empresas de Productos de Marca (PROMARCA), Ignacio Larracoechea, así como el de la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias, Fernando Macén, abogaron por eliminar esta excepcionalidad que permite ampliar la fecha de cobro de dos a tres meses.
Por su parte, el presidente de PIMEC, Josep González i Sala, reclamó que se reducen los plazos de pago máximos a 60 días porque en los últimos años de vigencia de la actual ley los plazos se han deteriorado “de manera factible” y aseguró que sería una de las medidas que pueden ayudar a superar la crisis.
ATA PIDE COMPENSACIONES POR LA MOROSIDAD PÚBLICA
Los autónomos también terciaron en el debate. Así, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, reclamó en declaraciones a Europa Press que los grupos que presten un “apoyo decidido” a la reforma propuesta de CiU para “cerrar la puerta a los tramposos” limitando la fecha de emisión de la factura y prohibiendo el pacto entre las partes para retrasar los pagos que beneficia a las “posiciones dominantes”.
Amor, quien calificó de “insoportable” la morosidad entre empresa, tachó de “asalto” la provocada por las Administraciones Públicas –”ayuntamientos y comunidades no pagan y no pasa nada”, denunció ante los diputados– y propuso que en el caso en que un proveedor sufra perjuicios a causa de la morosidad pública conlleve “automáticamente” un aplazamiento en las cuotas a la Seguridad Social y en pago de impuestos, así como otras compensaciones de deudas.
UPTA PIDE LIMITAR LAS FACTURAS
El secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Sebastián Reyna, destacó la necesidad de limitar no sólo el plazo de emisión de las facturas –que actualmente sitúa entre 30 y 40 días de media–, sino también el de las certificaciones de obra o servicio que emiten las administraciones, para que no pueda aplazarlas “unilateralmente”, algo que ha su juicio contribuyó al “poco éxito” de las líneas ICO en 2009.
Asimismo, abogó porque el periodo transitorio de 45 días propuesto por CiU para que las administraciones públicas adapten sus plazos de pagos no se extienda más allá del 1 de enero de 2011, de manera que sea a partir de esta fecha cuando queden obligadas a abonar sus cuentas con los proveedores en 30 días.
Por último, el secretario de la Asociación Nacional de Almacenistas Distribuidores de Material Eléctrico (ADIME) y coordinador de la Plataforma Contra la Morosidad, Pedro torres, alertó de que éste es un problema que afecta a 1,7 millones de empresa y 4,5 millones de trabajadores, y advirtió de que cualquier retraso en aplicar la ley pone en riesgo directo a más de un millón de empleos.
CIU AVISA AL PSOE
Tras la reunión, el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, aseguró que todavía no tiene ningún “compromiso” ni “oferta” por parte del PSOE para negociar enmiendas a la norma, y advirtió a los socialistas que lo “van a tener muy mal” si busca aprovechar el trámite parlamentario para “desnaturalizar el alma” de su proposición de ley, ya que confía en contar con el respaldo del resto de grupos para sacarla adelante.
El próximo martes, 16 de marzo, tendrá lugar la reunión de la Ponencia, que será el primer filtro para las enmiendas al proyecto de ley y supondrá la prueba de la voluntad de PSOE de pactar un acuerdo sobre una iniciativa cuya tramitación sólo se desbloqueó tras negociaciones directas entre el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, con su homólogo socialista, José Antonio Alonso, en las que llegó a participar el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Esto, después de que los socialistas presentaran un paquete de enmiendas en el que pedían la eliminación de todos los artículos del texto de CiU, salvo dos, que proponían modificar para que se limiten a “instar” al Gobierno a presentar en el plazo de tres meses sendas reformas de la Ley de Contratos del Sector Público y de la propia Ley contra la Morosidad, en el marco de la futura Ley de Economía Sostenible, si bien ahora se declaran dispuestos a “avanzar en la negociación”.
Escrito por Europa Press el 9 de marzo de 2010 con 1 comentario
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