29 de enero de 2010
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La economía de EEUU registró en el cuarto trimestre de 2009 un crecimiento anualizado del Producto Interior Bruto (PIB) del 5,7%, lo que supone el mayor ritmo de crecimiento de la actividad económica del país en seis años y superó las expectativas del consenso de analistas, que pronosticaba una expansión del 5,4%, según los datos de la primera estimación publicada por el Departamento de Comercio.
El fuerte crecimiento de la economía de EEUU, que en el tercer trimestre de 2009 creció un 2,2%, vino respaldado por las contribuciones positivas de la inversión privada en inventarios, las exportaciones y el consumo doméstico, que contrarrestaron el incremento de las importaciones.
Sin embargo, a pesar de los dos últimos trimestres de fuerte crecimiento de la economía, el PIB de EEUU registró en 2009 una contracción del 2,4%, su peor lectura desde 1946 y en contraste con el crecimiento del 0,4% del ejercicio 2008.
Por su parte, el gasto real por parte de los consumidores creció un 2% en el último trimestre, por debajo del 2,8% registrado en los tres meses anteriores, aunque superó las expectativas del 1,8%. De hecho, el gasto de los consumidores aportó 1,44 puntos porcentuales al dato del PIB.
Al trasladar el dato a dólares corrientes, el valor de la producción de bienes y servicios de EEUU creció un 6,4% en el cuarto trimestre, hasta 14,46 billones de dólares (10,35 billones de euros), frente al incremento del 2,6% registrado en el trimestre anterior.
A pesar del fuerte repunte del PIB en los dos últimos trimestres, la economía de EEUU destruyó 85.000 empleos en diciembre de 2009 y, aunque la tasa de paro se mantuvo estable en el 10% por segundo mes consecutivo, elevó a 6,6 millones de personas la cifra de nuevos desempleados desde que en diciembre de 2007 comenzó la recesión económica.
Asimismo, el pasado miércoles, el Comité de la reserva Federal de EEUU (Fed) decidió mantener los tipos en un rango objetivo de entre el 0% y el 0,25% y auguró “niveles excepcionalmente bajos para las tasas federales durante un periodo prolongado de tiempo”.
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El Gobierno aprobó hoy un plan de sostenibilidad de las cuentas públicas, que contempla un recorte del gasto de 50.000 millones de euros para el conjunto de las administraciones públicas entre 2010 y 2013, tras escalar el déficit público hasta el 11,4% del PIB en 2009, casi dos puntos por encima de la estimación inicial del Ejecutivo.
Este déficit se reparte entre un saldo negativo del 9,5% para la Administración Central, un 2,2% de las comunidades autónomas y un 0,5% de los ayuntamientos, frente a un superávit del 0,8% para la Seguridad Social.
Así lo adelantó hoy la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, al término de la reunión del Consejo de Ministros, en la que destacó que el objetivo del Gobierno es situar el déficit público en el 3% del PIB en 2013.
Del recorte del gasto de “casi” 50.000 millones de euros, Salgado señaló que 40.000 millones corresponderán a partidas de gasto de la Administración General del Estado y, el resto, afectará a las demás administraciones. En este punto, aclaró que el Gobierno contempla un superávit de la Seguridad Social hasta 2013.
El recorte del gasto del Gobierno central, añadió la ministra, afectará “a prácticamente todas las partidas y a todas las políticas”, con excepción de los gastos sociales, entre los que incluyó las ayudas a la dependencia, las becas de estudio, los 2.500 euros por nacimiento de hijos, la ayuda oficial al desarrollo o la I+D+i. A parte, aseguró que “hay margen suficiente” para hacer un recorte del gasto, por ejemplo en materia de transferencias o de inversiones públicas.
Salgado descartó que el esfuerzo de contención del gasto público contemple la eliminación de algún ministerio, ya que, según dijo, se trataría de una medida que no contribuiría a generar confianza, precisamente el objetivo buscado por el Gobierno con este plan de ajuste presupuestario.
Tampoco está previsto, aclaró, acometer nuevas subidas de impuestos tras el “moderado incremento impositivo” llevado a cabo este año y que empezará a producir efectos, especialmente en lo relativo a la subida del IVA, conforme vaya mejorando la situación económica. “El esfuerzo viene fundamentalmente por la contención del gasto”, reiteró.
UN PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO.
Por parte de la Administración General del Estado, Salgado concretó que se pondrá en marcha un “plan de acción inmediata”, que afectará al presupuesto para 2010, y otro a medio plazo para los años 2011-2013.
En conjunto, la necesidad de reducción del déficit será de 8,4 puntos porcentuales hasta 2013, si bien, una vez descontados los efectos de la recuperación económica, de la eliminación de las medidas de impulso y el incremento de los intereses de la deuda (1,3%), la minoración del gasto debería ser de 5,7 puntos del PIB, de los que 5,2 puntos porcentuales serán responsabilidad del Estado (40.000 millones de euros).
Concretamente, el Estado hará un ajuste de 1,1 puntos del PIB por el lado de los ingresos –medidas tributarias y acción antifraude–, y de 4,1 puntos por el del gasto, entre los 0,8 puntos ya incluidos en los PGE para 2010, los 0,5 puntos del plan de acción inmediata, 2,6 puntos por el plan de austeridad 2011-2013 y los 0,2 puntos por gasto financiero con efecto en déficit.
El Gobierno contempla en estos años una caída del PIB del 3,6% en 2009 y del 0,3% en 2010, las mismas previsiones que en el últino cuadro macroeconómico. Desde 2011, espera que se inicie una fase de recuperación “más sólida” que se intensificará en 2012 y 2013, con crecimientos del 1,8%, 2,9% y 3,1%, respectivamente.
Si bien, precisó que el Ejecutivo ha incrementado en una décima las cifras de paro para los años 2009 y 2010, hasta tasas del 18% y del 19%, respectivamente. En los tres años siguientes, las tasas serán del 18,4%, 17% y 15,5%.
TODO ARRANCA EN 2010.
Sobre esta base, la vicepresidenta segunda del Gobierno especificó que el recorte ya se inicia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010, en el que se incluyen incrementos tributarios que supondrán un incremento del 1% del PIB en los ingresos y un esfuerzo de austeridad del 0,8% del PIB por el lado del gasto.
Además, el plan contempla una reducción del gasto presupuestado inicialmente para este año del equivalente al 0,5% del PIB. Al respecto, los diferentes ministerios deberán proponer antes del 1 de marzo al Ministerio de Economía y Hacienda los créditos concretos a los que deberá afectar esta restricción. Según precisó Salgado, ya se ha aprobado la no disponibilidad del gasto por importe de 5.000 millones de euros.
Además, durante 2010 la Oferta Pública de Empleo Público se reducirá al 10%, frente al 15% inicial, de la tasa de reposición de efectivos y no se contratará nuevo personal interino.
RECORTES EN EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL.
Para los años 2011-2013, el plan plantea un recorte generalizado del gasto que afectará “a todas las partidas”, salvo a pensiones, prestaciones por desempleo y ayudas a la dependencia, educación e I+D+i, con un impacto equivalente del 2,6% del PIB.
Los principales recortes se referirán al gasto de personal (-0,3% del PIB), gastos de funcionamiento (-0,2%), inversiones (-0,5%) y transferencias y otros gastos (-1,6%).
Para hacer efectiva estas medidas, antes del 1 de mayo el Gobierno tiene previsto aprobar un Plan de Reestructuración del Gasto Público que incluirá una “revisión exhaustiva” de todos los programas y políticas del gasto de la AGE y la racionalización de sus estructuras.
En este punto, Salgado resaltó que el Gobierno presentará en el plazo de tres meses un proyecto de reestructuración del sector público empresarial.
Además, la aprobación de cualquier nueva actuación del gasto que se quiera emprender deberá supeditarse a los objetivos del plan, de modo que cualquier medida que propongan los departamentos ministeriales no podrán suponer un aumento neto del gasto. Asimismo, cualquier aumento no previsto de recaudación se dedicará a reducir el déficit.
ACUERDO MARCO PARA LA COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
En el caso del resto de las administraciones públicas, Salgado preció que el Gobierno “no tienen intención de invadir competencias”, por lo que propiciará un “acuerdo marco” en el Consejo de Política Fiscal y Financiera “para poder diseñar la senda de reducción del déficit de las comunidades autónomas y corporaciones locales”.
En esta línea, el Gobierno propondrá crear un grupo de trabajo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para hacer un seguimiento de estas actuaciones de las comunidades autónomas, que deberán remitir informes trimestrales haciendo balance.
Al respecto, la titular de Economía indicó que confía en que los gobiernos regionales tengan un comportamiento “igual de responsable” que la Administración Central y, en concreto, apeló a que el recorte en el capítulo de personal es “básico” y debe afectar a todas las administraciones.
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El Banco Central Europeo (BCE) constata que en el último trimestre de 2009 continuó el proceso de relajamiento en los estándares de crédito en la zona euro, aunque detectó que este alivio se produjo a un menor ritmo que en los trimestres anteriores, por lo que advierte en la última edición de su encuesta sobre préstamos bancarios de que el punto de inflexión en la tendencia de préstamo observada desde mediados de 2007 no se ha alcanzado todavía.
En concreto, el informe señala que en el cuarto trimestre de 2009 se mantuvo la tendencia a la baja en el porcentaje de entidades que endurecieron sus criterios de préstamo a las empresas, que pasó al 3% desde el 8% del trimestre precedente y el 21% del segundo trimestre, lo que también refleja el ritmo “notablemente inferior” de este relajamiento. Por su parte, la demanda de créditos por parte de las empresas se mantuvo en territorio negativo (-8%), aunque de manera menos acusada que en el tercer trimestre (-20%).
En el caso de los préstamos a hogares para compra de vivienda, la cifra de bancos que informó de un endurecimiento de las condiciones de préstamo fue del 3%, frente al 14% del tercer trimestre y el 22% del segundo.
Por su parte, la demanda de préstamos hipotecarios por parte de particulares creció hasta el 16% y encadena tres trimestres consecutivos al alza, frente al 10% del trimestre anterior y el 4% del segundo, apoyada en gran medida por la mejora de las perspectivas del mercado inmobiliario. De hecho, los bancos esperan que la demanda de créditos para adquirir viviendas alcance el 22% en los tres primeros meses de 2010.
En lo que a préstamos al consumo se refiere, la encuesta del BCE constata que sólo el 10% de las entiddes admitió un endurecimiento de los criterios de préstamo, frente al 13% del trimestre anterior y el 21% del segundo, mientras que la demanda también continuó a la baja (-10%).
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El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, señaló hoy que “puede ocurrir” que la tasa de paro llegue a lo largo de 2010 al 20%, si bien indicó que se trataría de una “situación puntual” y que la previsión del Gobierno para la media del año “no es ésa”.
Así lo señaló durante la rueda de prensa para valorar los datos de la Encuesta Pública de Población Activa (EPA) a cierre de 2009, que señala un aumento del paro en 11.118.600 personas, un 34,87% más, situándose la cifra total de desempleados en 4.326.500 personas y la tasa de paro en 18,83%, casi cinco puntos más que en 2008.
En este sentido, el secretario de Estado señaló que, pese a una moderación relativa respecto a principios de 2009, los datos son “claramente negativos” y el Ejecutivo prevé además un “deterioro adicional” del ajuste en los próximos meses, por lo que observa la situación “con mucha cautela”.
Campa señaló que 2010 no será un año de “creación de empleo neta”, aunque a partir del segundo semestre se producirá una “pequeña creación de empleo” en sectores como los servicios o la industria, si bien otras actividades, como la construcción, seguirán destruyendo empleo, por lo que afirmó que el cómputo global tendrá un “efecto neutral” o levemente positivo.
“En los dos primeros trimestres esperamos una pequeña destrucción de empleo y en la segunda mitad, una creación de empelo neto también pequeña”, resumió.
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La tasa de desempleo en la zona euro alcanzó en diciembre el 10%, lo que representa un aumento de una décima respecto al mes anterior, cuya lectura fue revisada a la baja, y de 1,8 puntos respecto a 2008, convirtiéndose en el peor dato de paro del bloque del euro desde agosto de 1998, según informó la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, que vuelve a situar a España como el país con mayor tasa de paro de la zona euro, al alcanzar el 19,5%.
En el conjunto de la Unión Europea (UE), la tasa de paro alcanzó el 9,6%, su nivel más elevado desde que se inició la recopilación de datos en el año 2000 y encontraste con el 9,5% de noviembre y el 7,6% de diciembre de 2008.
En concreto, Eurostat calcula que 23 millones de personas estaban sin empleo en la UE, de los que 15,7 millones corresponden a la zona euro. De este modo, la cifra de parados en la UE se incrementó en diciembre en 163.000 personas y en 87.000 en la eurozona. En términos interanuales, el número de desempleados aumentó en 4,6 millones de personas en la UE y en 2,7 millones en la zona euro.
La tasa de paro masculino alcanzó el 10%, frente al 7,8% de diciembre de 2008 en el caso de la zona euro, mientras que entre los Veintisiete pasó del 7,5% al 9,8%. Por su parte, la tasa de paro femenino se situó en la eurozona en el 10,1% desde el 8,7%, mientras que en la UE llegó al 9,3%, desde el 7,9% del año pasado.
Por otro lado, los datos de Eurostat muestran que la tasa de paro entre los menores de 25 años se situó en el 21% en la zona euro y en el 21,4% en la UE, frente al 17% y el 16,9% que registraban respectivamente en diciembre de 2008. En el caso de España, la tasa de desempleo entre los jóvenes alcanzó en diciembre el 44,5%, la más alta de toda la UE.
ESPAÑA REGISTRA LA MAYOR TASA DE PARO DE LA EUROZONA.
Los datos publicados por Eurostat vuelven a situar a España como el país con la peor tasa de paro de todos los que componen el bloque del euro, ya que se situó en el 19,5%, casi el doble de la media de la eurozona y solamente superada por el 22,8% registrado por Letonia.
Asimismo, España registra la tasa de paro más alta entre los menores de 25 años en el conjunto de los Veintisiete, con un dato del 44,5%, frente al 30,8% de hace un año, más del doble que la media de la eurozona o la UE.
Por otro lado, la tasa de paro entre los hombres españoles se situó en el 19,6%, la más alta de la eurozona y sólo superada por Letonia en el conjunto de la UE, mientras que en el caso del desempleo femenino, España repite como el país de la UE con el peor dato de empleo, ya que el paro afecta al 19,4% de la mujeres.
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Las fuentes señalan que con estas solicitudes se cerrará hoy el plazo para que los ayuntamientos se postulen como candidatos a albergar el complejo y consideran que el interés despertado por el ATC se debe en parte a un efecto llamada que ha aumentado el interés de los municipios conforme iban apareciendo los primeros candidatos, por lo que entienden que, de prolongarse el plazo de aceptación, se habrían recibido más candidaturas.
Además, indican que, de la docena de ayuntamientos interesados, una parte importante corresponde a localidades cercanas a centrales nucleares, lo que muestra que en estas áreas esta fuente de energía se percibe como segura.
El Gobierno admitirá todas las candidaturas a albergar el ATC de residuos nucleares de alta actividad que los ayuntamientos registren públicamente hasta “hoy incluido”, aunque llegue al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, unos días más tarde, y prevé anunciar su emplazamiento definitivo a finales de primavera o principios del verano.
“Si lleva fecha de 29 de enero hay que admitirlo”, aseguraron hoy a Europa Press fuentes de este Ministerio, que señalan que “previsiblemente” y en función de “las circunstancias, la idea” es que se pueda conocer el emplazamiento en junio, “quizá la segunda quincena o a principios de julio”.
Así, explicaron que, dependiendo del número de solicitudes que lleguen al departamento que dirige Miguel Sebastián, el proceso se demorará “más o menos” tiempo. En todo caso, según la orden ministerial y las intenciones del Ejecutivo, la lista provisional para acoger el ATC se publicará “antes de un mes” y el listado definitivo de admitidos y excluidos “podría estar en torno a finales de febrero o principios de marzo”.
Posteriormente, se abrirá un periodo de diez días para trámites de reclamaciones, al que podrán acceder sólo quienes se hayan presentado candidatos, es decir, los Ayuntamientos, “por si hubiera algún error”. Una vez pasado este periodo, saldrá la comunicación definitiva de cuáles son las zonas excluidas.
Precisamente, será en ese momento cuando se inicie un proceso de 20 días hábiles de información pública y de presentación de alegaciones por parte de “todas las partes interesadas”, por lo que en ese periodo cualquiera podría exponer su oposición al almacén de residuos nucleares de alta actividad.
Una vez analizadas todas las alegaciones, seguirá una comunicación definitiva de las excluidas y los admitidos deberán presentar los terrenos que, igualmente, deberán ser estudiados. Finalmente, la Comisión Interministerial creada al efecto deberá elaborar un informe y la propuesta del Gobierno deberá ser elevada al Consejo de Ministros para su aprobación.
EL PROCESO PODRÍA ALARGARSE
En este proceso, existen, según estas fuentes, plazos susceptibles de alargarse “un poco” en función del número de alegaciones, del tiempo que se tarde en analizarlas, de la cantidad de terrenos que se presenten y la valoración de cada uno de ellos, de cara al futuro emplazamiento del ATC. “No es lo mismo analizar terrenos de cuatro candidatos que de ocho o diez que puedan estar en la lista definitiva”, reflexionaron.
Sin embargo, una vez tomada la decisión definitiva, hasta que comience la construcción del futuro almacén, el proyecto candidato deberá someterse a otros trámites, como una declaración de impacto ambiental, que le corresponde realizar al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) o un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
El futuro ATC es una instalación industrial que albergará el combustible gastado por los diez reactores nucleares españoles (dos de ellos clausurados) y un centro tecnológico para investigación y experimentación. Allí se guardarán en seco y durante 60 años, el combustible gastado y los residuos vitrificados de alta actividad. La estructura integral ocupará aproximadamente 283 metros de largo, 78 de ancho y 26 de alto, para lo que necesitará una superficie de unas 13 hectáreas.
Asimismo, la caracterización y preparación del terreno y la construcción de un primer edifico de almacenamiento del ATC y la construcción de un centro tecnológico podría durar unos cinco años, después de los cuales se elevará un segundo edificio de almacenamiento que estará listo seis años después del inicio de explotación de la infraestructura. Por último, una tercera etapa prevé la construcción del tercer edificio de almacenamiento que estará concluido catorce años después del inicio de las operaciones del ATC.
Para todo ello, se prevé una inversión total de 700 millones de euros y, además, el municipio que lo albergue recibiría 2,4 millones de euros anuales del Estado, ya que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) entregará un total de 6 millones de euros anuales que se dividirán de la siguiente forma: un 40 por ciento para el municipio (2,4 millones) y un 60 por ciento (3,6 millones de euros) para el resto de municipios del entorno, es decir, aquellos que se encuentren en el área nuclear que comprende doce kilómetros a la redonda de la ubicación final del ATC.
Igualmente, en concepto de cofinanciación, los ayuntamientos podrán contar con hasta otros 1,8 millones euros si el municipio presenta un proyecto que implique el desarrollo local de la zona. En este caso, de cada euro que ponga el municipio, Enresa pondrá otro hasta el máximo del 30 por ciento del proyecto.
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El Euríbor, tipo de interés al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, cerró el mes de enero en el 1,232%, con lo que retoma la senda bajista tras repuntar en diciembre, y abaratará las hipotecas unos 80 euros al mes y 1.000 euros al año.
El indicador fijó hoy su tasa diaria en el 1,225%, una décima por debajo de la tasa de ayer. El mes de enero se ha caracterizado por una mayor estabilidad frente a la volatilidad que registró el Euríbor en los últimos meses de 2009, aunque no termina de consolidar la senda bajista, ya que en 20 días de cotización ha descendo en catorce ocasiones, ha repetido tasa en tres y subido en otras tres.
El valor del Euríbor de enero experimenta una bajada de más de 1,3 puntos porcentuales respecto al nivel que marcaba el año pasado. Así, para una hipoteca de 120.000 euros a Euríbor más 0,5% a 25 años, la rebaja de la cuota anual sería de unos 1.000 euros.
El nivel en que se encuentra ahora el indicador coincide con las previsiones de los expertos, que lo situaban en esta referencia y es previsible que no registre grandes variaciones hasta que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés.
La mayoría de organismos internacionales da por descontado que el organismo que preside Jean Claude Trichet endurecerá la política monetaria a la luz de la recuperación económica en la Eurozona en el segundo semestre del presente ejercicio.
Precisamente el pasado miércoles, la Reserva Federal estadounidense (Fed) acordó mantener sin variación los tipos de interés en su nivel más bajo de la historia, próximos a cero, y los analistas subrayan la tradicional coincidencia entre los movimientos de las principales autoridades de política monetaria.
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El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, confirmó hoy que el Gobierno propondrá al Pacto de Toledo retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, ya que es la edad “más óptima”, y avanzó que esta medida empezará a aplicarse a partir de 2013 de forma progresiva.
“Es una edad de referencia que muchos países europeos han ido adoptando en sus reformas de la edad de jubilación”, afirmó en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press para argumentar que en el caso de España la medida no se aplicará durante los próximos tres años dado que “se está en un momento de ajuste de la economía y el empleo”.
Además, Corbacho confirmó que su implantación se hará de forma gradual, de manera que “afectará lo mínimo” a quien se jubile en 2014 y “a lo mejor ya le está afectando toda la medida” a quien se jubile en 2025.
“El horizonte de llegada habrá que ir recorriéndolo año a año, con un mes, mes y medio, dos meses, hasta llegar a esos 67 años que inicialmente prevé el Gobierno como edad óptima”, añadió para apostillar que “las medidas deben tener una cierta flexibilidad en cuanto a tiempo”.
En este sentido, consideró que habrá que dar una cierta oportunidad para que si a una perdona le toca jubilarse en 2014 un mes más tarde, pueda elegir “aunque sea con una pequeña penalización”. En cualquier caso, señaló que habrá que discutir en el Pacto de Toledo “el tiempo de carencia”.
Más allá del retraso de la edad de jubilación, el ministro de Trabajo afirmó que las reformas deberán afectar “a muchas cosas”, como “ir quitando del sistema de pensiones algunos costes que actualmente soporta y que tendrán que ser soportados por los Presupuestos” o al mantenimiento del máximo de población activa ocupada para mantener la sostenibilidad del sistema hasta 2040 ó 2050.
COMBATIR LA CULTURA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA.
Por otra parte, Corbacho precisó en declaraciones a TV3, que también existe un debate en Europa sobre la cultura de la jubilación anticipada, “una cultura a combatir”, y sostuvo que “no parece razonable” que paralelamente al debate de alargar la vida laboral, empresas jubilen o prejubilen a partir de los 50, “sobre todo si tienen beneficios”.
El ministro de Trabajo no discutió que las jubilaciones anticipadas permitan resolver conflictos laborales y ajustar plantillas, pero matizó que ésta “es una coyuntura” y “no puede ser la cultura de un país”.
“Si una empresa con beneficios quiere jubilar a partir de los 55, nada que decir, pero a partir de los 55 y hasta la edad de jubilación legal, los costes que se deriven a cargo suyo, ni un euro a cargo del presupuesto público”, opinó.
LAS PENSIONES NO CORREN PELIGRO.
Por otro lado, Corbacho justificó estos cambios ante la necesidad de “anticipar reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema”, a la vista de que en 2030 un 16% de la población tendrá más de 65 años y que el coste de estas prestaciones será de casi el doble que el que tienen actualmente las pensiones.
“Las pensiones no tienen ningún problema en los próximos diez años, pero si no hacemos nada, los que se jubilen entre 2020 y 2030 podrían empezar a tener algunos problemas”, certificó.
Por otro lado, Corbacho consideró que “sería deseable” hacer un gran acuerdo en torno a estas reformas en el marco del Pacto de Toledo, “poniendo el interés general de los pensionistas de 2030 por encima de los intereses de coyuntura” y “para que dentro de 20 años se pueda decir que aquellas pensiones que nacieron desde 1995 (con el Pacto de Toledo) han tenido una salud envidiable”.
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