junio del 2009
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Más de 6.000 inmigrantes han abandonado España desde noviembre mediante el Plan de Retorno Voluntario, por el que han capitalizado la prestación por desempleo cerca de 4.000 extranjeros, que han emprendido la vuelta a su país acompañados de sus familiares, otras 2.100 personas, con datos actualizados a 3 de junio.
En total, en España podrían acogerse a esta medida 136.781 ciudadanos, los inmigrantes procedentes de alguno de los 19 países no comunitarios con los que existe un convenio de Seguridad Social, que han perdido su trabajo en los últimos meses y que tienen derecho a cobrar una prestación por desempleo.
Según cifras del Ministerio de Trabajo e Inmigración recogidas por Europa Press, desde que el Real Decreto de Retorno Voluntario entrara en vigor el pasado 12 de noviembre, un total de 5.088 extranjeros han solicitado acumular el paro y de ellos, 3.977 han regresado. Además, con ellos se marcharon sus familiares, que en este periodo ascendieron a 2.100 personas.
Respecto al resto de peticiones, 776 resultaron denegadas porque procedían de ciudadanos comunitarios o apátridas, los expedientes estaban incompletos o los solicitantes desistieron. Además, están por resolver un total de 335 solicitudes, entre las de quienes deben aportar algún otro documento y las de 45 ciudadanos que han pedido el retorno pero no proceden de alguno de los países con los que existe convenio.
En cuanto al dinero capitalizado, los servicios de empleo españoles han abonado desde noviembre de 2008 más de 21,2 millones de euros para el programa de retorno voluntario, que corresponden a la prestación por desempleo a la que tenían derecho los inmigrantes. De media, cada beneficiario acumuló 9.035 euros.
Según explican en el Ministerio de Trabajo, el ritmo de solicitudes ha ido en aumento en el último mes. Tal es así, que entre el 29 de abril y el 3 de junio el número de peticiones alcanzó las 905, con una media de 181 nuevos expedientes cada semana.
Atendiendo a los países de destino, Latinoamérica acumuló el 91 por ciento de los viajes y el mayor número de retornos se produjo a Ecuador, con 1.749 beneficiarios de un total de 2.176 solicitantes. Le siguieron Colombia, con 771 regresos (954 peticiones); Argentina, con 364 (481); Perú, 334 (421); Brasil, 215 (250); Chile, 166 (195) y Uruguay, 139 (173).
Por lugares de procedencia, Madrid fue la provincia de donde partieron más extranjeros: 1.037 pidieron el retorno voluntario y le fue concedido a 807. Por detrás están Murcia, con 577 solicitantes y 433 beneficiarios; Barcelona, de donde partieron 464 personas; Valencia, con 243 retornados; Alicante, 238; Málaga, 130 y Zaragoza, con 122.
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Las ventas de coches a particulares se situaron en 10.397 unidades durante la primera semana de junio, lo que supone una reducción del 7,5% en relación con las 11.242 unidades comercializadas en el mismo período de 2008, según datos de MSI para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto).
La patronal de los concesionarios destacó que el Plan 2000E de ayudas directas a la compra de automóviles está teniendo el efecto esperado sobre las ventas de coches, “que se están recuperando de manera muy apreciable en un corto espacio de tiempo”.
Según Faconauto, el mercado se aleja de los fuertes retrocesos que venía experimentando en los últimos meses. De seguir esta tendencia, la organización espera que antes de que termine junio se registren cifras positivas de ventas en el canal de particulares.
De hecho, ocho comunidades autónomas registraron cifras positivas en la primera semana de junio, con crecimientos de las ventas a particulares del 72,6% en Navarra, del 37,4% en Extremadura, del 24,2% en Asturias, del 14,2% en Aragón, del 10,6% en Galicia, del 7,6% en la Comunidad Valenciana, del 7,3% en Castilla y León y del 1,5% en el País Vasco.
MADRID Y LA RIOJA CAEN MAS DEL 20%.
En Andalucía, las entregas a particulares bajan un 12,6%, mientras que el descenso se sitúa en el 9,8% en Cataluña. Los peores datos corresponden a las comunidades que han tardado más en sumarse al Plan 2000E o que han optado por otro tipo de medidas.
Así, las ventas a particulares cayeron un 61% en Ceuta, un 33% en Canarias, un 24,05% en Cantabria, un 22,97% en Madrid o un 20% en La Rioja. Madrid y La Rioja se han desmarcado del Plan 2000E y han optado por bonificaciones del impuesto de matriculación.
También caen las ventas por encima de la media en Castilla-La Mancha (-18,47%), Melilla (-18,18%), Murcia (-14,76%) y Baleares (-14,29%), siempre en el canal de particulares y durante la primera semana de junio.
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Los países de la UE aprobaron hoy definitivamente la norma que impondrá una reducción de hasta el 60% de los mensajes de texto (SMS) enviados desde el extranjero a partir de julio.
Gracias a este reglamento, los ciudadanos comunitarios que viajen a otros países de la UE pagarán un máximo de 11 céntimos de euro por SMS, frente a la media comunitaria actual de 29 céntimos. En el caso de España, el precio medio es todavía más elevado, de 40 céntimos, según los datos de Bruselas.
“Se trata de una excelente noticia para los ciudadanos europeos, que podrán salir de vacaciones este verano y hacer todas sus operaciones en itinerancia con tranquilidad y sin temor a facturas exorbitantes”, afirmó la comisaria responsable de Telecomunicaciones, Viviane Reding, que se reincorporaba este lunes a sus tareas en la Comisión después de un descanso electoral de tres semanas.
El reglamento sobre itinerancia fue ratificado sin discusión por los ministros de Empleo y Asuntos Sociales. Se trata del último paso en su tramitación, ya que ya fue aprobado por el pleno de la Eurocámara por una aplastante mayoría de 646 votos a favor, 22 en contra y 9 abstenciones el pasado 22 de abril.
La norma impone también un tope a las tarifas mayoristas (las que se cargan entre sí los operadores) por la transmisión de datos y el uso de de Internet en itinerancia, que irá disminuyendo durante los próximos tres años. A partir del 1 de julio de 2009, el precio mayorista máximo será 1 euro por mega, tarifa que bajará a 80 céntimos por mega el 1 de julio de 2010, y a 50 céntimos por mega un año más tarde.
Pero además, la norma obligará a los operadores a avisar a partir del 1 de julio de 2010 a los consumidores cuando su consumo supere los 50 euros. El objetivo de esta medida es evitar sorpresas en las facturas. Las compañías tendrán que informar a sus clientes cuando se llegue al 80% de este umbral.
Una vez que se alcance el límite, se mandará un segundo aviso a los usuarios indicando el procedimiento que deben seguir si desean continuar descargándose datos en itinerancia. Si el cliente no responde, el servicio se interrumpirá. Los usuarios tendrán la posibilidad de fijar un límite distinto a los 50 euros. Los operadores tendrán hasta marzo de 2010 para implantar estas medidas de transparencia.
La norma prorrogará además tres años los topes que ya se aplican al precio de las llamadas de voz en el extranjero, que en principio tendrían que expirar en 2010. Los límites bajarán 4 céntimos cada año, de manera que en julio de 2012 la tarifa máxima para las llamadas realizadas en itinerancia caerá hasta 35 céntimos por minuto y para las recibidas hasta 11 céntimos (frente a 46 céntimos y 20 céntimos en la actualidad, respectivamente).
Además, la UE obligará a las compañías telefónicas a facturar por segundos y no por minutos todas las llamadas en itinerancia, tanto las realizadas como las recibidas, a partir del segundo 31, algo que ya se hace en España. Hoy en día, los usuarios pagan un 24% más de los minutos utilizados al hacer llamadas y un 19% más en el caso de las llamadas recibidas
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El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha acordado por unanimidad una propuesta que informa favorablemente la solicitud de renovación por diez años de la licencia de autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), en la que impone quince condiciones generales (aplicables a todas las instalaciones nucleares españolas) y específicas (identificadas para la presente autorización).
Así, la propuesta, no vinculante, que la presidenta del organismo regulador, Carmen Martínez Ten, explicó a primera hora de esta mañana al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, incluye la necesidad de realizar de un conjunto de modificaciones de diseño por parte del titular de la planta –Nuclenor– para reforzar la seguridad y cumplir la normativa exigida por el CSN. El Gobierno tiene ahora hasta el próximo 5 de julio para decidir si cierra o no la instalación.
Concretamente, antes del arranque tras parada por recarga de 2011, Garoña tendrá que instalar un sistema de tratamiento de gases radiactivos en caso de accidente, lo que se conoce como el sistema de tratamiento de gases de reserva), que cumpla con los requisitos de separación física entre los trenes de filtrado y los paneles de control.
Además, antes del arranque posterior a la parada de recarga de combustible prevista para 2013, deberá cumplir con el refuerzo de asilamiento de las penetraciones de los muros de contención y de sus pruebas correspondientes en los plazos establecidos según los requisitos del dictamen del CSN, mejorar la independencia de los equipos y circuitos eléctricos, para que cumpla con las normas de separación física y distancias entre sistemas de seguridad y sistemas no relacionados con al seguridad y, por último deberá mejorar la protección contra incendios de equipos y sistemas de seguridad.
Igualmente, previa a la puesta en funcionamiento de la planta tras sendas recargas de combustible (2011 y 2013) las modificaciones impuestas requerirán la autorización favorable por parte del organismo regulador. Según explicó Martínez Ten, “con estas condiciones se garantizan las inversiones necesarias, en los plazos previstos”, como requisito para que la central pueda seguir operando.
Asimismo, estas condiciones se deberán complementar con una serie de Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) que requieren a Nuclenor otras actuaciones de vigilancia, mejora o modificaciones de diseño que el CSN identificó en el transcurso de la evaluación. Entre ellas, Martínez Ten, destacó como de “especial importancia” la continuación del programa de vigilancia de las penetraciones de los accionadores de barras de control y del plan de actuación e inspección de soldaduras de acero inoxidable.
También, será preciso que Garoña mejore la instrumentación de medida de gases de combustibles en la contención, que introduzca mejoras con Ios los análisis probabilistas de seguridad de la central, especialmente en relación con sucesos externos y en caso de seísmos y que celebre una prueba de funcionamiento prolongado de los generadores diésel de emergencia en condiciones extremas a la temperatura máxima de diseño.
CONDICIONES PARA LA CONFIANZA.
Por último, la condición novena del dictamen obliga al titular a realizar programas o actuaciones de mejora identificados y que se emitirán en una instrucción del CSN. Sin embargo, Martínez-Ten recordó la capacidad de organismo para emitir instrucciones adicionales “en caso de ser necesario” para que los ciudadanos “tengan confianza”.
“Garoña es tan segura como las centrales francesas, suecas o americanas del mismo tipo”, remarcó la presidenta del CSN. No obstante, recordó que de no cumplirse las condiciones impuestas el Consejo puede suspender la operación de una central antes de llegar a los 40 años e incidió en que los informes del organismo son vinculantes si son negativos y obligatorios a las condiciones de seguridad, pero que de ser positivo, no es vinculante.
Martínez Ten, que lamentó las filtraciones del informe registrado el pasado viernes en Industria, agradeció al Gobierno el “respeto en todo momento” al trabajo de los técnicos. “El tiempo de la autoridad reguladora y técnica ha concluido. Ahora empieza el tiempo político. El gobierno tiene un mes de plazo para decidir”, resaltó, porque es “responsable de la política energética”. Por tanto, señaló la obligación del Ejecutivo de estudiar y considerar el dictamen aunque reconoció que también puede tener en cuenta otros factores para que el departamento de Sebastián decida sobre la renovación de licencia hasta el 5 de julio de 2019.
En ese sentido, insistió en que el CSN sólo se debió a los criterios técnicos y añadió que no es de su “incumbencia” que “Garoña haya formado parte del debate electoral” al tiempo que aseguró que habrían desarrollado el mismo trabajo “con o sin campaña”. “Nuestro deber era no mezclar las funciones del CSN con el debate electoral”, argumentó Martínez Ten que aseguró que el pasado viernes por la tarde el pleno del Consejo estaba discutiendo el condicionado porque pensaron que era preciso utilizar “el tiempo que fuera necesario”.
“Sabemos que nuestra decisión es importante y de gran responsabilidad y agradecemos que no haya habido ninguna presión por parte del Gobierno y que se hayan podido respetar los plazos”, indicó la presidenta del organismo regulador que aseguró que su evaluación es ajena a otras consideraciones de política energética, de índole económico, de garantía de suministro o de política en general.
GAROÑA: COMO OTRAS DE EEUU CON LICENCIA PARA 60 AÑOS.
De concederle el Gobierno una nueva autorización a la central nuclear de Santa María de Garoña (emplazada en el burgalés valle de Tobalina), ésta se convertiría en la primera instalación del parque nuclear español en superar los 40 años de actividad. Garoña entró en explotación comercial en mayo de 1971.
Su reactor, de agua ligera en ebullición fue diseñado en la década de los 60 por General Electric para garantizar que todos sus componentes funcionaran correctamente al menos durante 40 años, tomando como referencia centrales similares ubicadas en Estados Unidos como Dresden II, Monticello y Oyster Creek, cuyos permisos de explotación han sido renovados recientemente por la Nuclear Regulatory Commision, el CSN de ese país, para operar hasta los 60 años.
Desde que el titular de Garoña formuló la solicitud de renovación en 2006, el CSN ha realizado 70 inspecciones a esta planta, la mayoría en el marco del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales Nucleares y en el plan de evaluación participaron 15 áreas técnicas especializadas.
En España, para las renovaciones que excedan los 40 años de vida de diseño es preciso cumplir además con otros requisitos adicionales como un plan integrado de evaluación y gestión de envejecimiento; una propuesta de suplemento del estudio de seguridad y una propuesta de revisión de especificaciones técnicas de funcionamiento; un estudio sobre impacto radiológico asociado a la operación a largo plazo y, por último, una propuesta del plan de gestión de residuos radiactivos y combustible gastado, que garantice la gestión durante el plazo para el que se solicita la autorización.
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Las compañías aéreas alcanzarán este año unas pérdidas de 9.000 millones de dólares (6.490 millones de euros), según las estimaciones publicadas hoy por la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que, teniendo en cuenta el “derrumbe económico”, ha duplicado las previsiones de pérdidas de 4.700 millones de dólares (3.389 millones de euros) que realizó en marzo.
“Cabe esperar que las compañías aéreas de todo el mundo den pérdidas en 2009″, señaló la asociación en un comunicado. La IATA revisó también al alza las pérdidas estimadas para el pasado ejercicio, que pasaron de 8.500 millones de dólares (6.126 millones de euros) a 10.400 millones de dólares (7.495 millones de euros).
“No hay antecedente moderno de un derrumbe económico como el presente. Asistimos a un cataclismo. Nuestra industria tiembla. Jamás vivió una situación de tal gravedad”, recalcó el director general de la IATA, Giovanni Bisignani, en el marco de la 65 Asamblea General Anual de IATA y Cumbre del Transporte Aéreo en Kuala Lumpur.
Concretamente, las aerolíneas europeas podrían perder unos 1.800 millones de dólares (1.300 millones de euros) debido al desplome de la demanda de servicios ‘premium’. En América del Norte las pérdidas alcanzarán los 1.000 millones de dólares (722 millones de euros), lo que supone una mejora frente a los 5.100 millones de dólares de 2008, mientras que las aerolíneas latinoamericanas perderán unos 900 millones de dólares.
En Asia-Pacífico, con 3.300 millones de dólares se registrarán las mayores pérdidas. Por su parte, las aerolíneas de Oriente Próximo profundizarán sus pérdidas hasta 1.500 millones de dólares, frente a las africanas cuyas pérdidas se situarán en 500 millones de dólares.
Bisignani explicó que mientras que tras el 11S las aerolíneas volvieron a crecer “casi inmediatamente”, en esta ocasión se estima una caída de los ingresos del 15% “en medio de una recesión global”. Concretamente, la facturación de las compañías aéreas caerá de 528.000 millones de dólares (382.000 millones de euros) en 2008 a 448.000 millones de dólares (324.000 millones de euros) en 2009.
Asimismo, el sector de la carga aérea verá recortados sus ingresos en un 17%, mientras que la demanda de pasajes podría descender un 8%, hasta 2.060 millones de viajeros. El impacto de la menor demanda en los ingresos “se verá exagerado” por grandes reducciones en los márgenes de ganancia, del 11% para la carga y del 7% para los pasajes.
No obstante, Bisignani también destacó algunas “novedades positivas”, como es el caso del gasto de combustible, que se estima que descienda en 59.000 millones de dólares, hasta los 106.000 millones; así como las reservas de efectivo, que representan ahora el 13% de los ingresos –en 2000 ascendían al 9%– y la consolidación de “asociaciones fuertes” –como Air France-KLM, Lufthansa-Swiss, o Delta-Northwest–.
Por último, Bisignani señaló que a pesar del descenso de la ocupación, los 4.000 aviones que se estima se sumarán a la flota total de la industria en los próximos tres años “prolongarán los desafíos del presente”.
REORGANIZACIÓN DEL SECTOR PARA ENFRENTARSE A LA CRISIS
El director general de la IATA apostó por una “reorganización” del sector para hacer frente a la crisis, así como el “redimensionamiento y el rediseño” en las relaciones entre las aerolíneas y los gobiernos.
En cuanto a la organización, la IATA ya se ha marcado ahorros por valor de 10.000 millones de dólares gracias a una mejor gestión del equipaje, los procesos de viajes y la tramitación electrónica de la carga aérea, tras los 4.000 millones de dólares ahorrados con la eliminación de los billetes en papel y la difusión de los kioscos de auto-servicio.
Por otro lado, Bisignani apostó por proteger los empleos modernizando las prácticas laborales y señaló la importancia de que las agencias de viajes revisen sus servicios para ofrecer “mayores atractivos por los cuales haya clientes dispuestos a pagar”.
El director general de la IATA también instó a los proveedores, “incluidos los monopolios” a adaptar sus productos y servicios para bajar sus costos y en este sentido recordó el aumento del 86% de las tasas de Londres-Heathrow en 2008-2013 o el mantenimiento de las “tasas de aeronavegación más altas de Europa” por parte de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
Por otra parte, la IATA pidió a los Gobiernos la puesta en marcha de medidas que ayuden al sector aéreo tanto en temas de emisiones como de seguridad, así como la implementación del ‘Cielo Único Europeo’ y del programa ‘NextGen’ en Estados Unidos.
Por último, Bisignani apostó por la liberalización de rutas claves para obtener un incremento de la actividad en 490.000 millones de dólares y la creación de 24 millones de empleos.
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El Euríbor, indicador al que se referencian la mayoría de las hipotecas en España, volvió a subir hoy en tasa diaria hasta el 1,672%, y sigue su tendencia al alza tras la decisión del pasado jueves del Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés en el 1%.
El indicador mantiene así la volatilidad que caracterizó su comportamiento durante el mes de mayo, ya que en los cinco días en los que ha cotizado en junio ha descendido en tres ocasiones y subido en otras tres.
A pesar de los repuntes que experimenta el indicador, continúa en niveles mínimos históricos, ya que en tasa mensual se sitúa en 1,634%, frente al 1,644% que registró en mayo. Si el Euríbor continúa con esta tónica podría cerrar el mes con una bajada de más de 3,7 puntos con respecto a junio del año pasado.
En este sentido, la Asociación Hipotecaria Española (AHE) asegura que los préstamos que se revisen en la segunda mitad de este año notarán los mayores descensos desde la introducción del Euríbor, que podrían alcanzar hasta el 30%, ya que el indicador registra actualmente mínimos anuales, mientras que el pasado año registró las mayores tasas de su historia.
Asimismo, indicó que si el Euríbor medio de 2009 sigue por debajo del 2%, la reducción media de la carga financiera de la masa viva de préstamos sólo a hogares será de unos 25.000 millones, lo que podría “suavizar” algunos problemas de la actual coyuntura económica.
En caso de que el Euríbor cerrarse junio en el 1,63%, el usuario que tenga una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años y un diferencial del 0,75%, experimentará con la revisión una rebaja mensual de más de 300 euros mensuales y de más de 3.700 euros anuales.
No obstante, los expertos apuntan que los bancos están compensando las caídas del Euríbor con un incremento de los diferenciales alegando una mayor prima de riesgo, lo que provoca que la ventajas del desplome del indicador no reviertan en su totalidad sobre el cliente.
La Organización de Consumidores (OCU) aconseja a los clientes que acudan a su entidad financiera para negociar una rebaja de la cuota hipotecaria tras la nueva caída registrada por el Euríbor en mayo.
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Las constructoras e inmobiliarias registraron el doble de rechazos a sus solicitudes de crédito que empresas de otros sectores, según una encuesta encargada por el Banco de España a empresas no financieras y publicada en el último Boletín Económico de la institución.
El resultado de la encuesta indica que al 26% de las compañías relacionadas con el ‘ladrillo’ que pidieron financiación en los últimos meses les fue rechazada, frente al porcentaje del 11% de otros sectores, lo que arroja una tasa 2,4 veces superior. La comparación se realiza entre empresas con beneficio y deudas inferiores al 20% de sus recursos propios.
Al considerar empresas en pérdidas y con deudas por encima del 50% de los recursos propios el porcentaje de rechazo de financiación fue similar al de otros sectores (alrededor del 33%).
Para el Banco de España, “la diferencia entre las compañías de los sectores de construcción e inmobiliario y el resto podría explicarse por una visión más negativa de las entidades de crédito con respecto a las perspectivas futuras de estas dos ramas”. “A igual situación financiera, las entidades tienden a ser más cautelosas en su concesión de fondos a compañías ligadas de una u otra manera a la actividad del sector inmobiliario”, apunta.
De la encuesta del organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez se desprende que el 37% del total de empresas preguntadas considera que el acceso al crédito de su compañía empeorará durante los próximos seis meses, frente al 13% que estima que mejorará.
La diferencia entre estos dos porcentajes es menor en caso de preguntar a compañías de más de 200 empleados y de ramas distintas al sector inmobiliario.
De igual forma, la proporción de compañías que esperan una mejoría aumenta entre las empresas en pérdidas (18%) y en las más endeudadas (un 15%), “probablemente por ser las que ya se encuentran en una peor situación en este sentido”.
En cuanto a los últimos seis meses, la encuesta encargada por el Banco de España revela que el 62% de las empresas necesitó financiación para renovar la que tenían o conseguir una nueva. Las de mayor tamaño, las más endeudadas, las que registraron peores resultados y las inmobiliarias y constructoras son las que más necesitaron recurrir a los bancos.
EL 20% NO CONSIGUIÓ FINANCIACIÓN.
De estas empresas, un 20% no consiguió la financiación que pedía, bien porque le fue rechazada o porque la oferta era muy onerosa para la empresa. En las que la obtuvieron, alrededor de la mitad dice que obtuvo financiación con sus entidades habituales y otro 30% indicó que tuvo que acudir a otros bancos o cajas.
No obstante, el sondeo revela también que “ante las dificultades financieras” no todas las compañías que necesitaron fondos acudieron a los bancos para conseguirlos. De hecho, un 4% de las empresas cuestionadas no llegó a solicitar financiación porque no esperaba conseguirla, porcentaje que se eleva al 7% en el caso del sector inmobiliario y casi al 10% para las empresas en pérdidas.
Además de acudir a las entidades bancarias, un 62% de los encuestados apuntó haber recurrido a líneas de crédito previamente abiertas y no utilizadas. El recurso a esta opción también creció en el caso de empresas de mayor tamaño y las relacionadas con el ‘ladrillo’ (73%).
Respecto a las causas de la no obtención del crédito con las entidades habituales, la mayoría (el 65%) lo achaca al “cambio de actitud” de estas últimas, si bien un 22% lo atribuye a la situación económica general y otro 9% al mayor riesgo de la empresa.
En cuanto a las consecuencias de no poder contar con financiación, alrededor de la mitad de las empresas que no consiguieron los fondos demandados con sus entidades habituales optó por recortar inversiones previstas, el resto se decantó por recurrir a otros fuentes alternativas de financiación, a recurrir a sus accionistas o a vender activos.
Con esta encuesta, el Banco de España ha pretendido “obtener información cualitativa relevante sobre sus condiciones de acceso al crédito”. Se realizó entre los pasados días 18 de marzo y 3 de abril, a una selección de 1.384 empresas, distribuidas por tamaño y sector, a las que se preguntó sobre la situación de la financiación en los últimos seis meses y las perspectivas de los seis siguientes.
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El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) se multiplicó casi por 15 hasta abril, mientras que los expedientes autorizados por las autoridades laborales fueron casi seis veces más que los del primer cuatrimestre de 2008, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
En concreto, 227.571 trabajadores se vieron afectados por un ERE en el primer cuatrimestre de 2009, frente a los 15.642 en el mismo periodo de 2008, lo que, en términos relativos, implica una subida del 1.354,8%. Por su parte, el número de ERE autorizados se incrementó un 487,2%, hasta sumar 6.624 expedientes, frente a los 1.128 de un año antes.
En lo transcurrido de 2009, el número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo supera ya en casi 80.000 personas a todos los trabajadores que se vieron inmersos en un ERE durante el conjunto de 2008 (148.088).
Los trabajadores de la industria, donde se incluye el sector de la automoción, se llevaron la peor parte en el primer cuatrimestre, al multiplicarse por 20 el volumen de afectados por un ERE en este sector.
En total, 181.662 empleados de la industria se vieron inmersos en un ERE durante los primeros cuatro meses del año, cifra que representa un incremento del 1.888,2% respecto al mismo periodo de 2008, cuando fueron 9.137 los afectados.
La mayor parte de los trabajadores de la industria inmersos en regulaciones de empleo fueron objeto de suspensiones temporales, con 162.512 afectados, multiplicando por 51 las registradas entre enero y abril de 2008 (3.155).
En la construcción, los trabajadores afectados por un ERE fueron 5.509, seis veces más que en el mismo periodo del año pasado, mientras que en los servicios los afectados sumaron 37.366, un 640% más. La agricultura, por su lado, también ha experimentado un crecimiento exponencial de los afectados por regulaciones de empleo, pasando de 560 afectados en los cuatro primeros meses de 2008 a 3.034 en igual periodo de 2009.
LOS TRABAJADORES SUSPENDIDOS DE EMPLEO SE MULTIPLICAN POR 43.
De los 6.624 ERE registrados hasta abril, 6.012 fueron pactados con los representantes de los trabajadores y 612 no pactados, afectando, respectivamente, a 194.714 y 32.857 trabajadores.
Del total de expedientes autorizados en los cuatro primeros meses del año, 3.661 se encuadran en la industria, con un aumento del 679%, mientras que 2.134 lo hacen en los servicios (+326,8%), 517 en la construcción (+840%) y 312 en la agricultura (+202,9%).
Hasta abril, el número de expedientes de extinción de empleo (despidos colectivos) autorizados por las autoridades laborales se incrementó un 126,7% en tasa interanual, con 1.621 procesos. Estos expedientes significaron el despido de 24.318 trabajadores, un 124,4% más.
Por su parte, los ERE de suspensión temporal de empleo ascendieron a 4.422 hasta abril, casi 12 veces más que en igual periodo de 2008, mientras que el número de afectados por estos expedientes se multiplicó por casi 43, con 195.824 trabajadores.
El Gobierno estima que, entre octubre de 2008, mes en el que empezó a repuntar el número de ERE, y diciembre de 2009, un total de 617.600 trabajadores se verán afectados por un expediente de regulación de empleo de suspensión temporal, de los que 247.000 acabarán siendo despedidos.
Los cálculos del Ejecutivo se refieren al periodo octubre 2008-diciembre 2009 porque son precisamente esos 15 meses los que se tendrán en cuenta a efectos de la reposición de prestaciones por desempleo y de la concesión de bonificaciones a las empresas que presenten un ERE de suspensión.
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